viernes, 30 de abril de 2021

El corto plazo, cada vez más corto


Por Florencia Donovan

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se sinceró esta semana: “En este momento, para nosotros, la mejor política económica es conseguir vacunas (contra el Covid-19)”. Sabe, después de todo, que tiene poco margen de acción. 

En privado, en el equipo económico admiten que no tienen previsto realizar grandes movimientos hasta después de las elecciones. No porque la economía argentina no los demande, sino porque temen que cualquier movimiento ponga en riesgo la frágil estabilidad con la que el Gobierno confía navegar estos meses hasta las elecciones legislativas.

Lograrlo dependerá en gran medida de que las restricciones para amortiguar el impacto de la segunda ola sean lo más moderadas posibles. Un escenario de fuerte inyección de pesos asusta a varios miembros del gabinete económico tanto como al más ortodoxo de los economistas. “Con el dólar a $200 gana el mago sin dientes”, dice, con crudeza, un consultor cercano del oficialismo. Esta semana el movimiento del tipo de cambio puso nervioso a más de uno. Pero en el Banco Central saben que tienen poder de fuego; el del dólar no es un problema hoy. Los férreos controles cambiarios y la temporada alta de liquidación de divisas del campo son reaseguro suficiente. Mañana será otra historia.

En el Gobierno albergan una leve esperanza de poder reencauzar el proceso de vacunación para junio. Es entonces que el laboratorio Richmond prometió tener disponible 1 millón de dosis envasadas en la Argentina de Sputnik V.I.D.A, y que debería finalmente estar normalizada la entrega de las vacunas de AstraZeneca, de cuya fabricación participa el empresario local Hugo Sigman. Ayer, en la Casa Rosada, la ministra Carla Vizzotti mantuvo una reunión con la encargada de Negocios de la Embajada norteamericana en la Argentina, Mary Kay Carlsson, con el objetivo de destrabar la importación de vacunas de AstraZeneca cuyo principio activo produjo Sigman y luego se envasaron en una planta de Alburquerque, en Estados Unidos. Lo hizo el mismo día en el que se publicó en el Boletín Oficial la prórroga por 90 días de la concesión de la hidrovía, uno de los negocios estratégicos que el Gobierno de Estados Unidos dejó en claro no le gustaría ver en manos chinas. Planificado o no, al menos esta vez la Rosada preparó el terreno para conquistar a su invitado.

Aunque tanto desde el Gobierno como desde Pfizer evitan dar precisiones, en el oficialismo algunos especulan también con la posibilidad de que si llegan a buen puerto las negociaciones, el laboratorio norteamericano realice para mediados de año algún envío de gentileza, más allá de que para abastecer de forma masiva al país ahora haya que esperar al final de la fila. “Las negociaciones estarían encauzadas, sólo es cuestión de ver si se avanza con una póliza de caución en el exterior como reaseguro ante posibles demandas futuras. Así se evita dar marcha atrás con la ley de vacunas que había aprobado el Congreso”, confió un hombre del mundo farmacéutico.

En junio, a su vez, algunas empresas creen que podrá abrirse la ventana para empezar a importar sus propias vacunas. Tanto Pfizer como Janssen –el laboratorio de Johnson y Johnson que desarrolló la, por ahora, única vacuna mono dosis contra el Covid– dijeron que hasta el primer semestre del año sólo negociarán con estados soberanos; nada impide que el juego se abra a partir de junio.

El tema fue materia de conversación del encuentro reservado que mantuvieron a mediados de este mes las compañías internacionales con Juan González Roman, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El enviado de Joe Biden participó de un desayuno organizado por la cámara Amcham, que nuclea a las empresas norteamericanas, al día siguiente de su almuerzo virtual con el presidente Alberto Fernández. Allí quedó claro que, en principio, existen dos barreras para que el sector privado se haga de dosis propias, pese a la arenga del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Por un lado, la normativa local establece que sólo podrán importar vacunas las empresas titulares de registros, en este caso, los laboratorios Pfizer o AstraZeneca. Por el otro, en Estados Unidos rige la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe que las empresas norteamericanas exporten insumos críticos. El Estado argentino podría sortear el primer escollo mediante un decreto de necesidad y urgencia –el gobierno colombiano hizo algo similar recientemente–.

