Periodismo y pauta oficial

LPO recibió un violento ataque por su primicia sobre 

el helicóptero de Dietrich. La discusión de fondo.

Por Ignacio Fidanza

La mejor manera de entablar una discusión real es verbalizar lo oculto incómodo, eso que distorsiona lo que se dice con la presión de lo no dicho. LPO sufrió esta semana un ataque virulento en las redes sociales, motorizado por la impactante primicia del uso del helicóptero presidencial como una suerte de remis aéreo, para acercar al ministro Guillermo Dietrich a su country.

El ataque, como siempre, fue anónimo y su narrativa previsible: Se cuestionaba al Gobierno porque se pretendía conseguir pauta oficial.

“Por decisión del Presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo, para el Estado, no hay medios enemigos ni medios amigos”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al anunciar al inicio del actual Gobierno, el decreto de creación de la Enacom, que descabezó la ley de medios y desactivó la obligación de desinvertir de los grupos Clarín, Telefónica y Vila-Manzano, entre otros.

“El periodismo debe ser siempre independiente y crítico del poder. Esa es su tarea y ese es el sentido que tiene dentro de la democracia”, agregó el jefe de Gabinete, en un discurso que es para atesorar, porque plantea una vara muy alta de convicción republicana.

En plena luna de miel con el electorado, propia de todo inicio de gestión, cuando los medios tienen la pulsión –equivocada- de acompañar el sentir mayoritario destacando lo bueno e ignorando lo malo, ese tipo de pensamientos son fáciles de formular. Pero la verdadera fibra republicana se mide cuando se está bajo la lluvia ácida del periodismo, cuando el Gobierno enfrenta problemas de gestión y casos de corrupción.

La respuesta que vivió esta semana LPO no es alentadora y confirma que el poder tiene una tendencia autoritaria innata, que sólo con instituciones fuertes se puede moderar.

Publicada la primicia de Dietrich, se descargó en Twitter un ataque anónimo feroz contra quien escribe, amparado en usuarios falsos que usan el prestigio de colegas como Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Eduardo Van der Kooy, Jorge Asis y Carlos Pagni. El ataque estuvo coordinado por uno de los colaboradores de Dietrich, que tiene el extraño mote de “influenciador” en las redes sociales.

Lo grave es que como en el kirchnerismo, se pasó de usar un recurso –cuestionable- para manipular climas de opinión en las redes, al ataque directo y personal al periodista. Se suponía que al menos eso iba a cambiar.

LPO sufrió durante los doce años del kirchnerismo escraches anónimos, hackeos, difamaciones y por supuesto una persecución económica total, con el declarado objetivo de Máximo Kirchner de quebrar este medio. Se le cortó toda publicidad oficial y se presionó a los anunciantes privados para que retiraran sus auspicios.

Este medio fue crítico del kirchnerismo desde sus inicios –incluso, cuando Alberto Fernández guionaba algunos editoriales dominicales y Néstor Kirchner sólo recibía buenas noticias-. Ya en ese momento, se alertó sobre la raíz autoritaria de su visión de la prensa, pero tuvieron que pasar años y la pelea contra el campo para que la complacencia de algunos medios empezara a dejar lugar al periodismo real.

Una guerra que no terminó

Cuando LPO empezó a hacer con el nuevo gobierno de Macri lo mismo que hacía antes, periodismo crítico sobre el poder, se nos acusó de “operar” y de ser “golpistas”. Las mismas acusaciones que recibíamos apenas cinco meses atrás. La verdad es que este medio no hizo nada distinto de lo que venía haciendo y lo único que cambió fue el Gobierno.

Pero se entiende la reacción, acaso algunos creyeron que por criticar acciones del gobierno de Cristina Kirchner se había tomado partido en la “guerra de medios”, que Peña dio por clausurada.

El problema, como es obvio, excede a este medio y al periodismo en general y tiene que ver con una división que existe en la sociedad y que hasta ahora el Gobierno –más allá de lo que declama- ha hecho muy poco por atenuar.

Los medios viven de los anunciantes, que a la hora de definir su inversión miran las audiencias. El gobierno de Macri anunció al asumir que se terminarían las groseras discriminaciones del kirchnerismo y se repartiría la pauta oficial según criterios “objetivos” de volumen y target de audiencia.

Una noble idea que a LPO le resultaría muy beneficiosa, porque es un medio líder en información política y tiene un público robusto y auditado por ComsCore, la empresa que el mercado homologó para auditar tráfico en internet. Sería una manera sensata de terminar con años de injusticias y discriminación.

