lunes, 29 de mayo de 2017

Comunicado Nº 1

Por Gustavo González
Comunicado N° 1:

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires informa que a partir de la fecha todos sus funcionarios deben pronunciar la cantidad de 30 mil desaparecidos y el término “dictadura cívico militar” cuando se refieran al accionar genocida del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Parece una cruel caricatura de los comunicados con los que las dictaduras inauguraban cada nuevo golpe. Pero es, palabras más o menos, el texto de la nueva legislación provincial por la cual se les dice a los funcionarios qué tienen que decir y pensar para no cometer delito.

El flashback se conoció esta semana, aunque la Legislatura votó la ley en marzo. Increíblemente, la noticia pasó sin pena ni gloria, quizá porque la iniciativa fue aprobada por kirchneristas y macristas, y quienes se identifican con ellos eligieron esquivar la polémica al no tener esta vez a un “otro” al que enfrentar.

El proyecto fue presentado por el legislador K Darío Díaz Pérez, y aprobado por ambas cámaras. Todos los macristas votaron el proyecto con la excepción de Guillermo Castello, de la Coalición Cívica.

Se trata de una caricatura orwelliana del horror de la última dictadura, la más sangrienta de todas: un Gran Hermano autoritario que les dice a sus funcionarios las cifras que deben usar, las palabras que deben decir. La dictadura que derrocó a Perón en 1955 prohibió por decreto que se mencionara su nombre. Se debía decir “tirano prófugo”. Durante la dictadura del 76 tampoco se podían mencionar las palabras Montoneros o ERP. Se debía decir “bandas armadas” o “terroristas”. Cuando se vuelve a leer los medios de aquellas épocas, da risa, pero fue una tragedia en la que la razón y la libertad de expresión desaparecieron junto a miles de personas.

30 mil ayer. Cuando en los años 80 marchábamos por la aparición con vida de los desaparecidos, el número que se repetía de boca en boca era el de 30 mil y coincidía con la sensación de que los desaparecidos se contaban por miles.

La dictadura había llevado a cabo un plan para exterminar a todo aquel que considerara “enemigo”. Incluía a combatientes de grupos armados, tanto los que usaban tácticas guerrilleras como terroristas, a dirigentes y simpatizantes de ciertos partidos (en especial, peronistas), a líderes estudiantiles, a gremialistas combativos, a periodistas e intelectuales críticos, a sacerdotes tercermundistas y muchas veces a padres, amigos, hijos o vecinos de todos ellos.

Durante la dictadura, o tras los primeros años después de su final, el país estaba en carne viva y no parecía importar el conteo final de la tragedia.

La Conadep, creada por Alfonsín, tuvo la misión de investigar y dejar registradas todas las denuncias de desaparecidos, con el mayor detalle posible sobre sus identidades, detenciones, testigos y centros clandestinos por los cuales pasaron.

La comisión estaba integrada, entre otros, por Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, monseñor Jaime de Nevares, René Favaloro, el rabino Marshall Meyer y la madre de un desaparecido, Graciela Fernández Meijide. Su trabajo primero y los juicios a los militares después conmovían a diario a una sociedad que, por momentos, parecía regresar de una peligrosa amnesia colectiva, sorprendida por los datos de una tragedia de la cual no había podido, o querido, tener el necesario registro.

La Conadep llegó a verificar la existencia de 380 campos de detención y 8.961 desaparecidos, pero se aceptaba que serían muchos más: si en menos de un año de investigación, y aun con los militares acechando, se había llegado a esa cifra, era probable que con el paso del tiempo el número final fuera muy superior.

Durante años siguieron juicios a militares, leyes de Obediencia Debida y Punto Final, indultos, nuevos juicios. El foco de atención siempre fueron las historias políticas y personales de la represión ilegal, las metodologías utilizadas, la aparición de tumbas colectivas, el reconocimiento de algunos cuerpos, la recuperación de niños apropiados.

El relevamiento de la tragedia era tan profundo que opacaba la trascendencia del número exacto de desaparecidos. Funcionarios, políticos, periodistas, todos, repetíamos la cifra de 30 mil sin la necesidad de comprobación, sino como símbolo de masividad, de drama colectivo, de un Estado que había arrasado, sin juicios ni pruebas, con la vida de miles de personas a las que ni siquiera se les había dado el derecho a la identidad.

