Por Fernando Laborda
En el particular relato del nuevo oficialismo la palabra "ajuste" ha sido desterrada. Pero es imposible negar que existe y que entre los ajustados están no pocos jubilados que cargan con el pecado de ganar unos 20.000 pesos por mes y vastos sectores medios
que desde este fin de semana deben pagar alrededor de un 10% más por productos de primera necesidad como consecuencia del regreso del IVA sobre los alimentos de la canasta básica.
Como ha puntualizado el especialista en comunicación política José María Rodríguez Saráchaga, Mauricio Macri hacía populismo y comunicaba ajuste, en tanto que Alberto Fernández hace ajuste, pero comunica solidaridad.
Para muestra basta un botón: el último gobierno sufrió una rebelión en las calles cuando, hacia fines de 2017, propuso que los haberes de los jubilados
se actualizarán en función de la inflación; nada de eso le ocurrió al actual gobierno peronista tras la suspensión de la movilidad jubilatoria.
La justificación del ajuste encuentra una curiosa explicación en el relato oficialista: según sus voceros, antes se ajustaba para favorecer a los amigos de Macri
y ahora, en todo caso, para beneficiar a los más pobres. El palabrerío que apela a contrastar el progresismo con el "esperancismo" macrista se completa con la idea del "derrame inverso", opuesta
a la teoría económica del efecto derrame, según la cual las altas tasas de rentabilidad de las empresas y de los inversores genuinos se volcarían en el resto de la sociedad en forma de más
empleos, mejores salarios y bienestar general. En la crítica al efecto derrame, el nuevo oficialismo recoge incluso cuestionamientos del papa Francisco al capitalismo, formulados en la exhortación apostólica
Evangelii gaudium. Allí sostiene el Sumo Pontífice que el derrame económico supone una "confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados
del sistema económico imperante". Y según la idea del gobierno albertista, es inútil esperar pasivamente que el mercado pueda arreglar todo, en especial si se busca combatir la pobreza.
Esta concepción redistributiva para enfrentar la pobreza encuentra un límite en el propio gobierno, que hasta ahora no ha hablado de cómo generar riqueza y construir
un modelo competitivo capaz de alentar inversiones productivas y crear empleos genuinos.
"¿Podemos invertir y producir más aumentando los impuestos a las exportaciones, incrementando las cargas patronales, duplicando las indemnizaciones por despido y
liberando a los señores feudales para que hagan lo que quieran con el impuesto a los ingresos brutos?", se pregunta Miguel Ángel Broda. En opinión del economista, el Gobierno está aplicando
un 90% de heterodoxia y solo un 10% de ortodoxia, una proporción que no juzga adecuada. Para salir del estancamiento secular y de la decadencia estructural -sostiene- hay que generar condiciones para la inversión,
para que crezcan el ahorro y la productividad.
Si los funcionarios del Gobierno pensaran que se puede alentar ese ahorro con un cepo cada vez mayor al dólar, pecarían de ingenuos. Tanto como el propio Alberto Fernández
cuando le dijo a Luis Majul: "Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares". Tal vez debería recordar que Néstor Kirchner ahorró toda su vida en dólares o
escuchar las recientes declaraciones de Emiliano Sordi, el flamante campeón de artes marciales mixtas que, tras cosechar un premio de un millón de dólares en Nueva York, expresó: "No voy a
ser tan boludo de llevar un dólar para la Argentina".
La restricción externa asoma como uno de los mayores problemas de la economía argentina. Lo señala con crudeza el ministro de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas: "En algunos momentos históricos esa restricción se relaja porque los términos de intercambio son favorables, o se dispone de reservas internacionales para cubrir desequilibrios, o bien porque
se accede al financiamiento externo. Ninguna de esas tres condiciones estará presente en el horizonte inmediato". El drama por conseguir dólares conduce al Gobierno a la conclusión de que deben impulsarse
políticas que prioricen la inversión en proyectos que incrementen las exportaciones y sustituyan importaciones.
El interrogante continúa siendo cómo modificar las expectativas y despertar confianza en los inversores, más allá del tiempo que pueda comprar Alberto
Fernández. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que "el problema central que enfrenta el país es la deuda" y que "si no lo resuelve, no habrá forma
de implementar un programa macroeconómico que le permita recuperarse". Desde la vereda de la ortodoxia económica, algunos especialistas disienten del titular del Palacio de Hacienda. ¿Es la deuda el
principal problema de la Argentina?, se preguntan. ¿O es, en rigor, la inviabilidad financiera del Estado como consecuencia de tantos años gastando por encima de sus ingresos? En el Gobierno, casi no hay menciones
al tamaño ni a la calidad del gasto público.
Tampoco el mundo ayuda en las últimas horas a la Argentina. Las tensiones geopolíticas derivadas de la escalada del conflicto entre los Estados Unidos e Irán
podrían provocar la reaparición de la aversión al riesgo global. La suba del precio internacional del petróleo complicará la intención de Alberto Fernández de seguir postergando
la actualización del valor de la nafta. Y las condiciones de la administración de Donald Trump para apoyar la posición argentina en sus negociaciones con el FMI -donde el país del norte es accionista
mayoritario- seguramente implicarán la exigencia de un alineamiento claro, que podría derivar en diferencias dentro del gobierno nacional.
La tensión en Medio Oriente suma un factor de inquietud, luego de que, según un informe de la agencia Bloomberg, un alto funcionario del gobierno norteamericano sostuviera
que el gobierno de Alberto Fernández ha cruzado un límite al aceptar como asilado político a Evo Morales y aproximarse al régimen de Nicolás Maduro, y que eso pondría en peligro inversiones
en Vaca Muerta y el respaldo de los Estados Unidos a la Argentina en las negociaciones con el FMI.
No se advierte en el presidente argentino vocación por revivir situaciones de aislamiento internacional como las que sufrió el país durante las gestiones de
Cristina Kirchner ni por recrear las tensiones con los Estados Unidos vividas en la recordada Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005. Sin embargo, el fuerte papel de Cristina como virtual jefa política
de la fuerza gobernante, por un lado, y el carácter imprevisible de Trump, por otro, no dejarán de plantear dilemas y desafíos para Alberto Fernández.
Para el mundillo económico local, la preocupación inmediata pasa por el peligro de que la concepción keynesiana y heterodoxa del gobierno albertista y su confianza
ciega en el rol del Estado para resolver los problemas del mercado degeneren en un exceso de intervencionismo y de regulacionismo estatal.
Si la solución de los problemas argentinos sigue pasando por impuestazos que nos colocan a la cabeza de los países con mayor presión tributaria en el planeta;
si el remedio pasa por burócratas que creen que saben de lo que no saben, de funcionarios que se consideran capaces de regular los costos y las ganancias de cada actividad económica, de cada empresa y de cada
ciudadano, y si -como afirma Juan Carlos de Pablo- seguimos teniendo un Estado convencido de que puede enseñarles a los taxistas dónde levantar pasajeros, la Argentina será una vez más víctima
de su fatal arrogancia.
© La Nación
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