Por Héctor M. Guyot
Los argentinos estamos en medio de dos grandes crisis. Una de ellas, la pandemia, es global e impacta en nuestras vidas de una forma aún difícil de mensurar. Todavía está en curso y no conocemos su evolución. Eso acrecientan la incertidumbre y la conciencia de nuestra vulnerabilidad.
La angustia de los que no pueden salir a ganarse el sustento, de los que han visto cómo se desmoronaba el comercio o la pequeña empresa que tanto esfuerzo había costado edificar,
de los empleados que así se han quedado sin trabajo y sin ingresos no tiene comparación. Sin embargo, quienes podemos seguir trabajando sentimos también el golpe en el ánimo y compartimos, seguramente,
la sensación de estar atrapados en una pesadilla.
En medio de esta pandemia que parece un mal sueño, la Argentina vive su crisis particular. Lejos de ser inédita, resulta una remake o una secuela de aquella que vivimos
hace siete años, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner se propuso ir por todo, incluidas la voluntad y la imparcialidad de los jueces, y lanzó un proyecto para "democratizar" la Justicia.
Ahora el mismo objetivo se persigue por otras vías de un modo más acuciante e incluso desesperado, porque entre uno y otro intento el país ha visto cosas imposibles de borrar de la retina y los jueces
han actuado en consecuencia y avanzado lo suyo. Ahora lo que se busca sin rodeos, lo que ella necesita de manera inmediata, es la impunidad.
Cada mañana, entonces, nos saludan dos crisis, la pandemia y la ficción kirchnerista, plagada de voces que uno preferiría no oír, pues bastante tiene con
el virus. Sin embargo, por dura que resulte la epidemia, cuesta más entender la remake de una película imposible, ahora en versión reloaded. A los actores se les corre el maquillaje y su argumento es infantil: el reino del revés. En él, una reforma de la Justicia y la conformación de la Corte están en manos de quienes han
sido procesados por gravísimos delitos de corrupción. Como el peso de la prueba vuelve impensable la absolución en juicio, los acusados mudan sus abogados de los tribunales a una comisión de "notables"
para, reforma mediante, asegurarse "jueces" militantes que neutralicen esas evidencias con algún relato al uso (el lawfare, por ejemplo) emitido desde un tribunal supremo colonizado. Lo que resultaría
increíble en el cine aquí es defendido con voz doctoral y llevado a discusión al Congreso.
En esta ficción verdadera nada es lo que parece: quien motoriza todo es un personaje omnipresente escondido en el prudente segundo plano de una banca legislativa. Desvelada por
eludir el peso de la ley, Cristina Kirchner parece en cambio indiferente a la pandemia, a la que solo usa de excusa para confrontar con la oposición. Lo hace por Twitter, un medio perfecto para lanzar dardos y órdenes
cortas que no admiten réplica. Otros hablan y actúan por ella. Entre sus voceros más locuaces están Parrilli y Tailhade. ¿Y quiénes ejecutan su voluntad? En una gama de matices que va
del activismo más ferviente a la pasividad más concesiva, podríamos decir que el peronismo todo. Se destaca el Presidente, cuyas actitudes y dichos cambian según las circunstancias, aunque obedecen
a un patrón claro: evitar que la vicepresidenta se enoje. Así, en virtud del pacto que lo colocó donde está, Alberto Fernández queda preso de sus contradicciones: mientras trata de controlar
una epidemia, impulsa la otra.
Pero surgen resistencias. La sociedad está empezando a hablar claro. A través de una acordada, los jueces de la Cámara del Crimen señalaron que la reforma
es inconstitucional y que favorece la corrupción y la impunidad. La Cámara en lo Civil y Comercial también cuestionó fuertemente el proyecto con otra acordada. En un artículo de esta semana,
el respetado constitucionalista Daniel Sabsay dijo que la reforma "esconde la voluntad del Ejecutivo de poner en marcha un vasto plan de impunidad para la vicepresidenta y funcionarios de sus administraciones involucrados
en graves hechos de corrupción, que actualmente son objeto de numerosos procesos, a través de una ampliación de la Corte". En este sentido, otro constitucionalista de nota, Roberto Gargarella, señaló
que toda reforma debe analizarse en su contexto y con atención a la historia. "Al respecto, debe reconocerse que hasta hoy no se registran movimientos del Gobierno, en materia judicial, que no se hayan dirigido
directamente a 'ganar impunidad'", escribió en su artículo.
La extrañeza que sentimos cada mañana quizá se deba a que vivimos días surrealistas por partida doble. A muchos de los efectos sociales, psicológicos,
políticos y culturales de la pandemia todavía les estamos buscando nombre. A la otra epidemia, la que ataca las instituciones democráticas y republicanas, ya la conocíamos de un embate anterior.
Acaso hayamos aprendido algo de esa experiencia, porque ahora hay una sociedad más decidida que empieza a atreverse a llamar las cosas por su nombre. Y acaso eso haga la diferencia.
© La Nación
0 comments :
Publicar un comentario