La "lapidación " que ordenó Cristina

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por Laura Di Marco

El kirchnerismo intensifica una operación política y mediática para demoler al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, un juez incómodo para los planes de impunidad de Cristina Kirchner y probablemente para el trío peronista del máximo tribunal que esta semana logró dejarlo nuevamente aislado, aunque paradójicamente más legitimado frente a la sociedad, al convertirse en el único cortesano que votó en contra del escandaloso "salvataje" de la expresidenta que casi consuma el máximo tribunal.

Como ironizó el politólogo Andrés Malamud en un picante tuit: ganó Rosenkrantz 1 a 4. El descrédito social que ganó la mayoría cortesana peronista durante la última semana solo puede equipararse con la deslegitimación que afrontó el propio Rosenkrantz cuando, en 2017, votó a favor de la aplicación del cómputo del "2X1" para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Todo lo que va vuelve entre los dos rivales de este drama, el actual presidente de la Corte y su antecesor, Ricardo Lorenzetti. Un duelo que solo aumenta el otro riesgo país: el riesgo legal.

¿De qué se trata? Es el riesgo que ofrece una Corte Suprema atravesada por las luchas de poder, politizada e impredecible. Precisamente, uno de los obstáculos que vino demorando el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es la precariedad de su sistema judicial. Y el ingreso al organismo es clave para atraer inversiones al país.

Militante de una justicia republicana (porque Rosenkrantz es un militante en esa épica), idealmente desligada de las demandas de gobernabilidad del Ejecutivo, este exmilitante juvenil alfonsinista simboliza la contracara de Zaffaroni, quién se acaba de manifestar a favor de "eliminar" el Poder Judicial. Es decir: ahora ya no se trata de "democratizar" la Justicia, sino de impulsar una reforma constitucional para, eventualmente, preparar el territorio de una imaginada hegemonía cristinista. Para el ala radicalizada de CFK habría que quitar el Poder Judicial para fortalecer el Ejecutivo.

La estrategia de campaña de Cristina incluye, entre otros blancos, esmerilar al principal archienemigo de Lorenzetti, con quién, según coinciden en el Instituto Patria y en el Gobierno, se habría reunido la expresidenta hace poco más de un mes. Para su soñado regreso, el sector más institucionalista -Alberto Fernández, digamos- sueña con ver a Horacio Rosatti, exministro de Justicia kirchnerista, en la silla de Rosenkrantz. En el Gobierno especulan, incluso, con una hipótesis más audaz, aunque no descabellada teniendo en cuenta la última jugarreta fallida: Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, los tres de filiación justicialista, buscarían evitar la foto de otro expresidente peronista en el banquillo de los acusados -o peor, condenado- por asuntos de corrupción. Esta supuesta estrategia podría beneficiar a Carlos Menem por la causa de los sobresueldos, que está por llegar a la Corte. Claro que después del escándalo judicial de esta semana todas estas elucubraciones tienden a revisarse.

"A Cristina le gustaría verlo (a Rosenkrantz) en el banquillo del juicio político", susurran en el Instituto Patria. Este razonamiento simplificado y paranoico podría resumirse así: Rosenkrantz es Clarín porque, en el pasado, fue abogado de ese grupo. El cristinismo suele proyectar en los otros las propias exigencias internas de sumisión, obediencia y lealtad tóxica. Como bien grafica Alejandro Fargosi: "Yo he sido abogado de un montón de empresas a lo largo de mi carrera, pero eso no quiere decir que me hayan comprado el alma".

La estrategia de limar a Rosenkrantz comenzó en el mismo momento de su designación como juez de la Corte y se intensificó a partir de su nombramiento al frente del máximo tribunal, cuando su antecesor movió hilos internos, según afirman fuentes cortesanas, para quitarle facultades administrativas que históricamente habían sido de la presidencia, como la designación de personal. El segundo round sucedió el día que hizo su primer discurso de apertura del año judicial: diez jueces federales decidieron pegar el faltazo a esa ceremonia. "Ese vacío no tuvo tanto que ver con Rosenkrantz, sino con la lealtad que ellos tienen hacia Lorenzetti", resume uno de los magistrados que sí estuvo presente. Aquel 19 de marzo Rosenkrantz asumió una autocrítica profunda. Admitió que el Poder Judicial atraviesa una "crisis de legitimidad", pero fue aún más lejos: "Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana"; "se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho". Precisamente, por ahí arrancó la operación mediática para lapidarlo: sembrando sospechas sobre su integridad, mezclando argumentos verdaderos con falsos, para configurar un supuesto conflicto de intereses entre su rol de supremo y su vida anterior como abogado o apoderado de un gran listado de empresas. Por Twitter, días atrás, se desató una polémica sobre filosofía del derecho e interpretación de reglas procesales entre Andrés Rosler y Osvaldo Pérez Sammartino contra Aníbal Fernández. No hace falta explicar quién ganó.

El kirchnerismo le endilga al presidente de la Corte haber intervenido como juez en causas donde están involucradas empresas de las que él fue abogado. El punto es que, según la regulación que hace el Código Procesal sobre los conflictos de intereses, la incompatibilidad es con la causa, no con el cliente. Fargosi lo explica así: "La excusación corresponde cuando un juez debe opinar en la misma causa en la que antes intervino como abogado. ¿Por qué? La propia Constitución pide, como mínimo, que un juez de la Corte trabaje antes como abogado por un plazo mínimo de ocho años. Pero cuando se llega a la Corte, que es el final de una carrera, se ha trabajado 30 o 40 años como abogado y se ha defendido a cientos de clientes. Es decir, sería contrario al sentido común que, como juez, no pudiera juzgar casos que involucren a esos clientes en aquellos pleitos que no tuvieron nada que ver con él".

Hay que agregar que Macri contribuyó a las dificultades de legitimación de Rosenkrantz cuando, a instancias de uno de sus abogados preferidos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, lo nombró por decreto. Y también el propio Rosenkrantz hizo un aporte a su autolapidación cuando decidió ir a la fiesta de casamiento de la hija de Rodríguez Simón y sacarse fotos con él. Como dice Martín Böhmer: un juez no solo tiene que ser sino parecer". Böhmer fue, junto a Rosenkrantz, Saba y Gargarella, integrante de los "Nino boys", el grupo de jóvenes alfonsinistas referenciados en Carlos Nino, el jurista que convenció a Alfonsín de impulsar el juicio a las Juntas.

El origen del actual presidente de la Corte vuelve más sorpresiva su opinión favorable sobre el fallo que, en su momento, beneficiaba a represores. Pero Rosenkrantz es este tipo de juez, que replica el paradigma de Carmen Argibay: está convencido de que un magistrado está para aplicar las leyes, no para decidir si le gustan o no. El problema es que está rodeado por quienes sostienen la lógica contraria: la de la construcción de poder. ¿Se podrá realmente cambiar y presidir la Corte argentina como si fuera la danesa?

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