Por Sergio Suppo
Como en otros tiempos, la capilla del penal de Villa Devoto volvió a ser el sitio elegido para negociar cómo algunos presos saldrán de la cárcel. El coronavirus y sus consecuencias están escribiendo otro capítulo de la historia, que parece repetirse.
El 25 de mayo de 1973 Héctor Cámpora asumía su efímera presidencia. Durante la campaña había prometido que no quedaría ningún
"preso político" y en su primer discurso ante el Congreso anunció que remitía ese mismo día una ley para liberar a todos los miembros de las organizaciones guerrilleras que se encontraran
detenidos con o sin condena.
"Reviente quien reviente, libertad a los combatientes", cantaban las columnas de la JP mientras marchaban esa misma tarde hacia el penal de Devoto a liberar a sus muchachos.
No había tiempo para leyes del Congreso, aunque la sesión hubiese estado convocada para el día siguiente.
Con la cárcel en manos de casi nadie (las autoridades salientes estaban desbordadas), se produjo una negociación interna para garantizar que saldrían todos los
guerrilleros, no solo los peronistas. Los detenidos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron los autores de ese planteo, realizado entre los bancos de la capilla de la cárcel.
De anunciar un proyecto de ley, el gobierno recién asumido pasó a un apresurado decreto de indulto, pero ni Cámpora ni su ministro del Interior, Esteban Righi,
tuvieron tiempo para redactarlo y firmarlo.
Mientras los militantes golpeaban los portones, apareció Juan Manuel Abal Medina, secretario general del PJ. Sin ser un funcionario sino un dirigente partidario, les anunció
a los presos que un indulto los dejaba libres en ese momento.
Abal Medina era entonces una figura importante, que tuvo a su cargo el tramo final del llamado Operativo Retorno de Juan Perón. La palabra "retorno" tuvo un significado
bastante diferente durante la década kirchnerista.
Esa noche del 73, dos manifestantes murieron en tiroteos nunca aclarados en las afueras de la cárcel de Devoto, mientras se retiraban unos 450 detenidos pertenecientes a las
organizaciones armadas. Pasó lo mismo en otros siete penales en el resto del país.
Pero no se fueron solo los guerrilleros. Con ellos aprovecharon el descontrol unos cuantos delincuentes célebres de aquellos años. Nunca se supo cuántos presos
comunes se fugaron mezclados en el tumulto.
Cuarenta y siete años después, la pandemia abrió una oportunidad inesperada, justo en el momento en el que el kirchnerismo acentuaba su presión sobre
la Justicia y sobre parte de su propio gobierno para obtener la libertad de sus "presos políticos". El escándalo de la liberación de presos apenas empieza y corre al mismo tiempo que la crisis
sanitaria.
Vueltas de la historia, en abril de 2012, Righi fue abruptamente despedido por Cristina Kirchner del cargo de procurador general (jefe de los fiscales) para encubrir a su vicepresidente,
Amado Boudou, entonces investigado y luego condenado a cinco años y diez meses de prisión por intentar apropiarse de Ciccone Calcográfica.
Luego de un sugestivo cambio de criterio de una cámara, Boudou recuperó la libertad en las últimas semanas, cuando despuntaba la crisis del coronavirus. Con
Righi como involuntario intermediario, la secuencia drama-farsa encuadra a Montoneros y al vicepresidente de Cristina.
La idea de liberar a todos los amigos se mantiene como política y la ejecutan los incondicionales de Cristina, como el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla,
que ya pidió por la prisión domiciliaria para varios de ellos, entre otros, el emblemático Ricardo Jaime.
¿Sabremos ahora cuántos corruptos amigos del oficialismo zafarán de la cárcel en medio de la pandemia de liberaciones colectivas? La respuesta está
en capilla.
© La Nación
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