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| Por Marcos Novaro |
Pero ha sido por sobre todo expresión de los problemas de financiamiento que enfrentan firmas argentinas exitosas, por operar en un país que carece de sistema financiero, al
menos de uno capaz de asistir a la producción, y en el que no existen reglas de juego estables, la política las cambia a su gusto, todo el tiempo y sin avisar.
¿El Banco Nación le prestó demasiado y sin controlar suficientemente el uso de esos créditos durante la gestión de Macri? Es probable. ¿Posibilitó
eso que sus dueños la vaciaran, dejando un tendal de productores estafados, o el origen del problema fue la inestabilidad del dólar y de las reglas de juego, como la reaparición del cepo, que volvieron
inviable su operación e imposibilitaron que accediera a otro financiamiento? Puede que haya motivos para pensar en ambas cosas.
Ahora, en un nuevo giro de la política que todo lo dispone en materia de negocios, Alberto Fernández le cortó el crédito (¿habrá sido porque,
según dicen, había aportado a la campaña de JXC?, ¿le espera lo mismo a Mercado Libre y a otros que hayan cometido ese pecado?), e interrumpiendo la convocatoria de acreedores, dispuso su intervención,
para expropiarla en beneficio, en principio, de YPF.
¡De YPF!!!, que también ha sido y sigue siendo, desde hace al menos treinta años, víctima de problemas parecidos. Recordemos que se debió a la falta
de financiamiento que la gran petrolera argentina fue comprada en los noventa por REPSOL, y no al revés (lo que hubiera sido más lógico, dado que la española tenía mucha menos historia e
implantación en la región cuando se concretó la operación). Y que esa venta luego fue revertida, primero con una nacionalización truchísima a favor de la familia Eskenazi. Y luego
con una estatización por decreto y a los empujones. Gracias a lo cual, se vino a saber en los últimos días, el país probablemente deba volver a abrir la billetera para pagar un juicio multimillonario
en Estados Unidos. ¿Será para hacer olvidar los costos causados por esas torpes decisiones de Néstor y Cristina que justo ahora se bate el parche nacionalista con la “soberanía alimentaria”
y la conveniencia de tener una “empresa estatal de referencia en el mercado de granos”?
El único posible mérito de la decisión de Alberto puede ser que nos ahorre esta vez la participación de unos nuevos Eskenazis: su opción por una expropiación
podría dejar fuera de juego la alternativa que venía impulsando José Luis Manzano con socios de lo más variopintos (según uno de ellos, Ernesto Allaria, era de la partida el exviceministro
de Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis, seguramente porque también se trata de un probado “experto en mercados regulados”). Aunque aún hay que ver, porque las acciones devaluadas de la empresa,
una vez que el gobierno se haga de ellas y licúe la deuda, todavía podrían terminar en manos de cualquier amigote.
Para el sector y para la economía argentina en general, en cambio, va a ser difícil encontrar algún beneficio. La señal a los mercados es pésima. Alberto
les está diciendo que las empresas en problemas pueden quedar en manos del Estado una tras otra, no en partes como pretendía la diputada Vallejos, sino en su totalidad. Porque si se animó con una presa
tan grande como Vicentin, ¿qué lo va a disuadir cuando entren en convocatoria de acreedores infinidad de peces pequeños o medianos, como sucederá apenas termine la feria judicial?
Les dice también que su forma de lidiar con decisiones complejas es confiar en las soluciones más aceptables para su frente interno, que como se ha visto ya en temas impositivos,
judiciales, internacionales y varios más, son las del kirchnerismo más craso y tradicional. Los desacuerdos en su gabinete sobre si sostener y negociar con los actuales dueños, en continuidad con lo que
venía haciendo Macri, reemplazarlos por otros más afines como el tándem Manzano-Allaria-Agis, a costa del fisco, claro, o dejar que los absorbieran parcialmente algún otro jugador de peso del sector
(lo que hubiera sido tal vez económicamente más razonable, pero políticamente sería visto como “neoliberal” y “antisoberanista”, y en realidad era el destino más probable
de la operación impulsada por Manzano, que tenía detrás el financiamiento de uno de esos jugadores internacionales), lo llevó a inclinarse hacia la solución más doctrinariamente kirchnerista:
“EXPRÓPIESE YA”.
El presidente hizo el anuncio burlándose de quienes critican su gestión y advierten que ella se orienta, disimulada pero sistemáticamente, hacia un populismo radicalizado
a la venezolana. “Ya van a tener tiempo de hablar pavadas en el Congreso” dijo más o menos. No fue un gesto precisamente moderado ni abierto al diálogo el suyo. Pero más importante que su actitud
refractaria a las críticas fue su confirmación de que ellas tienen asidero, al recurrir a los argumentos ideológicos del kirchnerismo más rancio para explicar lo que quiere hacer con la economía:
con esta decisión avanzamos hacia la “soberanía alimentaria”, sostuvo, que va a evitar que los consumidores argentinos tengamos que pagar por los alimentos los precios que se decidan “afuera”.
Hasta Guillermo Moreno, veterano con una década de experiencia en manipular los precios de los alimentos y destruir mercados, le advirtió que en su opinión se le estaba yendo la mano.
Tal vez sea esta una buena ocasión para que Alberto escuche a Moreno y aprenda de su experiencia. Porque el excapo de Comercio, igual que Néstor y Cristina, carecía
en principio de un plan intervencionista, no tenía la pretensión de intervenir todos los mercados, manipular todos los precios, controlar a todas las empresas. Era mucho menos ambicioso. Empezó por algunos
bienes, los “esenciales” para el consumo popular, con objetivos acotados; pero como esas intervenciones fallaron y generaron más problemas, pasó a ampliarlas a otros rubros, atacó la formación
de precios hacía atrás y hacia delante en cada vez más cadenas. Y cuando se quiso acordar tenía precios regulados para casi todo, y las DJAIs y los ROEs para controlar entradas y salidas, y las
AFJPs, Aerolíneas e YPF en la bolsa, y después la reforma del BCRA, el CEPO, y como nada era suficiente, sumó el reclamo de una nueva ley de capitales, y otra de abastecimiento, y etc., etc. La radicalización
kirchnerista no resultó de un plan, sino de una ineficacia, de los efectos colaterales de intervenciones acotadas, que cuando estallaban en problemas agudos, en vez de revisarse, se ampliaban, con mayores dosis de la
misma medicina.
Alberto está empezando de nuevo ese recorrido, como si no hubiera tenido nada que ver la primera vez, o como si no hubiera debido aprender nada, porque se fue antes de que las
cosas empezaran a complicarse, y volvió sin tener que hacerse cargo de nada de lo que después sucediera.
© TN
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