domingo, 11 de diciembre de 2016

El gran bazar de la política

Por James Neilson
La llamativamente idiosincrática cultura política nacional es fruto de una verdad revelada: la Argentina es un país rico, tan rico que lo único que tiene que hacer un buen gobierno es repartir lo que Dios le ha dado. Aunque a veces parece que no sólo Mauricio Macri y algunos integrantes de PRO sino también muchos otros entienden muy bien que no es así, que desde hace un par de siglos el nivel de vida de las distintas sociedades depende más de cosas antipáticas como la productividad que de la bondad divina, por su condición minoritaria los representantes de Cambiemos se sienten obligados a respetar la lógica preindustrial del grueso de la clase política que, desde luego, no ha vacilado en aprovechar la debilidad parlamentaria del oficialismo. 

El resultado es que el Congreso se asemeja cada vez más a un bazar colmado de extorsionistas en el que están en venta pedacitos de gobernabilidad.

Según el matutino porteño La Nación, en el primer año de su gestión, el gobierno de Macri tuvo que desembolsar la friolera de 72 mil millones de pesos para asegurarse la colaboración de las diversas facciones opositoras en el congreso y tranquilizar a la oposición extraparlamentaria de los piqueteros, otras agrupaciones “sociales” y, por supuesto, los sindicatos congénitamente peronistas que, luego de décadas de experiencia, son expertos consumados en el arte de regatear. Es una locura, claro está, pero Macri y sus soldados creen que la alternativa sería aún peor, ya que una regla básica de la política argentina es que un ajuste del tipo exigido por los malditos números sería suicida. Lo que compra el Gobierno es protección; no quiere que el país se convierta en una zona liberada para saqueadores politizados disconformes con los subsidios proporcionados por el sistema asistencial existente.

Hay sociedades en que tanto los políticos como la gente de a pie están convencidos de que, por ser sus países naturalmente pobres, permitirle al Gobierno gastar demasiado sería un pecado imperdonable que tendría consecuencias calamitosas. Es por tal motivo que, para frustración de la izquierda, en ciertos países del norte de Europa la mayoría apoya a dirigentes que se jactan de su compromiso con la austeridad. Cuando un partido pierde una elección, los líderes reaccionan confeccionando un “proyecto” de gobierno que sea a su juicio realista y que, esperan, merecerá la aprobación de votantes acostumbrados a castigar a los manirrotos. Aquí, escasean los opositores que piensan así. ¿Por qué perder el tiempo tratando de encontrar soluciones genuinas para los problemas nacionales más urgentes cuando sería mejor negocio hostigar al gobierno de turno, pidiéndole lo imposible, hasta que por fin caiga? Al fin y al cabo, lo que más importa es el poder y la plata que suele acompañarlo.

Si bien, como ocurrió en los meses iniciales de la gestión de Fernando de la Rúa, muchos opositores actuales se afirman resueltos a “colaborar” con un presidente no peronista, el precio de su presunta buena voluntad sigue aumentando. Puesto que la temporada electoral formal ya ha comenzado, es de prever que el costo de la paz social y política trepe mucho más en los meses venideros. Está en lo cierto Marcos Peña cuando advierte que “nuestro déficit fiscal no es sostenible a mediano plazo”, pero sucede que aquí es normal prolongar lo insostenible hasta que un buen día todo se venga abajo. Los más perjudicados por los desastres cíclicos resultantes no son los políticos que los provocan sino los más vulnerables que ya se cuentan por decenas de millones.

Por su ejemplo los políticos, habitantes ellos del país rico del gran mito nacional que le dio su nombre, han contribuido enormemente a inflar el gasto fiscal. Ya antes de otorgarse hace poco los senadores y diputados un aumento que les permitirá cobrar 85.000 pesos de bolsillo que, suplementados por ingresos no remunerativos, llegarían a los 141.000 pesos mensuales, se había estimado que la mitad de la población ganaba menos del diez por ciento de lo cobrado por un político del montón. Pero, por ser personas solidarias por vocación, los “dirigentes” creen que todos merecerían compartir su buena fortuna, de ahí la manía de mejorar, por decirlo de algún modo, los proyectos de ley que les envían el Poder Ejecutivo para que los demás se vean beneficiados.

