viernes, 14 de abril de 2023

DENUNCIAN AL MINISTRO ANÍBAL FERNÁNDEZ POR «INTIMIDACIÓN PÚBLICA» Y «VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL»

El funcionario ratificó sus afirmaciones pero aclaró que 
su intención “no fue generar pánico” sino, simplemente, 
responder a una pregunta

 Aníbal Fernández

Nacionales
- Republicanos Unidos, la agrupación liderada por Ricardo López Murphy, denunció en los tribunales de Comodoro Py al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por haber dicho que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las elecciones.

Los denunciantes acusaron al ministro del delito de “intimidación pública”. Afirmaron que sus declaraciones infundieron “temor en la sociedad” y “miedo a la alternancia de poder”.

Por sorteo, la denuncia le tocó al juzgado federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, pero todo indica que no será él quien la investigue. A primera mañana, antes de la presentación de Republicanos Unidos, habían ingresado ya otras dos denuncias contra Aníbal Fernández, realizadas por dos abogados distintos. Una le tocó al juzgado 10, de Julián Ercolini; otra, al parecer la primera, al 9, que está vacante y hoy es subrogado por María Eugenia Capuchetti. Sería entonces ella la que va a concentrar, en principio, las denuncias contra el ministro.

Fernández había dicho el jueves: “Lo que se puede ver es quiénes van a competir contra quiénes. Vemos un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno.”

Estas declaraciones, que este viernes a la mañana Fernández ratificó, generaron durísimas respuestas de la oposición, además de las denuncias penales en los tribunales.

Según los denunciantes de Republicanos Unidos, “es claro que, nada menos que una autoridad ministro de Seguridad de la Nación, incurriendo en tales voces de alarma, infunde un temor a la sociedad sobre la posibilidad de alteraciones del orden público pasibles de derivar en graves violaciones de libertades y derechos”.

Para Republicanos Unidos, “la existencia de dolo” de parte de Fernández “resulta indiscutible” porque su objetivo es “desalentar el voto de la ciudadanía hacia la oposición, mediante sus alarmantes declaraciones”. Firman la denuncia de Republicanos Unidos José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio, José Luis Patiño, Milena Rendich, Javier Romano y Valeria Videnkina.

Otra acusación fue realizada en la mañana de este viernes a título personal por el abogado Gastón Marano, defensor del jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como "los Copitos", Gabriel Carrizo, quien se encuentra detenido en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Es cierto que la libertad de expresión cuenta con protección constitucional y convencional, pero no es menos cierto que eso no habilita a la impunidad ante determinados dichos sancionados por las normas”, resumió la denuncia, de dos páginas.

El expediente quedó registrado con el número 1191/23 y fue asignado por sorteo al Juzgado Federal número nueve, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.

“Determinadas formas de discurso, como las calumnias, las injurias, o el discurso de odio, se encuentran punidos en nuestro ordenamiento. También es el caso de este tipo de frases inflamatorias, con virtualidad para poner en jaque nuestro sistema electoral y su normal funcionamiento”, subrayó el denunciante.

Marano subrayó que “las expresiones cuestionadas han sido vertidas por un funcionario público de máxima jerarquía”.

La denuncia apunta a los delitos de intimidación pública y violación de un artículo de la ley electoral.

El artículo 211 del Código Penal establece penas de dos a seis años para quien “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común”.

En tanto, el artículo 139 de la norma electoral pena “con prisión de uno a tres años a quien (…) compeliere a un elector a votar de manera determinada”.

“Amenazar con consecuencias ominosas en caso de que un candidato en particular sea elegido no es otra cosa que compeler a los electores a votar por alguien que no sea ese candidato”, consideró el denunciante.

Esta viernes a la mañana, Aníbal Fernández ratificó sus dichos del jueves, pero dijo que su intención no fue “generar pánico”.

“En la nota me preguntan por la oposición y yo les cuento que no soy analista de la oposición, pero para no esquivar la pregunta quise comentar algo de lo que se escuchó, y lo que se escuchó es que unos hablan de dinamitar y ¿cómo se dinamita sin que no haya heridos o sangre?”, respondió el ministro.

Tras ello indicó que son “todas expresiones que vierten cada uno de los representantes de la oposición” y en particular nombró al líder de La Libertad Avanza, al expresidente y a la titular de Pro, Patricia Bullrich.

“Entonces, lo que dije es que si llegaran a ser gobierno y es eso lo que van a llevar a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión. Y eso seguramente genera sangre y muertos”, insistió. Consultado sobre si ratificaba sus declaraciones del jueves, contestó: “Totalmente”.

Informe: LN, NA y Agensur.info

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