30 mil hoy. Pero con el tiempo, investigadores y gobiernos intentaron aproximarse más al número total de víctimas.

En 2009, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, exiliado durante la dictadura, explicó la lógica de la cifra 30 mil: contemplaba el número de centros clandestinos, cantidad de prisioneros y de hábeas corpus, más supuestos informes de la dictadura. Igual, Duhalde afirmaba: “Es lamentable reducir la dimensión de la tragedia a un problema contable”.

Fernández Meijide también relativiza la importancia del número, aunque entiende que la cifra más correcta se acerca a los casi 9 mil desaparecidos de la Conadep. Y sostiene que el número 30 mil surgió de entre los exiliados en España, como una forma de lograr mayor impacto internacional.

En noviembre de 2016, un informe del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, indicó que el Estado guarda datos sobre 6.348 víctimas. Aclara que no se trata de un registro definitivo “en la medida en que se siguen recibiendo nuevas denuncias”.

El periodista que más investigó el tema fue Ceferino Reato. En su libro Viva la sangre, tomó informes oficiales, de la Conadep y un reportaje a Videla en la cárcel. Llegó a la cifra de 7.158 víctimas.

Hace un año, Horacio Verbitsky, titular del CELS, expresó: “El número puede ser muy superior al que está registrado con nombre y apellido. No cuestiono el esfuerzo de precisión. He tenido una polémica con Reato, quien me atribuía sostener el número de 30 mil. Nunca dije eso. He dicho ‘tal número acreditado con nombre y apellido, pero otras fuentes lo elevan hasta 30 mil’. Ahora, es evidente que esa cifra quedó instalada como un lema, un símbolo”.

En agosto pasado, el presidente dijo no tener idea de si los desaparecidos fueron 9 mil o 30 mil: “Es un debate en el que no voy a entrar, una discusión que no tiene sentido”.

¿En qué podría cambiar lo que sucedió si las investigaciones o los registros oficiales indicaran que los desaparecidos fueron más o menos? La respuesta es tan obvia que vuelve frívola la pregunta. Y frivolizar aquella tragedia es muy grave, además de triste.

Pero la ley bonaerense es mucho más grave aún. Porque no sólo le da entidad al número como centro de la tragedia, sino que obliga a repetirlo con fuerza de ley. Es la frivolidad al cuadrado.

Frivolidad y vacío. La ultrafrivolidad es un síntoma de época, de la licuación posmoderna. El “Comunicado N° 1” bonaerense representa la transformación farsesca de lo que fue una tragedia verdadera. Es producto de un proyecto de Díaz Pérez, un odontólogo que en su juventud fue miembro de Acción Católica y durante la dictadura dirigió un club de fútbol en Lanús. Refleja bien el relato de un kirchnerismo que aparenta un pensamiento fuerte, pero es apenas un aggiornamiento hipermoderno de los relatos duros setentistas.

Ese relato kirchnerista se encontró esta vez con el vacío ideológico de un gobierno al que se corre fácilmente con cualquier referencia a la dictadura. El macrismo refleja la posmodernidad retro de sus miembros y de un sector importante de la sociedad. Desde ese vacío y con la culpa de nunca haber enarbolado la bandera de los derechos humanos, se alió en esta iniciativa con el kirchnerismo.

Los líderes políticos son reflejo de la sociedad en la que viven, no podría ser de otra manera. La frivolidad del posmodernismo en sus distintas variantes es la marca inevitable de este tiempo (cada época tuvo su signo, ni mejor ni peor, y la frivolidad siempre estuvo presente aunque fuera más pudorosa). Pero los líderes, al igual que los periodistas y los intelectuales, tienen la obligación de forzarse a profundizar los hechos, sostener un sentido crítico, no guiarse sólo por las encuestas ni por las corrientes políticamente correctas de cada momento.

El riesgo de no hacerlo es bendecir disparates como éste, al que la gobernadora Vidal dejó andar, pero que quizá todavía esté a tiempo de parar.

© Perfil.com

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