Uno de los más activos en tal sentido es, cuándo no, el peronista cismático Sergio Massa que, con astucia, se las ha arreglado para dotarse de la imagen de ser un dirigente moderado y generoso, amigo de los pobres y los trabajadores, que nunca soñaría con hacer algo realmente irresponsable pero que así y todo se encarga de modificar casi todo proyecto que llega a Diputados. Su tema favorito es lo terriblemente injusto que es el impuesto a las Ganancias, un gravamen cuya mala fama se debe en buena medida a su nombre: en otras latitudes la llaman el impuesto a los ingresos. Aunque, como nos recordaba Cristina, se trata de un impuesto progresivo y por lo tanto, sería de suponer, progresista, muchos opositores, entre ellos kirchneristas presuntamente arrepentidos, lo tratan como si fuera una aberración neoliberal para entonces declararle la guerra con el propósito de eliminarlo por completo. Es verdad que aquí la presión tributaria es muy grande, pero nadie puede ignorar que reducirla de golpe tendría consecuencias sociales devastadoras.

A los mercaderes que pululan en el bazar político nacional no les preocupa el desfinanciamiento de un Estado destartalado que ya se ha visto absurdamente sobredimensionado pero que todos los meses crece un poco más; a su entender, al Gobierno debería serle fácil encontrar otras fuentes de dinero como el juego, el campo y las empresas mineras, además del endeudamiento. Tampoco les preocupa que los gobernadores peronistas se sientan alarmados por la proliferación de maniobras que, de prosperar, los privarían de recursos que necesitan.

Huelga decir que Massa no es el único opositor que quiere ayudar a Macri haciéndole la vida más difícil. Para que no pensara en intentar nada drástico, virtualmente todos, incluyendo a las moralistas rivales Margarita Stolbizer y Elisa Carrió, están esforzándose por bajarle las ínfulas, tratándolo como un corrupto nato, un liberal despiadado o un inepto que no entiende nada de los códigos políticos nacionales. Tal actitud puede entenderse. Sería tan difícil concebir una estrategia socioeconómica que fuera a un tiempo realista y políticamente viable -tarea ésta que en circunstancias similares emprenderían sus equivalentes más sensatos en el mundo desarrollado-, que es comprensible que las diversas facciones opositoras hayan preferido dedicarse a presionar al Gobierno para impedirle tomar las medidas que serían precisas para que la Argentina levantara cabeza.

Felizmente para el Gobierno, parecería que una proporción muy significante de la población del país reconoce que, sin cambios sustanciales, la economía no podrá salir del letargo en que se encuentra desde hace cinco años y que, por decepcionantes que hayan sido hasta ahora los resultados concretos, el rumbo elegido por los macristas es más promisorio que los insinuados por aquellos opositores que, en el fondo, son conservadores aferrados al statu quo corporativista que están más interesados en defender el viejo orden que en dejar atrás más de medio siglo de decadencia.

Conforme a las encuestas de opinión que se han realizado para el primer cumpleaños del gobierno de Cambiemos, a pesar del desplome del consumo y otras malas noticias, más del cincuenta por ciento de los consultados aprueba lo que vienen haciendo Macri y su equipo. ¿Es sólo porque le gusta el estilo balsámico, nada agresivo, que ha hecho suyo? Es posible. Por cierto, el que para amortiguar el impacto de la crisis económica en la vida diaria de la gente el Gobierno haya firmado una cantidad astronómica de cheques que podrían resultar incobrables hace pensar que su popularidad relativa depende de la esperanza de que, siempre y cuando no estallen conflictos graves, el crecimiento y el consumo se reanudarán sin que lo que aún queda de la clase media se haya achicado todavía más.

Por motivos que pueden entenderse, Macri no quiere que el populismo omnívoro termine tragando su propio partido, PRO, o la coalición Cambiemos de la que es el núcleo, como hizo con la UCeDe y otras agrupaciones de principios parecidos, razón por la que le molestó la sugerencia del diputado Emilio Monzó de que incorpore a sus huestes a peronistas como Florencio Randazzo. Supone que pactar así con el pasado sólo serviría para frenar el programa reformista que tiene en mente para que todo siguiera igual. Puede que esté en lo cierto; lo último que necesita el país es más de lo mismo. Con todo, a juzgar por lo sucedido en el primer año de los cuatro que el electorado le dio, a menos que Macri consiga persuadir a la mayor parte de la oposición de que en última instancia todos los políticos democráticos compartan la responsabilidad por los destinos del país, no le será posible hacer mucho para impedir que, una vez más, un intento de corregir los errores cometidos por varias generaciones de dirigentes tenga un final catastrófico. Después de todo, se quedan cortos quienes hablan de lo bueno que sería declarar una “emergencia social”; el país está sufriendo una desde hace muchísimos años.

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