El “plan vacunas”

Para conseguir voltear la segunda barrera, las propias empresas norteamericanas se ofrecieron ante el Gobierno para actuar como intermediarias. Las gestiones de la US Chamber of Commerce fueron clave para conseguir que Estados Unidos aceptara liberar insumos críticos tanto para India como para Brasil. Junto con la Argentina, son los países del mundo con mayor cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes. Esta semana estaban a la espera de que Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, les diera el visto bueno para avanzar con las gestiones de lo que algunos ya bautizaron como el “plan vacunas”.

Transitar el camino a junio, sin embargo, no será fácil. Sin un plan claro y con poco margen de acción para implementar políticas públicas, es de esperar que en las próximas semanas la relación con el sector privado se mantenga tensa.

En el sector energético, muchos se aliviaron con la finalización del conflicto en Neuquén, que complicaba la operación de Vaca Muerta, pero tienen por delante un gran interrogante en materia tarifaria. Las señales no son buenas. En un mes de mayores restricciones por la pandemia parece difícil que Guzmán logre imponer los ajustes que tenía previsto. En las distribuidoras, ya descuentan que los aumentos serán de un sólo dígito.

Las cámaras bancarias tienen agendada para el lunes una reunión por zoom con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Hay un memo que circula por el sistema con los reclamos que piensan hacerle. Empieza a haber nerviosismo entre bancos chicos y digitales por la solvencia del negocio. El consultor y ex director del Banco Central Pablo Curat confía que si bien el ratio de rentabilidad sobre activos (ROE) del sistema es, en promedio, de entre 10 y 12%, ya hay entidades con rentabilidad negativa “fuerte”. “Hay piso mínimo de tasas pasivas, límite de tasas activas, el trading de cambios está muerto y hay incobrabilidad oculta. En los bancos chicos se agrega que no tienen fondeo barato –describe Curat–. Para los bancos grandes es un tema de rentabilidad, para algunos chicos es un tema de vida o muerte. Ya hay indicadores que muestran: o este sale de la cancha o se lo compra alguien”.

Entre otras cosas, los bancos piensan pedirle al BCRA subir la tasa de interés que se cobra por financiar el plan de Ahora 12 del 20% al 25%, bajar la tasa mínima para plazos fijos a 30 días del 37% al 30% o 34%, y luego mantenerla al 37%, pero para colocaciones que se extiendan hasta los 60 días, y cobrar los retiros de efectivo de más de 100.000 pesos. Un simple sondeo informal sirve para adelantar que su reclamo podría no surtir demasiado efecto.

También el campo está en alerta. No todo es el precio de la soja. La amenaza de un posible aumento de retenciones mantiene en vilo a los productores. Mientras que la confusa versión sobre la intervención de la Secretaría de Comercio en el mercado de carne de Liniers esta semana reavivó los peores miedos de los ganaderos. Temen que la necesidad de financiar el gasto Covid y de contener la escalada de precios termine por alentar el regreso de las peores prácticas.

Algo mejor es por estos días la expectativa entre las empresas de alimentos, que esperan para mediados de mayo terminar con Precios Máximos a cambio de entregar una canasta de entre 100 y 150 productos básicos a precio congelado hasta después de las elecciones de octubre. Pero nadie tiene previsto festejar hasta no verlo por escrito. Ya fueron demasiadas las promesas que se les hicieron y que nunca se cumplieron.

Las empresas no terminan de confiar en la palabra oficial. Las prepagas lo sufrieron cuando de un momento a otro el Gobierno dio marcha atrás con aumentos prometidos –por escrito–, y esta semana les tocó a las empresas de telefonía ver cómo el Enacom salió públicamente a negar que hubiera habilitado aumentos, que tanto Claro, como Telecom, y Telefónica ya habían comunicado para mayo y junio. El presidente Alberto Fernández tiene el hábito de volver sobre sus pasos. Pero no es el único, parece ser ya una marca de la gestión.

© La Nación

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