sábado, 1 de agosto de 2020

Sin intermediarios

Por Roberto García
Era una prioridad. Un compromiso, se supone. Pero la pachorra futbolística de Alberto Fernández demoró ocho meses la reforma judicial pactada con Cristina.

Justificado el remoloneo presidencial: se cayó el techo del país con el virus, se hundió la economia al décimo subsuelo, hubo pérdida de empleo e ingresos, expansión de pobreza e inseguridad.

Sin embargo, parece raro que, cuando peor se encuentra por las emergencias, lanza el proyecto de un antídoto contra la inflamación en los pies cuando todo el mundo espera la vacuna contra el nefasto Covid. Sin embargo, hay una razón de politica legislativa: el Gobierno dispone de cien días para disciplinar la iniciativa, aprobarla en el Congreso, y evitar que se postergue para el año siguiente, cuando los legisladores no saben si renuevan o cómo se integran las listas.

Alineación. Empiezan entonces a mañerear, como dicen en el campo, alinear ese universo será mucho más difícil. De ahí que la ministra Losardo, amiga y ex socia del mandatario con el embajador Iribarne en el mismo estudio (hace años, claro), se sorprendió una mañana con la prisa manifestada por Alberto para enviar la reforma y debió suspender un reportaje televisivo ya que parecía desconocer los pormenores del texto. No le habían avisado de un material complejo, discutible, que hasta parece haber dinamitado otra interna en la Administracion: por primera vez el Presidente exhibió ligeras gotas de sudor en la frente durante la presentación –fallas del aire acondicionado, seguro– y faltaron a la cita dos funcionarios clave que habían participado del proyecto, Vilma Ibarra y Gustavo Beliz (este, un eterno luchador con los “centauros” para esclarecer el sistema judicial). Más de uno cree en cierta disconformidad de los funcionarios con los términos de la reforma anunciada, no que hayan aprovechado una mañana de solaz. También se ausentó la mayoría de la Corte: apenas fue una (Highton) sobre cuatro, nadie ignora que la pretensión cristinista es disminuir el poder del quinteto, volverlo más amigable para el momento que lleguen a esa instancia sus causas y la de su familia. El vacío se advirtió: si parece que alguna silla de invitados fue ocupada por un fotógrafo para no mostrar que la cuarentena resta personal en los actos oficiales. Para muchos insidiosos, la reforma viene con fórceps.

Trae una addenda el reperfilamiento judicial: la ampliación del número de la Corte Suprema, cantidad de miembros a sugerir por un consejo cuestionado por razones de interés sectario (el dúo Arslanian-Beraldi, por ejemplo) o políticos (los allegados varios al oficialismo) a declaraciones inopinadas como la de Gil Domínguez, quien hizo el descubrimiento matemático de que “nueve miembros permitirán mayor diversidad en la Corte”. Y si son 35, mucha más diversidad, claro; ni hablar si elevan el numero a 100. Gracioso el experto. La reforma y la ampliación suponen una porfía cierta con la oposición, quizás algún revuelo en la opinión pública ya que, en general se las considera impertinentes cuando hoy agobian muertes y contagios, son costosas frente a otras obligaciones urgentes por la brutal crisis y teledirigidas a favor de una persona, Cristina. Además, cierta torpeza se advierte para no entablar acuerdos previos como en la reforma constitucional del 94. Hasta disponen de antecedentes del error: el abuelo del jefe de Gabinete, Antonio Cafiero, quiso reformar la Constitución bonaerense y lo arrasó un gentío en las urnas, casi sin ningún líder notorio o trascendente en su contra ( aunque el pícaro Carlos Menem algo debe haber fogoneado esa rebelión). Aunque nadie debe desesperar por la transparencia inútil frente a la turbidez: en política siempre hay milagros y, si uno hace caso a las versiones, algunos intrépidos señalan que madura un plan canje entre las partes: el oficialismo obtendría la venia para reemplazar al procurador Casal por su candidato, el juez Daniel Rafecas, mientras el macrismo logra que la causa de espionaje que apunta a su jefe –hoy solazándose en Europa en un viaje planeado antes de la cuarentena– regrese a Comodoro Py en lugar de tramitarse en la provincia de Buenos Aires.

Disgusto. Los nuevos procesos por la reforma serán a desgano. No se advierte entusiasmo en los gobernadores, menos en los intendentes, y la incauta gente atemorizada por los asaltos y homicidios cotidianos va a descubrir que la iniciativa judicial no se interesa por disminuir el acoso de la delincuencia. Nada. Será engorrosa la discusión y Cristina quizás deba intervenir con más protagonismo en la próxima etapa. Para algunos, ya lo hizo cuando apremió por una reforma que se congelaba y, ahora, apenas 48 horas atrás, recibió a una comisión de la agroindustria. Una foto casi presidencial, sin antecedentes en general de otros vices. El dato estimula otras audiencias, sirve para nuevos pedidos a la doctora, su intervención en casos que ella misma ha cuestionado por demoras paquidermias. Tal vez es una anécdota ese registro, pero conviene anotarlo en alguien cauteloso que envía mensajes cifrados por tuit como método de comunicación. Podría ser, también, que esa simpática entrevista con los industriales del agro indique que la doctora intenta manifestar su disgusto porque Alberto, en la celebración del 9 de Julio, sentó en su cercanía al titular de la Sociedad Rural. Si fuera así, se trataría de una sorda interna por un presunto desprecio al dirigente Pellegrina, a quien obviamente ella no convocó a su despacho.

Justicia. Tal vez la dama empieza a jugar otro rol, atenta a que el Gobierno revela cierta morosidad en más de un aspecto. El caso de la reforma judicial es un ejemplo, aunque no sea el más conveniente en estos tiempos de cólera. Significa tal vez que Cristina abandona un sistema de mando que utilizaba hasta ahora, un concepto jurídico que se expresa como by-proxi. Esto es: el ejercicio del poder a través de intermediarios, la aplicación de elementos de presión por medio de mensajeros. Casi una forma peronista del avión negro.

Uno podría asemejarlo, si es capcioso, a la forma en que transcurrieron estos primeros ocho meses de los 48 que le restan a Alberto Fernández, alguien que sin razón aparente sostiene en público “el que manda soy yo” como si fuera una resurrección de Luis XIV. Tendrá que reiterarlo en nuevas oportunidades si es que la ex presidente decide ocuparse más personalmente de ciertos temas, como confesó a algunos intendentes hace un par de meses. No quiere parecer una desocupada: empezó con dos controversias, la ampliación de la Corte y la reforma judicial.

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