El juez Bonadio
consideró que la expresidenta y Néstor Kirchner fueron organizadores de una
asociación ilícita.
El juez podría pedir la detención y el desafuero
de la senadora.
de la senadora.
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| Cristina Kirchner |
Judiciales - La
expresidenta Cristina Kirchner fue procesada este lunes por formar parte de una
asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios que ganaban contratos con
el Estado en la causa conocida como los cuadernos de las coimas.
El juez Claudio Bonadio podría pedir además la detención de
la expresidenta y cursar el pedido de desafuero al Senado, un requisito
ineludible para hacer efectiva la prisión preventiva. La decisión quedaría,
entonces, en manos de la mayoría peronista, que deberá definir en los próximos
días el futuro de la posible candidata presidencial.
El juez Bonadio consideró a Cristina Kirchner como una de
las organizadoras de la asociación ilícita junto a su marido, el expresidente Néstor
Kirchner, y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido. También
fueron procesados una decena de exfuncionarios kirchneristas y empresarios de
sectores como obra pública, energía y transporte.
La resolución del juez fue nutrida por información que
aportaron decenas de arrepentidos a la causa, la mayoría empresarios, pero
también funcionarios públicos como José López y Claudio Uberti, ambos acogidos
a la figura de "imputados colaboradores".
La causa de los cuadernos de las coimas comenzó a raíz de
una investigación de La Nación, que
entregó copias de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta,
al fiscal Carlos Stornelli. El caso se hizo público el 1 de agosto, cuando el
juez ordenó una decenas de detenciones y operativos simultáneos en busca de
pruebas a partir de las anotaciones que mostraban en detalle el recorrido de
los sobornos entre empresarios de la obra pública y el gobierno kirchnerista.
El primer arrepentido de la causa fue el empresario Juan
Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux, que admitió los pagos ilegales a
Baratta. Le siguió Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y entonces dueño
de la constructora Iecsa, que también reconoció pagos ante la supuesta coerción
de los funcionarios.
La catarata de arrepentidos alcanzó a dirigentes como Héctor
Zabaleta (Techint), Aldo Roggio (Roggio), Enrique Pescarmona (Impsa), entre
otros. Y se extendió hasta Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de
la Construcción, cuyo aporte de información sobre el mundo de la obra pública
fue clave para comprometer a Cristina Kirchner y De Vido.
Las revelaciones más importantes también llegaron de boca
del exsecretario de Obras Públicas, José López, y del financista Ernesto
Clarens, cuyas declaraciones permanecieron prácticamente en secreto hasta los
procesamientos.
Informe: LN
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