lunes, 17 de septiembre de 2018

COIMAS / PROCESAN A CRISTINA KIRCHNER

El juez Bonadio consideró que la expresidenta y Néstor Kirchner fueron organizadores de una asociación ilícita. 
El juez podría pedir la detención y el desafuero 
de la senadora.

Cristina Kirchner
Judiciales - La expresidenta Cristina Kirchner fue procesada este lunes por formar parte de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios que ganaban contratos con el Estado en la causa conocida como los cuadernos de las coimas.

El juez Claudio Bonadio podría pedir además la detención de la expresidenta y cursar el pedido de desafuero al Senado, un requisito ineludible para hacer efectiva la prisión preventiva. La decisión quedaría, entonces, en manos de la mayoría peronista, que deberá definir en los próximos días el futuro de la posible candidata presidencial.

El juez Bonadio consideró a Cristina Kirchner como una de las organizadoras de la asociación ilícita junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido. También fueron procesados una decena de exfuncionarios kirchneristas y empresarios de sectores como obra pública, energía y transporte.

La resolución del juez fue nutrida por información que aportaron decenas de arrepentidos a la causa, la mayoría empresarios, pero también funcionarios públicos como José López y Claudio Uberti, ambos acogidos a la figura de "imputados colaboradores".

La causa de los cuadernos de las coimas comenzó a raíz de una investigación de La Nación, que entregó copias de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, al fiscal Carlos Stornelli. El caso se hizo público el 1 de agosto, cuando el juez ordenó una decenas de detenciones y operativos simultáneos en busca de pruebas a partir de las anotaciones que mostraban en detalle el recorrido de los sobornos entre empresarios de la obra pública y el gobierno kirchnerista.

El primer arrepentido de la causa fue el empresario Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux, que admitió los pagos ilegales a Baratta. Le siguió Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y entonces dueño de la constructora Iecsa, que también reconoció pagos ante la supuesta coerción de los funcionarios.

La catarata de arrepentidos alcanzó a dirigentes como Héctor Zabaleta (Techint), Aldo Roggio (Roggio), Enrique Pescarmona (Impsa), entre otros. Y se extendió hasta Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, cuyo aporte de información sobre el mundo de la obra pública fue clave para comprometer a Cristina Kirchner y De Vido.
Las revelaciones más importantes también llegaron de boca del exsecretario de Obras Públicas, José López, y del financista Ernesto Clarens, cuyas declaraciones permanecieron prácticamente en secreto hasta los procesamientos.

Informe: LN

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