domingo, 22 de octubre de 2017

Una vuelta de tuerca que obliga a revisar todo

Por Jorge Fernández Díaz
Se necesita un investigador histórico con pulso de novelista policial para escribir el libro de este viernes electrizante en que sobrevino la veda política y comenzó la autopsia, con ciudadanos sometidos desde temprano al suspenso y a la angustia del voto bajo emoción violenta, la toma de una municipalidad a manos de un grupo armado con piedras y molotov, la brusca confirmación de que el muerto era quien parecía, las acusaciones doloridas y rabiosas de los familiares de la víctima contra el propio presidente de la Nación, el fracasado intento de generar una rebelión popular contra la "dictadura" del gobierno constitucional, y en los estertores de la jornada, la gran vuelta de tuerca: el cuerpo por fin habló y dijo que no tenía signos de ahorcamiento, ni de golpes, tormentos, tiros o puñaladas, y que posiblemente Santiago Maldonado se ahogó hace dos meses y medio en las heladas aguas del Sur.

A partir de este desenlace de rigor científico, habrá que revisar todo de nuevo. Con prudencia y escrupulosidad, pero también con determinación: el montaje político y mediático que se desplegó mientras se llevaba a cabo la campaña electoral, los prejuicios y las mentiras que se profirieron como verdades absolutas, los errores tácticos de una administración poco acostumbrada a lidiar con estos menesteres, el zigzagueante y a veces calamitoso servicio de justicia y la gravísima actuación de una organización indigenista con rasgos insurreccionales que no reconoce la Constitución nacional ni la democracia argentina ni el Estado de Derecho, que es apoyada alegremente por el trotskismo y por una progresía hueca, y que para algunos cristinistas trasnochados representa incluso una luminosa vanguardia revolucionaria, entroncada con los chavismos "emancipadores" de América latina.

Habrá que aguardar con paciencia los resultados finales de los peritajes y el dictamen del nuevo juez de la causa, pero prima facie para la opinión pública el concepto "desaparición forzada" se licuó en una sola noche, la conjetura de que el cadáver fue "plantado" perdió consistencia, el testigo que vio cómo los gendarmes presuntamente lo subieron a una camioneta corre el riesgo de ser acusado de "falso testimonio" y la sospecha de "encubrimiento" pasó como un rayo de las fuerzas de seguridad a la "resistencia mapuche". Que a todas luces puso obstáculos para la instrucción de la causa desde el primer segundo. Y a cuyos miembros ciertas autoridades, organismos de derechos humanos y una parte de la sociedad les perdonaron camelos, intimidaciones, ataques, vandalismos, trampas, bloqueos, armas blancas y capuchas en el contexto de una pesquisa de dimensión humana y relevancia institucional. Es imborrable la escena de fanáticos embozados, con palos y cuchillos, vigilando con la anuencia del Poder Judicial a los buzos y a los bomberos que rastrillaban el río Chubut en busca de Maldonado.

Entre los adoradores descerebrados de lo "políticamente correcto", los alienados del neosetentismo y los militantes que trabajan para el helicóptero, las evidencias recogidas no significan mucho; aquí funcionará siempre lo religioso. Que nunca un peritaje te arruine una buena conspiración: si los gendarmes no hubieran actuado en el terreno, la víctima jamás habría tenido que escapar y, por lo tanto, no se hubiera ahogado. No importa si el asunto es doloso o culposo, o si se trata de un accidente fatal; la Gendarmería lo mató, y lo hizo porque vivimos bajo un Estado terrorista, y porque Macri es Massera. Esa desmesura simplificadora juega con los traumas de nuestra historia más ominosa, pero no reconoce ningún matiz. Para empezar, una cosa era un crimen cometido por un puñado de integrantes de una fuerza de seguridad, al estilo a que nos tienen lamentablemente acostumbrados ciertas policías, y al modo en que se producen en muchos países dentro de sus propios ejércitos. Y otra muy diferente era pretender que estábamos en presencia del comienzo de un plan sistemático, como se sugería o directamente se proclamaba: este programa económico sólo cierra con represión, decían, y entonces imaginaban un secuestro seguido de tortura y muerte, al estilo régimen militar, que por supuesto se perpetraba con la complicidad manifiesta del Poder Ejecutivo.

El oficialismo habría podido ahorrarse días de jaqueca si desde el inicio de los acontecimientos hubiera puesto preventivamente en disponibilidad a los efectivos, aunque luego los rehabilitara si eso correspondía. También si Macri hubiera tejido una relación personal con la familia Maldonado, a la que debió contener y consentir desde el primer instante; aun en su polémico reclamo de formar una comisión internacional que despejara dudas: si temía una infección del militantismo kirchnerista, tenía las chances de aportar a esa empresa expertos propios incuestionables, como Ricardo Gil Lavedra. Pero el caso no movía el amperímetro de las encuestas y entonces el macrismo se confió y se contentó con ser un auxiliar de los tribunales; dejó crecer así el asunto, hasta que éste cobró visos de crisis política. Cambiemos debe reflexionar profundamente acerca de todo este episodio, más allá de que los números comiciales le terminen dando un triunfo y le borren el mal sabor. No todas las preocupaciones del "círculo rojo" son irrelevantes, es imperioso confeccionar un protocolo sensible alrededor de los derechos humanos del presente, deben estudiar cómo relacionarse con la saga interminable del extremismo indigenista (preguntar al gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet) y están obligados a calibrar con sumo cuidado demandas contradictorias: restituir el orden en rutas y calles, hacerlo con estas imperfectas fuerzas uniformadas y no producir, por el camino, errores mortales ni violaciones a la ética o al Código Penal, porque sus propios simpatizantes no están dispuestos a perdonar torpezas ni a convalidar transgresiones luctuosas.

A pesar de que los tristes sucesos de la Patagonia no guardaban relación alguna con la clásica protesta social ni con su denunciada "criminalización", sino más bien con un fenómeno completamente nuevo y exótico (Resistencia Ancestral Mapuche), los kirchneristas usaron a Maldonado como piedra arrojadiza contra la Casa Rosada, se solazaron en su consignismo machacón, jamás condenaron la naturalización de la intifada frecuente, se asociaron de hecho con los violentos del Pu Lof y se expresaron muchas veces por boca de dirigentes humanistas con camiseta partidaria, siempre más interesados en el "proyecto nacional y popular" que en la verdad de los datos. Estos personajes no se escandalizaron tanto por la muerte de Mariano Ferreyra, ni por la desaparición aún hoy impune de Julio López, o las tragedias de Luciano Arruga y Daniel Solano. Tampoco pusieron tanta energía en forzar la renuncia de César Milani, hoy detenido por crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto, fueron incapaces de repudiar a su jefa idolatrada cuando ésta declaró desaprensivamente que Nisman se había quitado la vida y también que había sido asesinado, y cuando más tarde ordenó una feroz campaña para vejar la memoria de la víctima, en uno de los procesos más crueles y siniestros que se hayan dispuesto desde el Estado. La contaminación de aquella escena del crimen, su chapucería sanguinolenta y sus peritajes sospechosos contrastan con el silencio prudencial del Presidente, la firme decisión de "no matar al muerto" y la cuidada autopsia de doce horas que parece darle un vuelco asombroso a esta novela negra llamada Argentina.

© La Nación

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