sábado, 12 de diciembre de 2020

La vice le puso un aplazo al Presidente


Por Héctor M. Guyot

El dictamen más severo acerca del primer año de Alberto Fernández en la Casa Rosada no provino de un analista político, sino de la vicepresidenta. Fue un aplazo. El Presidente asumió con un mazo de cartas marcadas para ensayar un solo truco mientras mantenía la estantería en pie.

La cristalería se le vino abajo por efecto combinado de la pandemia y la incompetencia, y el truco al que se obligó no está saliendo bien. Al tal punto, que aquella que le encomendó el pase de magia se vio impelida a salir al ruedo para calmar su ansiedad y apurar las cosas.

El ataque feroz que Cristina Kirchner lanzó contra la Corte Suprema en su quinta epístola a los argentinos marca un punto de inflexión en la madre de todas las batallas. Confirma de modo explícito que la lucha por el estatuto de la verdad es la única preocupación de la vicepresidenta. Allí se juega su impunidad. Cristina está decidida a imponer, tanto a la Justicia como a la sociedad, la idea del lawfare. Es decir, que las nueve causas de corrupción que se le siguen son el fruto de un complot de la prensa y los jueces para perseguirla a ella y a sus funcionarios. Del otro lado, tambaleante, está la Constitución, que deposita en los jueces la tarea de establecer, mediante el debido proceso y sobre la base de prueba fehaciente, la verdad de los hechos.

Tiene razón la vicepresidenta: no hay cuestión más preocupante que esta. Los estragos de la pandemia, la recesión económica, la pobreza, la inseguridad son hoy problemas supeditados a esta batalla mayor. No solo porque llevar adelante el ataque contra el sistema republicano de gobierno supone incinerar el diálogo y dinamitar la confianza en el país, con lo cual se agravan todos estos padecimientos. También, y sobre todo, porque de imponerse la idea de que la vicepresidenta es víctima de un ardid mediático y judicial, de consagrarse la impunidad, los tres poderes de la república quedarán subsumidos en una persona y su voluntad pasará a ser la ley.

Esta es la razón de ser de este gobierno. Por eso, al cumplirse un año de la asunción, más que el Presidente, la evaluada debería ser la vice. Fue ella quien, en un segundo plano, gobernó en aquello que importa. Fernández tomó pocas decisiones. Las más relevantes las tomaron por él. Y no asumió la única que debió haber asumido: emanciparse cuando, al principio de la pandemia, cosechó índices altos de popularidad gracias a la exhibición de cierta capacidad resolutiva y una disposición al diálogo en beneficio del conjunto. Mostró autoridad cuando dejó de gobernar para una facción. Su mandante reaccionó airada y la buena imagen del Presidente se evaporó por una mezcla rara de soberbia y subordinación que lo llevó por el camino de las incoherencias. Alberto quería A, pero Cristina decía B. Entonces Alberto empezaba la frase postulando A pero la terminaba advirtiendo que en realidad B era mejor. Así con todo. La vicepresidenta no debería enojarse con él. Hasta aquí, Fernández ha hecho lo que le ha ordenado. Si los resultados son limitados, no es su culpa: es mucho, demasiado, lo que el manto del lawfare debería cubrir.

Ser escudero del plan de impunidad implica alzar la lanza contra la democracia. Fernández debió haberlo sabido. Esa cláusula del pacto que firmó con su socia hoy le impide gobernar. Clavar esa lanza y al mismo tiempo recomponer la economía (satisfacer al kirchnerismo duro y al FMI, pongamos) son términos que no parece posible conciliar. Una cosa o la otra. Pero el Presidente insiste, quizá porque después de un año en la soledad del gobierno es capaz de querer A y B al mismo tiempo y puede trasladar sin complejos esa contradicción al terreno del lenguaje, que es la casa (usurpada) de la experiencia kirchnerista.

Allí, en esa dimensión paralela hecha de palabras a la que pretende llevar al país, de espaldas a la realidad, vive la vicepresidenta. Su carta, otro clásico del relato, resulta útil también para medir su gestión de acuerdo con los objetivos que persigue: ese misil contra los miembros de la Corte, a los que acusa de haber encabezado y dirigido un proceso de lawfare, denota la impotencia de no haber podido detener el avance de las causas que más la preocupan, como Vialidad, Cuadernos, Los Sauces y Hotesur. Fue, en suma, una suerte de per saltum populista para atacar el problema de raíz.

La decisión de tomar cartas en el asunto parece además una reacción contra dos tragos amargos que ensombrecen su horizonte: el fallo de Casación que convalidó la ley del arrepentido y la sentencia de la Corte que confirma la condena de Boudou en el caso Ciccone. Todo el kirchnerismo, incluido el jefe de Gabinete, defendió al exvicepresidente que se quiso quedar con la máquina de hacer billetes y, según la cancioncilla del lawfare, criticó a los jueces supremos. Luego llegaría la epístola de Cristina y el esperable aval del Presidente, lo que confirma el inicio de un capítulo inquietante de la gran batalla. Truffaut lo hubiera llamado "Disparen sobre la Corte".

© La Nación

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