lunes, 27 de noviembre de 2017

ARA San Juan / Denuncian coimas en la gestión kirchnerista

En 2010, el diputado radical Miguel Giubergia, hizo un pedido de informes sobre los contratos para la reparación del navío.

Miguel Ángel Giubergia
Nacionales - El gobierno contaba con informes clasificados de los organismos de control y denuncias de sus propios legisladores sobre las coimas y sobornos en el Ministerio de Defensa en las contrataciones realizadas durante el kirchnerismo para reparar el submarino ARA San Juan, perdido hace 11 días en el mar argentino.

Esa información explica las tensiones dentro del gobierno y la incomodidad que genera la explosión dentro del submarino confirmada por la Armada, ya que hubo numerosas alertas institucionales sobre los riesgos que enfrentaba la nave por tareas presumiblemente mal hechas o con materiales vencidos.

En 2010, el entonces diputado nacional por el radicalismo, Miguel Giubergia, hoy director del Enacom, pedía explicaciones al gobierno de Cristina Kirchner sobre los supuestos sobornos pagados por las empresas alemanas Hawker y Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006. Se trata de dos de las firmas que se encargaron de reparar el ARA San Juan y en particular las baterías de la nave, donde según confirmaron en la propia Armada, hubo un desperfecto.

En el año en que Giubergia presentó su pedido de informes la ministra de Defensa era Nilda Garré, que fue reemplazada el 15 de diciembre por Arturo Puricelli. Durante el presunto pago de coimas en 2006, Garré también era ministra, ya que ella fue de los ministros que siguieron en su cargo tras el paso de mando de Néstor a Cristina Kirchner. 

En 2010 el entonces diputado radical Giubergia presentó un pedido de informes advirtiendo posibles pagos de coimas a las empresas alemanas Ferrostaal y Hawker, que tuvieron a su cargo la reparación de las baterías del ARA San Juan. En el pedido de informes -al que accedió LPO- Giubergia ya advertía irregularidades en las contrataciones que se habían para reparar las baterías de la flota de submarinos.

El entonces diputado pedía:

- Detalles sobre la modalidad de contratación entre la Armada y la empresa Hawker GMBH (empresa alemana especializada en baterías), por la reparación de baterías del submarino ARA San Juan. Según consta en el documento, la operación costó al Estado argentino unos 5.100.000 euros.

-Detalles sobre el contrato entre Tandanor y la empresa Marlog GMBH (empresa alemana especializada en logística) para la asistencia técnica en la reparación del submarino perdido.

-Detalles del contrato entre la Armada, la constructora alemana FASSMER GMBH y el astillero chileno ASMAR para la construcción de un patrullero océanico multipropósito. En ese punto el diputado radical pedía saber cuál era la relación entre FASSMER y Ferrostaal.

Por entonces, la Justicia argentina había accedido a un documento clave en una investigación sobre supuestos sobornos pagados en 2006 por la empresa alemana Ferrostaal a funcionarios argentinos.

Una declaración del ex directivo de la firma había destapado el caso. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras en Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa.

En un documento que por esos días se incorporó a la causa en poder del juez Ariel Lijo, un ex directivo de Ferrostaal había declarado en la fiscalía de Munich que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al funcionario Parrinella (alias ‘Goldlocke'), colaborador de la Marina, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del Ministerio, especialmente en el área de compras".

"El señor Parrinella -añadió- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers [ex presidente de Ferrostaal en la Argentina] y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma", dice el expediente, según se puede leer en notas de la época.

Esa era la línea de investigación de Giubergia en 2010. El entonces diputado radical seguía la ruta de las coimas. Es decir, que los funcionarios que hoy están al frente del gobierno estaban al tanto de los negociados y contaban con información sensible de los negociados del kirchenerismo en aquellos años de pleno apogeo.

Pero además, la preocupación por el verdadero estado de las baterías del submarino continuó cuando llegó el momento de reparar el ARA San Juan, luego de años de demoras, que acaso contribuyeron a su presunto mal estado.

En La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de dos informes con los que contaba el gobierno, alertando sobre este riesgo. Uno es una investigación interna del Ministerio de Defensa. Y el otro una auditoría de la Sindicatura General (Sigen).

La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores -como Ferrostaal-, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.

"La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", precisaron los investigadores de Defensa.

En la auditoría MD 13776/16, de mayo de 2016, los técnicos de la Sigen, expusieron desvíos en los planes trazados para la ejecución material y presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas demoras permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de garantía", dice el texto citado por La Nación.

Esta crisis evidencia la falta de control político del gobierno sobre lo que ocurre en Defensa, algo que deja en mala posición al ministro Oscar Aguad. Los mecanismos de control del Estado funcionaron, también el rol de contralor de la entonces oposición en el Congreso. Lo que no hubo fue una decisión política consecuente sobre el tema.

En ese escenario, con la información que tenía el gobierno, sorprenden las declaraciones de Mauricio Macri del viernes, cuando en el edificio de la Armada y acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que el submarino estaba en "perfectas condiciones" para navegar.

El sábado, en el programa de Mirtha Legrand, Elisa Carrió buscó dejar en claro su posición respecto de las condiciones del ARA San Juan para navegar. "Llamé a Marcos Peña y le dije que me diga la verdad y me dijo que el submarino tenía aprobación técnica para salir", dijo la diputada y agregó: "A mí me interesa que se investigue la reparación de término medio".

Informe: LPO

0 comentarios :

Publicar un comentario