Referentes políticos y del agro cuestionaron la decisión del Gobierno que busca estatizar la empresa cerealera,
fuertemente endeudada
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| Una de las plantas del grupo Vicentín |
Nacionales - El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentin y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.
En este contexto, comenzaron a alzarse las voces que criticaron la decisión. El exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo que "por lo que dijo el presidente Alberto Fernández, sobre que se necesita una empresa testigo en Argentina, quieren hacer una Junta Nacional de Granos".
"Tengo la obligación de mirar cómo va a actuar el Estado en un mercado que no necesita intervención porque es transparente", sostuvo, para luego agregar que "me van a decir que hay 1.600 trabajadores o productores y es cierto pero hay que mirar otro carril", sostuvo, para luego recalcar que esta situación es como "cuando estatizaron Ciccone por la soberanía monetaria".
Dijeron #soberaniamonetaria y estarizaron #Ciccone, dijeron #soberaniaenergetica y estarizaron #YPF, ahora dicen #SoberaniaAlimentaria y expropiaron #Vicentin . #MorenoVive— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) June 8, 2020
A su turno, el exministro de Agricultura, Luis Etchevehere, consideró que "se trata de una muy mala noticia la intervención/expropiacion de Vicentin por decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta".
Muy mala noticia la intervención / expropiacion de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinis pagando la fiesta.— Luis Etchevehere (@lmetchevehere) June 8, 2020
En paralelo, el ex senador senador de Pro, Federico Pinedo, dijo en Twitter que se trata de "una seña trágica".
Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica.— Federico Pinedo (@PinedoFederico) June 8, 2020
A su turno, el diputado nacional de la UCR por Mendoza Luis Petri se preguntó: "Intervienen Vicentin para saber qué hay en la empresa, y si no saben que hay, ¿por qué expropian?".
"Las respuestas respecto de qué hacer con Vicentin están en la Ley de Concursos y Quiebras. Allí se regula qué hacer con una empresa en concurso, eso es lo que diferencia un estado de derecho, su seguridad jurídica, algo que con este gobierno empieza a brillar por su ausencia", subrayó Petri.
El diputado nacional del PRO Luciano Laspina señaló que tiene "dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que costó u$s8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún se esperan los beneficios".
Tengo algunas dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que nos costó Usd 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún esperamos los beneficios. Por ahora solo tenemos que pagar el “barril criollo”’ más caro para que no pierda Plata.— Luciano Laspina (@LaspinaL) June 8, 2020
Junta Nacional de Granos
Las luces de alerta por una posible Junta Nacional de Granos se encendieron a fines de 2019: cuando todavía no había sido designado canciller, el entonces diputado nacional Felipe Solá habló de la necesidad de aumentar la intervención del Estado en la comercialización de los productos agropecuarios, mediante el regreso de la Junta Nacional de Granos y Carnes, como herramientas para frenar los aumentos de los alimentos.
Además, a mediados de mayo, el secretario adjunto nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que "es hora de que el país vuelva a tener una Junta Nacional de Granos", y afirmó que "las grandes cerealeras acopian la riqueza de la Argentina mientras en su territorio recrudece el hambre", informó la organización.
En paralelo, un comunicado firmado por Aguiar respaldó el proyecto de ley de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu para recrear "una Junta Nacional de Granos (JNG)", y explicó que la iniciativa servirá para recuperar "la soberanía alimentaria necesaria para combatir el hambre, que crece a diario en el país".
La Junta Nacional de Granos fue un organismo descentralizado creado en 1933 y disuelto por el ex presidente Carlos Menem en 1991, y su función era la adquisición y reventa de los productos del campo.
En el proyecto, la senadora del Frente de Todos propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de "controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos", "garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo", "tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos", "producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios".
También promueve para el organismo "fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte", "autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes".
Y reserva para la Junta Nacional de Granos "proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación". La iniciativa contempla como funciones "fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos".
También se detalla que "toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos. Sin este requisito no podrá realizar transacciones, incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente".
El nuevo interventor
Este mismo lunes se conoció que quien será interventor en Vicentin es Roberto Gabriel Delgado, quien fuera director del ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, hoy Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).
Además, entre 2013 al 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.
En 2013 y por un periodo de 6 meses asumió como Gerente General de INTeA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), unidad de soporte y nexo entre el INTA y los actores de la cadena agroindustrial.
Informe: iProfesional
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