La jauría judicial

Por James Neilson

Comenzó por fin la temporada de caza. Hasta los sabuesos más remolones, los que se habían acostumbrado a dormitar en la perrera, limitándose a mover la cola toda vez que se acercaba uno de los dueños para asegurarle que nunca se les ocurriría morderlo, están preparándose para perseguir a los muchos zorros que andan sueltos en el vecindario. 

Como sucedió hace ya más de treinta años, cuando buena parte del país decidió que lo de los derechos humanos no era una vil confabulación urdida por enemigos de la argentinidad como había supuesto sino un asunto muy serio, la familia judicial quiere ponerse a la altura de las circunstancias. Liberados por el presidente Mauricio Macri que jura que respetará a rajatabla la autonomía judicial y azuzados por el jefe de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que hace poco se afirmó “indignado” por la corrupción y el lavado de dinero, para entonces urgirles a sus huestes declarar un “nunca más” para la impunidad, están esforzándose por liderar la cruzada contra el mal.

No les será difícil. A través de los años, distintos miembros de la familia judicial han acumulado cajones llenos de documentos, un sinnúmero de bytes informáticos, testimonios mediáticos y mucho, muchísimo, más. Los kirchneristas les han dejado una multitud de causas jugosas que los mantendrán plenamente ocupados en los meses próximos. Por cierto, disponen de todo cuanto necesitarían para procesar y condenar a penas prolongadas a quienes se las ingeniaron para transmutar poder político en dinero contante y sonante. Algunos, entre ellos Ricardo Jaime y Lázaro Báez, ya están entre rejas. Otros pronto compartirán el mismo destino; Julio De Vido tiene por qué sentirse preocupado. Huelga decir que la presa mayor será Cristina aunque, desafiante como siempre, le cuesta creerlo; sigue confiando en que le permitan zafar lo que le queda de su “carisma”, su elocuencia y el apoyo ruidoso de fieles como aquellos que el miércoles la acompañaron hasta los portones de los tribunales de Comodoro Py.

De todos modos, la verdad es que a los interesados en reafirmar el imperio de la ley nunca les faltó información suficiente como para acorralar a docenas, tal vez centenares, de personajes vinculados con negocios ilícitos. La mundialmente famosa “ruta del dinero K”, con sus bóvedas, cuevas, aeropuertos y desvíos offshore, es de dominio público desde hace tiempo; tal y como están las cosas, pronto será una atracción turística. También son archiconocidos el enriquecimiento explosivo de funcionarios de antecedentes rocambolescos como Jaime, la transformación milagrosa de Báez, un humilde cajero bancario, en un magnate multimillonario, rey de las obras públicas patagónicas y, huelga decirlo, la fortuna personal envidiable que por medios misteriosos se las arreglaron para adquirir Néstor y Cristina en sus horas libres que, según Elisa Carrió y otras damas combativas que, durante años, han manifestado un vivo interés en el tema, supera ampliamente los diez mil millones de dólares.

Pues bien: parecería que, en la Argentina, entre la tolerancia infinita por un lado y la tolerancia cero por el otro no hay más que un solo paso, un clic que pueda modificar todo. Se trata de dos formas de interpretar lo que todos saben. Para que un hecho, por incontrovertible que sea, se incorpore a la realidad nacional, es necesario que encuentre un lugar en el relato imperante. Mientras duró la hegemonía psicológica kirchnerista, la gente, esta aglomeración difusa que incluye a los prohombres de la patria judicial, pudo tratar aquellos hechos que incomodaban a la familia reinante como si fueran ficciones inventadas por reaccionarios malévolos que trabajaban para los buitres norteamericanos y los poderes concentrados nativos. Puede que la mayoría entendiera muy bien que no era así, que la evidencia en contra de los Kirchner y otros protagonistas de la larga década ganada era abrumadora, pero se resistió a dejarse perturbar por dicha alternativa hasta que, el año pasado, el clima político experimentó uno de sus cambios esporádicos.

Por cansancio moral, la sensación de que la economía nacional, conducida por aficionados de ideas raras, estaba por chocar contra un muro y el temor provocado por la agresividad cada vez más delirante de los militantes K, el país optó por probar suerte con un gobierno de ideas muy diferentes de las esbozadas en los sermones casi semanales de Cristina. Así, pues, una realidad se vio reemplazada de golpe por otra.

