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| Por Giselle Rumeau |
Esa falta de contacto con la realidad, o de sentido
común, quedó expuesta el viernes pasado con la polémica decisión de
instrumentar un cobro adicional retroactivo en la tarifa de gas para que los
usuarios compensen a las empresas prestatarias por la devaluación, algo que
finalmente quedó descartado tras el impacto político y el pataleo social.
Pensar, como dijo el secretario de Energía, Javier Iguacel,
que las quejas por los aumentos del gas provienen solo de "militantes
kirchneristas que quieren meter miedo" es no comprender el alcance de la crisis
ni el enojo de ese castigado sector socioeconómico, que representa al 50% de la
población y suele bajar el pulgar a los gobiernos de turnos. Iguacel se cortó
sólo el viernes y emitió la medida sin consultar a su superior, el ministro de
Hacienda Nicolás Dujovne, de viaje por Indonesia, pero recibió el aval del jefe
de Gabinete Marcos Peña y del Presidente.
Lo que resulta increíble a esta altura de los
acontecimientos es que el Gobierno siga, pese a los tropezones constantes, sin
aprender de los errores, sin medir el límite de sus recursos políticos, ni los
costos de sus decisiones. Hubiera alcanzado con consultar al menos a un par de
los miles de asesores que tiene el Estado y pagamos todos. Los
constitucionalistas más importantes del país, los que simpatizan con Cambiemos
y aquellos alineados con la oposición, no mostraron grietas a la hora de opinar
que la resolución de Iguacel era un disparate jurídico. Sin vueltas,
sostuvieron que al avanzar sobre periodos anteriores, la iniciativa viola el
derecho de propiedad -que le garantiza a todo consumidor que su pago de buena
fe y a conformidad de las empresas tiene efecto cancelatorio-; viola la
seguridad jurídica que la Constitución pretende resguardar por su sola
existencia; y viola el artículo 880 del Código Civil y Comercial, que confiere
efectos cancelatorios a los pagos aceptados. En síntesis, no resistía un test
mínimo de constitucionalidad.
No se trata de poner aquí en duda la legalidad del cobro por
parte de las empresas. La Ley 24.076, sancionada en 1992, reconoce a las
petroleras el derecho a percibir la diferencia cambiaria del gas que se vende
en dólares y se cobra en pesos. Incluso, la norma admite que el precio cobrado
queda abierto seis meses más hasta que se calcula cuánto varió el dólar y se lo
suma a la tarifa. En esa línea, es válido que el Gobierno quiera cumplir con la
ley. Hay que cumplirla o modificarla. Incluso, se entiende que existan otros
motivos para que Mauricio Macri pretenda no quedar mal con las productoras: las
inversiones que se esperan en Vaca Muerta provienen de las mismas empresas.
"La energía cuesta y hay que pagarla", repite el Presidente. Y es
cierto. Pero el Gobierno debió buscar otra alternativa para acatar esos
contratos. Una solución que no implique un nuevo golpe al bolsillo, pelado por
la inflación y la recesión brutal, y le evite al mismo tiempo otro costo
político cuando su popularidad ya está por el piso.
Fernando Navajas, economista jefe de FIEL y académico de la
Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Torcuato Di Tella, afirma
que el Gobierno tendría que haber puesto el tema sobre la mesa por lo menos un
mes antes, y contarle a la sociedad que con el esquema anterior "se venía
un San Benito tarifario gigantesco".
"Debió contarle a cara descubierta a la sociedad que la
escalera mecánica de la política tarifaria anterior tenía escondida esta
cuestión de las diferencias entre la facturación (en dólares) y los pagos (en
pesos).Y luego, comprometerse a solucionar el error de la gestión pasada",
destaca.
En esa línea, Navajas considera que Iguacel debió sentarse a
trabajar en tres frentes.
"Primero, renegociar el contrato con los productores para
acordar un dólar intermedio, dado que esto es un caso de fuerza mayor
contractual, que no puede ponerse sobre los hombros de los consumidores",
remarca. A partir de ahí, "anunciar que se quitan todos los impuestos a
esta facturación de las diferencias, algo a lo que no se podrían oponer las
provincias y los municipios, en especial los que ahora protestan en defensa de
los consumidores pero que cobran cargos absurdos a las facturas de gas". Y
en tercer lugar, "tendrían que desarmar la regla decidida en la gestión
anterior de querer usar una tasa de interés de mercado. La tasa tiene que ser
muy subsidiada", concluye.
Si el Gobierno hubiera tenido la capacidad para leer la
realidad social y actuar en consecuencia, no sólo hubiera evitado la
judicialización del tema, con cataratas de amparos por parte de los organismos
de defensa al consumidor y el riesgo de que suspendan los aumentos vigentes
desde el 1 de octubre y se repita el escenario de 2016; también se hubiera
ahorrado el costo político por una medida que generó odio, bronca y sensación
de injusticia entre los ciudadanos que apenas pueden llegar a fin de mes.
