Por Claudio Jacquelin
La sucesión vertiginosa de acontecimientos políticos y económicos en modo secuencia de fotos impactantes, pero aisladas, impide ver la película que se va componiendo de fondo. El control del territorio, el monopolio de la fuerza, el funcionamiento eficaz de las instituciones del Estado en sus obligaciones indelegables choca y compite, en vastas áreas del país, con el avance del crimen organizado, la autonomización de espacios geográficos, la corrupción política, judicial y policial, la inseguridad ciudadana, un entramado de relaciones subterráneas espurias, una moneda al borde del repudio masivo y una economía informal creciente. Nada más cercano y parecido a la definición de Estado fallido que se pueda encontrar en la historia argentina.
El detrás de escena del atentando contra la vicepresidenta, el avance de la narcocriminalidad en el Gran Rosario (pero no excluyentemente allí), las ocupaciones de tierras en la Patagonia (tampoco excluyentemente), los incendios fuera del control estatal en el delta entrerriano (y más acá), el desconocimiento de la Justicia, el cambio de reglas de juego, la existencia de un aparato paraestatal de inteligencia y un presidencialismo sin autoridad presidencial son escenas de una trama que suele exponerse fragmentada.
La sucesión ininterrumpida de grotescas fallas de la Policía Federal en la custodia y en la investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, más su exculpación inmediata por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, jefe político de la fuerza, emerge como evidencia de las limitaciones del Estado para ejercer el monopolio de la violencia (Max Weber dixit) y brindar seguridad a la ciudadanía, empezando por sus más altos representantes. Al final, indefensos como todos. Aunque no parezca.
Como contrapartida asoma la ausencia de un aparato de inteligencia estatal en condiciones de alertar y prevenir delitos capaces de poner en riesgo la paz social y hasta la soberanía, al mismo tiempo que emergen expresiones del submundo del espionaje paraestatal vinculados con esos hechos y en condiciones de impedir su esclarecimiento.
La parábola que va desde los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA hasta la muerte del fiscal Alberto Nisman y el ataque a la vicepresidenta encuentra hitos marcados por agentes y abogados de la comunidad de “inteligencia” al amparo, la complacencia, la negligencia o la ineptitud de autoridades y dirigentes del más amplio espectro político. Muchos de los cuales presumen de emplearlos para usarlos y terminan usados por ellos.
La aparición de abogados de los inculpados por el intento de magnicidio que trabajaban como asesores de legisladores de Juntos por el Cambio sería de por sí suficientemente digna de escándalo e investigación. Pero a eso cabe sumarle que tales letrados tienen vínculos con otras expresiones de la política, han actuado en casos de interés de sus adversarios y tuvieron acceso a documentos secretos de la Comisión Bicameral de “Inteligencia”. Bingo.
Sin embargo, pese a tantos elementos insólitos que reúne el abogado Gastón Marano, ahora exasesor del senador por Chubut Ignacio Torres (Pro), la dirigencia política, salvo excepciones, como la propia vicepresidenta, no hizo de ello un escándalo mayúsculo, no abrió una investigación parlamentaria y ni siquiera fue tema excluyente en el Parlamento, según cuentan legisladores de la mayoría de las bancadas.
Por el contrario, a muchos pareció cerrarles la explicación de que esos abogados ejercerán las polémicas defensas como una acción de marketing profesional y personal, al igual que muchos otros abogados penalistas. Normalidades.
La explicación podría resultar verosímil si no fuera por anteriores defensas controvertidas, entre ellas a agentes orgánicos e inorgánicos de inteligencia, por ser Marano asesor en temas de inteligencia de un legislador sin experiencia previa en la materia, como es el caso de Torres, o por haber llegado a obtener el contrato parlamentario por recomendación de un legislador de origen peronista, que tiene ahora cercanías con el mundo libertario, según explican en el entorno del chubutense.
Ante semejante cúmulo de singularidades asoma casi como una excentricidad la moderación y la prudencia exhibida por algunos dirigentes afectos al exabrupto, las descalificaciones y las teorías conspirativas. Podría ser el caso del presidente de la CBI, Leopoldo Moreau. Desde la oposición cambiemita deslizan, tal vez no sin malicia y en defensa propia, que el antecedente de una filtración de documentos que beneficiaron al empresario kirchnerista Cristóbal López actuaría ahora como un ansiolítico eficaz. Todo es posible. El tránsito por los “subsuelos de la democracia” es fluido y los vehículos no tienen patente partidaria. ¿Y si al pueblo se le ocurre preguntar de qué se trata?
Un Rosario de penurias
En paralelo, otras realidades ponen en vilo a la ciudadanía y muestran la relatividad de la vigencia de algunos pilares del Estado de Derecho. Es el caso del avance de la narcocriminalidad, que ya traspuso largamente los límites del Gran Rosario, al que hasta hace nada se procuraba circunscribir el fenómeno. La magnitud del caso particular no impide advertir la extensión del fenómeno.
“El problema acá no es que el Estado está ausente, sino que está demasiado presente a través de la policía, como cómplice o, peor, como empleada, porque su poder está tan degradado que no le da ni para ser socia. Y eso ocurre con la connivencia o la incapacidad de la política para evitarlo o cambiarlo”. La definición es de un diputado provincial santafesino opositor, con el que coinciden funcionarios provinciales, fiscales y jueces, además de políticos opositores de diferentes espacios y dirigentes de organizaciones sociales.
