Difícil es no asociar algunas medidas tomadas por funcionarios del gobierno de Alberto Fernández con los objetivos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en materia judicial.
Y no parece casual tampoco que estas decisiones se estén adoptando cuando aún las encuestas le otorgan al presidente de la Nación un elevado nivel de imagen positiva
y la mayoría de los argentinos no habla de otra cosa que no pase por la pandemia de coronavirus y sus efectos.
Fue en este contexto que la Oficina Anticorrupción renunció a continuar siendo acusadora en las causas judiciales en las que se investigan los negocios hoteleros de la
familia Kirchner. También en este particular marco se había producido el injustificable pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en favor del beneficio de la detención domiciliaria
para el condenado exfuncionario Ricardo Jaime y del procesado hijo de Lázaro Báez , Martín Báez .
Se trata de palmarios mensajes políticos dirigidos a los jueces que tienen a su cargo causas sobre corrupción pública en las que son investigados la expresidenta
Cristina Kirchner y otros funcionarios durante su gestión gubernamental. El mensaje podría resumirse así: "El Estado somos nosotros. No se atrevan a tocarnos".
Este mensaje extorsivo viene dando frutos. Basta recordar que el exvicepresidente Amado Boudou, pese a no tener el más mínimo síntoma ni la edad para estar incluido
en el grupo de personas en riesgo de salud, fue favorecido con la prisión domiciliaria. Salió de la cárcel y ya asesora, al menos informalmente, a un gobernador, como el riojano Ricardo Quintela.
Ayer, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, desistió del pedido formulado por el fiscal Marcelo Colombo para que Boudou volviera al penal
de Ezeiza. En consecuencia, no será apelada la controvertida decisión del juez Daniel Obligado de concederle el beneficio de estar en su casa a quien está condenado a cinco años y diez meses de
prisión en la causa Ciccone. De Luca es un reconocido integrante de la agrupación Justicia Legítima, afín al kirchnerismo, y un abanderado de las doctrinas abolicionistas en materia penal.
Nada de todo lo acontecido parece casual. La decisión de la Oficina Anticorrupción de abandonar las causas Los Sauces y Hotesur, que involucran a la vicepresidenta de la
Nación y su familia en supuestos casos de lavado de dinero, además de negocios incompatibles con la función pública, se produjo escasos días después de la reunión que, durante
tres horas, mantuvieron el martes 5 de mayo Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la quinta presidencial de Olivos.
Curiosamente, también poco después de ese encuentro se conoció que el Poder Ejecutivo había resuelto enviar al Congreso un proyecto de reforma judicial, que
entre otras intenciones apuntará a modificar la estructura de los juzgados federales penales. Y también trascendió tras aquella reunión que el oficialismo evalúa proyectos para aumentar el
número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El momento elegido por el cristinismo para plantear estas cuestiones encierra una lógica perfectamente entendible, aunque perversa. Sus operadores son conscientes de la necesidad
de avanzar con este tipo de medidas lo más lejos posible de las próximas elecciones legislativas, previstas para el año próximo.
Ninguna determinación que apunte directa o indirectamente a garantizarle impunidad al kirchnerismo en la Justicia puede ser bien recibida en la opinión pública,
fuera del núcleo duro de apoyo a Cristina Kirchner, que puede rondar el 30 por ciento del electorado. En tal sentido, en las últimas horas, una petición al presidente de la Nación motorizada por
Graciela Ocaña en la plataforma change.org para que "no consagre la impunidad de la corrupción" de la exjefa del Estado se encaminaba hacia las 200.000 firmas.
Demasiadas casualidades juntas tienen su explicación en la aceleración del plan de salvataje judicial de Cristina Kirchner. Y el apuro por la activación de la agenda
judicial por parte del oficialismo obedece a la necesidad de que aquel plan sea llevado a cabo antes de que se agote el margen político para instrumentarlo y bastante antes de que se avecine la competencia electoral.
El sueño de estas noches de cuarentena que tiene la expresidenta es quedar libre de cualquier mochila judicial dentro de un año.
© La Nación
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