El presidente español
comenzó la aplicación del artículo 155
y decretará la disolución del Parlament
catalán.
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| Mariano Rajoy intervino Cataluña, decretará la disolución del Parlament y procederá a elecciones en el plazo más breve posible. (Foto / El Mundo) |
Mundo - El
Consejo de Ministros ha acordado proponer al Senado el cese del presidente de
la Generalitat, Carles Puigdemont, el del vicepresidente, Oriol Junqueras, y el
de todos los consejeros del Govern. Mariano Rajoy asumirá directamente la competencia
de decretar la disolución anticipada del Parlament de Cataluña o el fin de la
legislatura así como la convocatoria de elecciones autonómicas. La convocatoria
de comicios debería producirse en un plazo que no exceda los seis meses. Así,
de agotarse el mismo, las urnas en Cataluña se abrirían el próximo mes de
junio.
No obstante, el propio Rajoy ha señalado que su intención,
si las circunstancias lo permiten, es la de proceder en el plazo más breve
posible a convocar a los catalanes a los comicios. Para que ello pueda
producirse deben darse antes las condiciones de vuelta a la legalidad y de
normalización de la convivencia adecuadas.
La Administración de la Generalitat continuará funcionando
como tal y ejerciendo sus funciones ordinarias bajo las directrices de los
órganos o autoridades que el Gobierno de la Nación cree o designe en
sustitución de sus actuales responsables políticos. Hay que tener en cuenta que
con el cese de los consejeros deben abandonar también sus cargos el personal
eventual de confianza que estos hubieren nombrado.
Existen dos ámbitos sobre los que el Ejecutivo central
reforzará y extremará el control. Son las áreas de Seguridad, Hacienda y
telecomunicaciones. Para ellas se establecen "medidas singulares"
porque se consideran clave para la aplicación completa del artículo 155. Así,
el Gobierno central podrá dictar instrucciones directas y de obligado
cumplimiento a los Mossos d'Esquadra e incluso acordar el despliegue de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. En el caso de
incumplimiento se exigirá responsabilidad administrativa sin perjuicio de
reclamar también responsabilidades patrimoniales, contables o penales.
Por lo que se refiere al área de la gestión económica,
financiera, tributaria y presupuestaria, el Gobierno central garantizará la
totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del
estado a la Comunidad, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o
dependientes de la misma y de su sector público empresarial a fin de que no se
destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista. Igualmente
garantizará que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier
título no se destinen a fines que contravengan las medidas adoptadas por el
artículo 155. En definitiva, el Ejecutivo asume por completo el control de los
ingresos y gastos de Cataluña.
El Gobierno propondrá asimismo al Senado que una de las
medidas a aplicar en Cataluña sea que el presidente del Parlament no pueda
proponer candidato a la Presidencia y que el Parlamento catalán no podrá
celebrar votación de investidura ni mociones de censura.
Todas estas medidas quedan ahora en manos del Senado. Una
vez aprobadas, tendrán que formar parte de un decreto del Gobierno.
Posteriormente, podrían ser modificadas o ampliadas a petición del Gobierno y
previa autorización nuevamente de la Cámara Alta.
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