Pero eso no es lo peor. Con la resolución polémica, el
Gobierno le dio de comer a quienes dejaron una crisis energética monumental,
que hoy estamos pagando. Y volvió a unir a los peronismos de los distintos
pelajes en el pedido de una sesión especial en la Cámara de Diputados,
destinada a derogar la medida, para el 18 de octubre, el mismo día en que se
trataría en comisión el Presupuesto. Es decir, puso en riego la aprobación de
esa ley crucial para que cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
y la meta de déficit cero.
Como si fuera poco, dejó expuesto el internismo del Gabinete
y abrió una nueva grieta con los socios de Cambiemos, en especial, con los
gobernadores de la UCR, que se sumaron al coro de críticas opositoras, llevaron
una propuesta alternativa y se quejaron por la decisión inconsulta.
El resultado fue el mismo de siempre. Ante el impacto del
escándalo, la Casa Rosada dio marcha atrás y, en este caso, decidió hacerse
cargo del aumento adicional retroactivo. No se le cobrará a los usuarios sino
que lo pagará el Tesoro Nacional a partir de octubre del año próximo en 30
cuotas y por un total de $ 20.000 millones. Es decir, debió hacer lo que no
hizo antes: recurrir a la solución política, escuchar a sus socios y desactivar
el foco de conflicto con la oposición en el Congreso. Lo lamentable es que
ahora sumó una doble derrota. No consiguió lo que pretendía pero igual deberá pagar
el costo político por haberle querido cobrar esa diferencia de manera directa a
los ciudadanos, en medio del ahogo por la crisis.
El ADN del PRO
Así las cosas, ¿por qué el Gobierno juega con fuego? ¿Por
qué comete tantos errores no forzados?
Hay algo que viene con el ADN del PRO. Por tratarse de un
partido que nació en la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo aprendió a gobernar
en minoría pero sin la presión del peronismo, que no tiene en la Ciudad una
gran representación electoral.
Podría decirse también que los errores económicos se deben a
que los técnicos oficialistas son especialistas en economías desarrolladas, y
por lo tanto les falta manejo para los problemas de los países emergentes. La
lenguas filosas aseguran, por caso, que la política monetaria aplicada por
Federico Sturzenegger en el Banco Central era adecuada para Suecia o Finlandia
y no para la Argentina.
El politólogo Sergio Berensztein cree que hay una
acumulación de impericia, indolencia y falta de cintura política. Sobre todo en
el tema de tarifas. "Siempre se fueron a la banquina con eso. Ven la
realidad muy sesgada. Pero en el medio de la recesión y la crisis, esto es una
mancha más al tigre. Confirma la mala praxis y los errores no forzados pero no
los saca de la cancha", le dice a 3 Días.
Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la
Nueva Mayoría, recuerda que el accionar mediante prueba y error fue una
constantes en los ocho años que Macri ocupó en la jefatura de Gobierno porteño.
"Incluso llegó a designar a un ministro de Educación que nunca asumió
porque perdió su apoyo, tal como sucedió con Abel Posse", destaca.
Para el analista, "esta forma de explorar decisiones es
una característica de la personalidad política de Macri". "Fue
creciendo políticamente con esta modalidad y ahora le resulta difícil
cambiarla. Se toma la decisión; si tiene demasiado costo se retrocede, pero si
no es así queda firme. En este caso, la decisión de actualizar retroactivamente
la tarifa de gas se tomó pensando en el compromiso de ajuste con el FMI,
subestimando el costo interno que tendría", remarca.
"El problema -agrega Fraga- es que hasta ahora el
gobierno nunca había enfrentado una situación económica tan difícil, un cuadro
político tan complejo y una situación social tan crítica. Ha cambiado la
situación, y el accionar mediante prueba o error parece tener mayor costo
político que antes. Las crisis suelen estallar por errores de cálculo y esto
ocurrió con las tarifas".
El director de Observatorio Electoral, Julio Burdman,
considera que este tipo de medidas forman parte de un modelo de toma de
decisiones que es poco consultivo. "Creo que está fallando la mirada
política y me hace pensar que este tipo de decisiones son tomadas en forma
bastante restringida, en este caso, entre el Presidente y el titular de la
cartera de Energía. Si esta decisión hubiera sido conversada o consultada con
otros miembros del Gabinete o de Cambiemos, probablemente se hubieran
opuesto", resalta.
Según el politólogo, el aval al aumento adicional
retroactivo del gas es consistente con la convicción del Presidente, del actual
secretario Iguacel y, antes, del ministro Aranguren, de que la energía tiene
que ir hacia un modelo de bajo subsidio y de traslado de costos hacia el
usuario de las facturas, aún cuando el tema de subsidios no mermó en la
Argentina. "Sin embargo, creo que en este caso se trató de un cálculo
difícil de sostener, incluso desde el punto de vista legal. Pero el problema
principal es que se está asumiendo la posición de los proveedores y no de los consumidores
cuando ningún gobierno debería hacer eso", concluye.
© 3Días
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