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| Por Alicia Ciciliani (*) |
Los debates vinculados a la despenalización del consumo de
drogas y el uso médico de la marihuana reflejan nuevos horizontes que
atraviesan la problemática de la droga, no sólo en la Argentina, en el Mundo
hay una necesidad de encarar este tema desde otro paradigma jerarquizando la
salud y los derechos humanos.
Las personas de menores recursos, que recaen en la necesidad
de acudir al narcomenudeo, se imponen como el eslabón más débil en esta cadena
de intercambios. Si miramos la composición de nuestros presos en las cárceles,
son mayormente jóvenes y pobres. De modo que las políticas actuales terminan
con el sujeto más débil, que es el más visible y el más fácil de perseguir, sin
alterar realmente las estructuras criminales, permitiendo el avance de los grandes
productores y traficantes. Atacando este eslabón no vamos a tener resultados
sólo obtendremos encarcelamientos masivos, incrementando el número de víctimas.
Asimismo, me gustaría hacer énfasis en la palabra “guerra
contra las drogas” que impulsó el Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon
en los ´70, imponiendo una perspectiva punitiva y represiva que en América
Latina sólo logro perseguir y encerrar a los destinatarios últimos, a mulas y
consumidores. Bajo la premisa de “guerra” se han permitido violaciones a los
Derechos Humanos con intervención de la DEA y las Fuerzas Armadas en asuntos de
seguridad interior. Considero que la lucha contra el narcotráfico en
términos de “guerra”, está perdida. Hemos visto cómo, desde que fue declarada
la batalla hasta el momento, nada ha cambiado o más bien ha
empeorado, siguen cayendo personas en las garras de asociaciones
criminales y delictivas que han alcanzado tanto poder como dinero han
obtenido, permitiendo que la droga se filtre en la democracia de algunos
países financiando Estados corruptos. En las últimas décadas el abordaje
militarizado ha generado altos niveles de violencia y sirvió para impulsar
políticas públicas de mano dura. Este enfoque ha causado más daño,
violencia y muertes que las sustancias ilícitas mismas.
Un informe de WOLA, Washington Office on Latin America,
sobre Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento permite visualizar cómo en
nuestro país, al igual que en Brasil y Costa Rica, “el 60% de la población
carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con
drogas”, la mayoría con bajos niveles de estudio, que cumplen el rol de jefas
de hogar y en situaciones de gran pobreza. Estas mujeres son utilizadas como
correo humano, mulas o venta al menudeo, que se someten ante la necesidad de
una salida laboral, y es sobre quienes tienen mayor impacto las leyes de mano
dura. En Argentina, en el periodo 1989 a 2008 aumentaron en un 271% los
encarcelamientos como consecuencia de la aplicación de penas desproporcionadas.
Mientras se incrementa la población encarcelada por delitos no violentos, las
organizaciones criminales a cargo del tráfico de estas sustancias no solo no
han sido debilitadas sino que han demostrado su gran capacidad de penetración
en distintos ámbitos de las instituciones estatales.
Sin embargo, existe un amplio consenso internacional
creciente a nivel mundial que está augurando un nuevo paradigma, una nueva
perspectiva asoma y propone revertir este planteo punitivo y persecutor del
consumidor hacia uno de contención sanitaria y educacional que aborde la
complejidad de la situación. Que permita contemplar a los consumidores en
campañas de prevención y tratamiento, considerarlos como pacientes en vez de
criminales. El acceso a un servicio de salud adecuado es uno de los mayores
desafíos.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2015 de la Oficina
contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, un número importante de
consumidores pierde la vida por la falta de atención a situaciones que son
fácilmente prevenibles. El gasto mundial en represión a las drogas ronda en 100
billones de dólares, mientras que sólo 1 de cada 6 personas que tienen un uso
problemático con las drogas logran acceder al sistema sanitario. Asimismo, la
producción de opio alcanza sus niveles más altos en los últimos 30 años, pero
hay 5.5 millones de pacientes de cáncer terminal no tienen acceso a
medicamentos derivados del opio. Y casos como el de la fiesta electrónica Time
Warp reflejan el incremento constante de sustancias psicoactivas que se
distribuyen y comercializan a gran escala.
En estos momentos, en Nueva York, a pedido de los
expresidentes de Colombia, Guatemala y México, se está desarrollando a una
sesión especial sobre drogas para evaluar el avance del narcotráfico y las
fallas que reflejan las políticas actuales. Esta Sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (UNGASS en inglés) sesionará por primera vez en
20 años sobre “la guerra contra las drogas y la necesidad de un cambio de
paradigmas”. Los 193 países miembros de la ONU decidirán las bases de un nuevo
enfoque a nivel mundial, que revea la política actual y plantee nuevas metas
que permitan afrontar de manera más eficiente la problemática.
En América Latina, Uruguay se está acercando a nuevas posibilidades,
la experiencia de 2013 con la legalización de la marihuana se inscribe en esta
tendencia que propicia un cambio de paradigma.
Es el momento de empezar a pensar soluciones para afrontar
la gravedad del problema que tenemos hoy, con un enfoque estratégico que
permita abordar un tema tan complejo. La Argentina tiene la oportunidad de
reformar el paradigma represivo imperante denominado “Guerra contra las drogas”
y caracterizado por la criminalización y el castigo, para avanzar hacia un
nuevo régimen de control priorizando la salud y los derechos humanos. ¿Estamos
preparados?
(*) Diputada nacional por el Partido Socialista
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