Para defenderse, la reina destronada y aquellos adherentes que no han querido, sabido o podido acompañar el cambio anímico del resto del país, se aferran al mundo de ayer. Dicen ser blancos de una campaña de persecución política, lo que a su entender significa que son inocentes. No se equivocan por completo: desde su punto de vista por lo menos, absolutamente todo, incluyendo el derecho de los partidarios de una ideología determinada, la suya, a saquear el país en nombre del pueblo, está íntimamente relacionado con la política. Pero, desgraciadamente para ellos, lo que se han propuesto los macristas es despolitizar la Justicia y, en cuanto sea posible, el manejo de la economía y la participación del Estado en diversas actividades culturales.

Si bien tales pretensiones les han merecido las críticas de intelectuales para los cuales las batallas ideológicas siempre han sido tan importantes como eran las teológicas para sus equivalentes del pasado ya remoto, se trata de una versión local de un cambio que está ocurriendo en muchas otras partes del mundo al fracasar, uno tras otro, esquemas voluntaristas impulsados por quienes se creían capaces de planificar un futuro presuntamente mejor. En vez de esforzarse por llenar el vacío con un relato propio, los macristas dan a entender que, en un país pluralista, el Gobierno debería estar por encima de las disputas entre los seguidores de distintas corrientes ideológicas.

En la Argentina, la politización excesiva a menudo ha servido para brindar pretextos para delinquir a los comprometidos con el régimen de turno o sus adversarios. Tanto los represores de la Triple A peronista y la dictadura militar como los terroristas justificaban los crímenes que perpetraban con argumentos políticos que suponían contundentes. Asimismo, luego de convencerse de que para hacer política necesitarían tener muchísimo dinero, Néstor Kirchner y su esposa se pusieron a recaudarlo “para la corona”.

Como no pudo ser de otra manera, la pareja hizo escuela: sus subordinados y socios se pusieron a hacer lo mismo sin que los jefes tuvieran la autoridad moral para pedirles desistir. Por lo demás, es de suponer que aquellos militantes que, a pesar de todo lo ocurrido a partir de las elecciones de noviembre pasado, fantasean con el regreso triunfal de Cristina luego del hundimiento de la dictadura neoliberal macrista, sinceramente creen que la señora y sus familiares amasaron una fortuna con el propósito de ponerla al servicio de un proyecto revolucionario. Tendrían que pensar así por una cuestión de dignidad personal: escasean los dispuestos a apoyar por principio a mafiosos, lavadores de dinero, narcotraficantes y otros de la misma calaña.

Algo similar estaría pasando por las cabezas de aquellos fiscales y jueces que, hasta hace apenas un par de meses, se sentían conformes con la propensión de la Justicia a avanzar con lentitud exasperante, sobre todo cuando una decisión de ir un poco más rápido podría ocasionarles disgustos personales. Atribuirán la morosidad que durante años los caracterizaba no a su propia voluntad de ahorrarse problemas sino a lo difícil que les hubiera sido apartarse de la mayoría de sus congéneres. También pueden señalar que en otros países de tradiciones jurídicas parecidas, como Italia y España, la Justicia es notoriamente letárgica.

Asimismo, aunque muchos fiscales y jueces se supondrán hombres o mujeres de mentalidad independiente que nunca soñarían con dejarse influir por las modas políticas e intelectuales, a juzgar por su desempeño en el transcurso de los años últimos casi todos son tan proclives como los demás a adaptarse al clima predominante. No son los únicos: en todos los países del mundo, los juristas suelen evolucionar como los demás miembros de la sociedad, adoptando con frecuencia posturas que sus antecesores recientes hubieran considerado francamente absurdas frente a asuntos novedosos como “el matrimonio igualitario”, aunque por ser el derecho un ámbito intrínsecamente conservador, los cambios de actitud se demoran bastante, lo que molesta mucho a políticos de ideas supuestamente progresistas.

¿Corren riesgos personales los fiscales y jueces que están hurgando en los negocios de Cristina y otros peces gordos kirchneristas? Algunos temen que sí; ninguno habrá olvidado lo que le sucedió al fiscal Alberto Nisman cuando estaba por llevar al Congreso una denuncia que, en buena lógica –pero no en la lógica de aquel momento–, debería haberse visto seguida por el juicio político de la ex presidenta. Fue por tal motivo que la hija del fiscal Guillermo Marijuan avisó que “ni mi papá ni mi familia nos queremos ‘suicidar’”. Puesto que hay tanto en juego para ciertos personajes, no sorprende del todo que en los medios sociales hayan comenzado a proliferar amenazas de distinto tipo, mientras que los camporistas están tratando de hacer pensar que estarían en condiciones de incendiar el país si un magistrado le “tocara” a Cristina.

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