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| Cristina Kirchner |
La designación del ministro de Economía de Alberto Fernández no solo será la noticia más esperada para medir la reacción de operadores económicos
y mercados financieros, sino que también representará una prueba sobre el grado de independencia que el presidente electo podrá exhibir respecto de Cristina Kirchner y de un sector mucho más afín
a una economía intervencionista y cerrada.
Hasta el momento, las señales que sobre su futura gestión viene ofreciendo Fernández tras confirmarse su victoria electoral han distado de ser las esperadas por
quienes quisieran ver a un presidente con un perfil mucho más diferenciado de una compañera de fórmula que parecería tener poder para vetar nombres en el gabinete ministerial y en organismos del
Estado. Aun cuando se trate de versiones no confirmadas, el simple rumor de que Cristina Kirchner haya obstaculizado con éxito la llegada de figuras como Martín Redrado, Florencio Randazzo o Diego Bossio a cargos
de relevancia en el proyectado gobierno de Fernández afecta al presidente electo.
Tampoco genera buena impresión que se le haya tenido que ceder el Ministerio de Defensa al diputado Agustín Rossi para facilitar el aterrizaje de Máximo Kirchner
en la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, que originalmente estaba reservada para el legislador santafesino. O que se le busque un lugar como el Ministerio de Transporte al senador cordobés
Carlos Caserio, luego de que este debiera resignar la posibilidad de comandar al futuro bloque oficialista en el Senado para cederle esa jefatura a su par formoseño José Mayans, que sí es afín al
cristinismo.
Dirigentes albertistas impulsan una particular interpretación. Según ellos, las aparentes concesiones de Fernández a Cristina no constituyen una muestra de debilidad,
sino que responden a la necesidad de fortalecer al Frente de Todos y evitar potenciales divisiones internas que podrían terminar siendo muy lesivas para el futuro presidente y para el país, si al cabo de los
primeros meses de la nueva gestión las cosas no salen como se espera. Especialmente, en el caldeado contexto regional, signado por masivas y violentas protestas sociales como las de Chile o de Colombia.
El propósito de Fernández, de acuerdo con esa lectura desde el albertismo, es comprometer el futuro del cristinismo a la suerte del gobierno nacional.
Uno de los dirigentes más cercanos al futuro presidente, Leandro Santoro, plantea la controversia en estos términos: "Les recomiendo a los factores de poder real que
dejen de desgastar al gobierno de Alberto antes de que empiece. No sé si son conscientes de que es el último bastión de moderación y racionalidad que le queda al país. Si sale mal, la derecha
y la izquierda se polarizarán inevitablemente".
Dos condicionantes moverían al presidente electo a acercarse a Cristina Kirchner a la hora del armado del poder. Uno es el propio resultado electoral del 27 de octubre, que lejos
de ser lo holgado que esperaba el presidente electo, puso de manifiesto el papel clave de la expresidenta en el triunfo. Otro es la percepción de que no se puede gobernar prescindiendo completamente del cristinismo
y arriesgándose a una prematura ruptura de la coalición, con consecuencias impredecibles.
Pero detrás del deseo de los albertistas de evitar conflictos con la expresidenta, subsisten no pocas dudas. Una de las más simples es la impronta que podría darle
Máximo Kirchner a los futuros diputados oficialistas, cuando durante agosto, en plena campaña electoral previa a las PASO, llamó a no pagarle al FMI. Otra duda es en qué medida una sucesión
de vetos de Cristina Kirchner a propuestas de Fernández no profundizará la desconfianza y no ayudará a generar una mayor retracción inversora y más incertidumbre económica.
La duda final pasa por los resortes de poder reales que terminará manejando la próxima vicepresidenta de la Nación, además de su fuerte cuota de poder en
el Poder Legislativo y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof. En tal sentido, habrá que prestar especial atención a la forma en que se cubrirán organismos vinculados
con la seguridad y la información, tales como la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), la Unidad de Información Financiera ( UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), y lugares
donde se manejan importantes recursos del Estado, como la Anses y el PAMI. Y un ejercicio no menos interesante será mirar la conducción y la composición de la Comisión de Acuerdos del Senado, que
prestará su acuerdo a las designaciones de jueces.
© La Nación
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