sábado, 7 de mayo de 2016

UNGASS 2016: ¿Estamos preparados?

Por Alicia Ciciliani (*)

Los debates vinculados a la despenalización del consumo de drogas y el uso médico de la marihuana reflejan nuevos horizontes que atraviesan la problemática de la droga, no sólo en la Argentina, en el Mundo hay una necesidad de encarar este tema desde otro paradigma jerarquizando la salud y los derechos humanos.

Las personas de menores recursos, que recaen en la necesidad de acudir al narcomenudeo, se imponen como el eslabón más débil en esta cadena de intercambios. Si miramos la composición de nuestros presos en las cárceles, son mayormente jóvenes y pobres. De modo que las políticas actuales terminan con el sujeto más débil, que es el más visible y el más fácil de perseguir, sin alterar realmente las estructuras criminales, permitiendo el avance de los grandes productores y traficantes. Atacando este eslabón no vamos a tener resultados sólo obtendremos encarcelamientos masivos, incrementando el número de víctimas.

Asimismo, me gustaría hacer énfasis en la palabra “guerra contra las drogas” que impulsó el Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon en los ´70, imponiendo una perspectiva punitiva y represiva que en América Latina sólo logro perseguir y encerrar a los destinatarios últimos, a mulas y consumidores. Bajo la premisa de “guerra” se han permitido violaciones a los Derechos Humanos con intervención de la DEA y las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Considero que la lucha contra el narcotráfico en términos de “guerra”, está perdida. Hemos visto cómo, desde que fue declarada la batalla hasta el momento, nada ha cambiado o más bien ha empeorado, siguen cayendo personas en las garras de asociaciones criminales y delictivas que han alcanzado tanto poder como dinero han obtenido, permitiendo que la droga se filtre en la democracia de algunos países financiando Estados corruptos. En las últimas décadas el abordaje militarizado ha generado altos niveles de violencia y sirvió para impulsar políticas públicas de mano dura. Este enfoque ha causado más daño, violencia y muertes que las sustancias ilícitas mismas.

Un informe de WOLA, Washington Office on Latin America, sobre Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento permite visualizar cómo en nuestro país, al igual que en Brasil y Costa Rica, “el 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas”, la mayoría con bajos niveles de estudio, que cumplen el rol de jefas de hogar y en situaciones de gran pobreza. Estas mujeres son utilizadas como correo humano, mulas o venta al menudeo, que se someten ante la necesidad de una salida laboral, y es sobre quienes tienen mayor impacto las leyes de mano dura. En Argentina, en el periodo 1989 a 2008 aumentaron en un 271% los encarcelamientos como consecuencia de la aplicación de penas desproporcionadas. Mientras se incrementa la población encarcelada por delitos no violentos, las organizaciones criminales a cargo del tráfico de estas sustancias no solo no han sido debilitadas sino que han demostrado su gran capacidad de penetración en distintos ámbitos de las instituciones estatales.

Sin embargo, existe un amplio consenso internacional creciente a nivel mundial que está augurando un nuevo paradigma, una nueva perspectiva asoma y propone revertir este planteo punitivo y persecutor del consumidor hacia uno de contención sanitaria y educacional que aborde la complejidad de la situación. Que permita contemplar a los consumidores en campañas de prevención y tratamiento, considerarlos como pacientes en vez de criminales. El acceso a un servicio de salud adecuado es uno de los mayores desafíos.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2015 de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, un número importante de consumidores pierde la vida por la falta de atención a situaciones que son fácilmente prevenibles. El gasto mundial en represión a las drogas ronda en 100 billones de dólares, mientras que sólo 1 de cada 6 personas que tienen un uso problemático con las drogas logran acceder al sistema sanitario. Asimismo, la producción de opio alcanza sus niveles más altos en los últimos 30 años, pero hay 5.5 millones de pacientes de cáncer terminal no tienen acceso a medicamentos derivados del opio. Y casos como el de la fiesta electrónica Time Warp reflejan el incremento constante de sustancias psicoactivas que se distribuyen y comercializan a gran escala.

En estos momentos, en Nueva York, a pedido de los expresidentes de Colombia, Guatemala y México, se está desarrollando a una sesión especial sobre drogas para evaluar el avance del narcotráfico y las fallas que reflejan las políticas actuales. Esta Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS en inglés) sesionará por primera vez en 20 años sobre “la guerra contra las drogas y la necesidad de un cambio de paradigmas”. Los 193 países miembros de la ONU decidirán las bases de un nuevo enfoque a nivel mundial, que revea la política actual y plantee nuevas metas que permitan afrontar de manera más eficiente la problemática.

En América Latina, Uruguay se está acercando a nuevas posibilidades, la experiencia de 2013 con la legalización de la marihuana se inscribe en esta tendencia que propicia un cambio de paradigma.

Es el momento de empezar a pensar soluciones para afrontar la gravedad del problema que tenemos hoy, con un enfoque estratégico que permita abordar un tema tan complejo. La Argentina tiene la oportunidad de reformar el paradigma represivo imperante denominado “Guerra contra las drogas” y caracterizado por la criminalización y el castigo, para avanzar hacia un nuevo régimen de control priorizando la salud y los derechos humanos. ¿Estamos preparados?

(*) Diputada nacional por el Partido Socialista

© La Vanguardia

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