La crítica situación del Gran Rosario, que poco ha cambiado a pesar del reciente envío y redistribución territorial de fuerzas federales, es un ejemplo de cómo esa connivencia e ineficacia estatal descompone la vida cotidiana de la población. Una sociedad que, finalmente, termina naturalizando situaciones anómalas por imperio de los hechos.
“Nosotros ya no podemos asegurar más el ingreso sin riesgo a barrios donde hacemos nuestra tarea social como podíamos hasta hace unos años”, cuenta el referente de una de las organizaciones con fuerte presencia en zonas donde la marginalidad alcanza niveles escalofriantes. Las bandas de narcos se han adueñado del territorio y nadie se mueve sin la venia de los soldaditos que solo por custodiar pueden llegar a cobrar $30.000 por semana, según revelan funcionarios santafesinos. El índice de homicidios de la zona, que triplica el promedio nacional, habla de los riesgos que ahí se corren. Incluidos esos mismos custodios, que están en la primera línea de fuego de la guerra entre bandas, causa de la mayoría de las muertes.
En tal contexto, cada vez menos actividades están seguras, aunque hay algunas más expuestas que otras. Los periodistas de la zona lo viven en carne propia. Los relatos de los cronistas de calle sobre la forma en la que deben trabajar, expuestos con la naturalidad que da la repetición, dan la pauta de la transformación de la vida cotidiana.
“A los mismos barrios en los que antes cubríamos normalmente un hecho policial ahora solo vamos a plena luz del día y en grupo. Chau primicia. Armamos caravanas de autos de distintos medios y solo el que va al frente lleva el GPS encendido”, cuenta uno de los más avezados reporteros del lugar, ante la anuencia de una decena de colegas.
La presencia policial en esos espacios no es precisamente una fuente de tranquilidad. “Más de una vez nos amenazaron o nos robaron, más para intimidarnos que otra cosa, y cuando llamamos al 911 la policía tardó media hora en llegar y al llegar pasó a metros de nosotros sin detenerse, como diciéndonos que no iban a actuar. Otras veces, nos acompañan hasta el lugar y después se van, dejándonos solos”, cuenta el movilero de radio.
Fuentes del gobierno provincial, que ya cambió tres ministros de Seguridad en lo que va de la gestión de Omar Perotti, admiten que ante hechos de inseguridad los vecinos prefieren llamar a los medios antes que a la policía. La confianza en las instituciones no abunda.
El problema no se limita al índice de homicidios con el que Rosario ocupa la agenda pública, mucho menos a la delimitación geográfico-política del municipio y la provincia. Cada vez con más frecuencia los delitos de extorsión de los clanes narcos van alterando la dinámica económica, comercial y financiera.
Al pago por “seguridad” se le ha sumado el traspaso de fondos de comercio a precio vil o a la sociedad obligada con portadores de armas y bolsas de residuos repletas de billetes. Muy efectivos.
Relaciones peligrosas
Como señaló una alta funcionaria provincial: “Rosario es tan vulnerable por sus atributos como por sus carencias”. La riqueza genuina que se genera por las actividades agroindustriales, portuarias, comerciales y de servicios, de una vitalidad casi envidiable y en apariencia sin sobresaltos, es el sustrato que permite moverse aun con más comodidad a la delincuencia organizada.
La informalidad de la economía argentina, que llega a casi al 50%, hace que el dinero de origen legal conviva en el circuito negro con el obtenido en actividades ilegales. No hay blanqueos ni cepos suficientes. El dólar es el refugio o la moneda de cambio imprescindible. En las financieras y “cuevas” apenas si se distingue el origen de lo que por ahí circula por la denominación de los billetes en pesos que llegan.
Así, la rusticidad que se le atribuye a las bandas narco empieza a quedar acotada a los escalones más bajos de su actividad. A medida que el negocio se expande llegan actores más sofisticados, coinciden los investigadores del fenómeno. Los nombres de financistas y empresarios conocidos aparecen cada vez con más frecuencia en investigaciones en causas de narcotráfico y lavado de dinero. Por acción, por omisión o por ambición. Y naturalización de la realidad.
El hallazgo frecuente de toneladas de cocaína en barcos que salen o pasan por los puertos de Rosario, junto con embarques de granos, expresa esa realidad. La falta de controles de las cargas, la connivencia de autoridades, la carencia de instrumental suficiente y la magnitud del negocio lo posibilitan. El delito que se permite o se propicia no es solo el del contrabando de drogas. La subfacturación de exportaciones de bienes de origen legal circula por el mismo ducto. Una convivencia pacífica hasta que alguien le ponga precio.
Ese entramado, en el que el Estado está ausente o demasiado presente del lado equivocado, hace que cada vez resulte más complejo ponerle freno a un fenómeno que ya permea todo. Mucho más cuando se carece de una política eficaz de parte de autoridades nacionales y provinciales, cuando en ciertos casos la inmunidad se transforma en impunidad, como ocurre con algunos senadores provinciales acusados y funcionarios judiciales federales bajo sospecha. Nada que sea patrimonio exclusivo de Rosario, aunque ahí encuentre su clímax. Por ahora.
Un intento de magnicidio, el fenómeno del narcotráfico y su secuela de crímenes violentos, la expansión de la inteligencia paraestatal, la corrupción, la pérdida de control del territorio y del monopolio de la violencia aparecen como expresiones inconexas de la crisis nacional. La perspectiva de un Estado fallido puede ser más que una amenaza cuando se las une. Nada que vaya a revertir la ampliación forzada de la Corte Suprema, los cambios por conveniencia de las leyes electorales o la aplicación de parches a la economía. Mucho menos, la impunidad.
© La Nación
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