Sin embargo, hasta ahora nada de eso ocurrió. El Gobierno ya lanzó dos campañas –una de prevención del Dengue y otra fomentando el turismo de Semana Santa-, que fueron pautadas con la misma opacidad del kirchnerismo. No se publicaron en internet, como también se había prometido, los montos distribuidos ni a que medios.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, lanzó junto a Marcos Peña un portal de “Gobierno Abierto”, donde prometen publicar toda la información oficial. Una iniciativa loable, pero hasta ahora el detalle de la pauta repartida, no aparece ahí ni en ningún otro lugar.

Durante el kirchnerismo, medios como Perfil o Infobae demandaron al Gobierno por haber sido discriminados en el reparto de la publicidad. LPO no lo hizo por un pudor mal entendido, pese a haber sido incluso más perjudicado, como puede verse en un excelente trabajo de José Crettaz para La Nación que consigna el reparto de esos fondos; o incluso en el disclosure que hizo la ex directora de comunicación de YPF, Doris Capurro, de los 700 millones de publicidad que distribuyó sólo en el 2015 (ver documento adjunto).

LPO no aparece en ninguno de esos listados por la sencilla razón que no tenía pauta del gobierno nacional. Paradójico aunque previsible, en estos días se nos acusó de kirchneristas, ante la publicación de noticias críticas sobre los primeros pasos del Gobierno.

Para el trabajo de auditoría de la pauta kirchnerista Crettaz tuvo el auxilio de dos importantes organizaciones como Poder Ciudadano -su ex presidenta es la diputada macrista Laura Alonso- y la Fundación LED, de la ex diputada Silvana Giudici, que actualmente ocupa un cargo en el Enacom. Se supone que con el cambio de Gobierno no abandonarán su celo investigativo y reclamarán que ahora la pauta se reparta con mayor equilibrio. 

El ajuste

El Gobierno de Macri tuvo hasta ahora con los medios chicos y medianos una dureza que no demostró con sectores más poderosos. Marcos Peña, que es el verdadero ejecutor de la política de medios, decidió cortar toda la pauta oficial bajo el razonable criterio de revisar el desastre que hizo el kirchnerismo.

El jefe de Gabinete denunció que recibió una deuda de más de 800 millones de pesos y anunció que bajaría el presupuesto global a la mitad. Lo curioso es que la actual gestión se abocó a pagar esa deuda –que corresponde centralmente a los medios paraestatales construidos por Cristina-, mientras que aquellos que fueron discriminados durante la década pasada sigueron discriminados.

Los medios se vieron sometidos así, acaso el ajuste más drástico que haya implementado el gobierno actual a un sector, porque redujo el flujo de recursos a cero. Lo hizo mientras lanzaba salvatajes a grandes empresas como La Serenísima y Sancor comprando sus excedentes de leche; o a las grandes bodegas comprándoles vino; o mucho más oneroso aún, manteniendo subsidiado el precio del barril, para beneficio de un puñado de ricas petroleras.

Lo mismo se puede decir del pago a los fondos buitres liderados por Paul Singer, que se alzararán con 160 mil millones de pesos, cristalizando una ganancia de más del 1.500 por ciento; o la eliminación total de retenciones a mineras y buena parte de los productos del campo, al que además se le destinaron de manera directa millones de pesos para su muestra Expoagro.

No se trata aquí de defender medios inviables, sin audiencia y como le gusta decir al Presidente “pautadependientes”. Pero acaso como dijo un importante funcionario, el error fue que “el Gobierno los convirtió a todos en Szpolski”.

La pregunta en todo caso es: ¿Por qué, por ejemplo, hay que subsidiar a sectores poderosos como las petroleras –incluso a costa de agravar la inflación por el precio artificialmente alto de las naftas- y castigar a los medios? ¿Es que acaso un trabajador petrolero despedido vale más que un trabajador de prensa?

No es un secreto que cientos, acaso miles, de periodistas han perdido su empleo en los últimos dos meses. ¿Hay un revanchismo oculto en este peculiar desequilibrio del ajuste?

Y no son sólo los medios kirchneristas los que están en aprietos. Diarios, radios y canales del interior, productoras pequeñas y medianas, portales de información, todos sufren la decisión del Gobierno de “secar la plaza”. Repito, no es el caso de LPO porque este medio no se construyó con el auxilio de la pauta oficial, sino a pesar de esa carencia. Pero esa realidad, lejos de impugnar nuestro razonamiento, lo fortalece.

Porque de lo que aquí se está hablando es de inequidad y de la voluntad o no de reparar esa situación. En estos meses, mientras se “secaba la plaza”, hubo actores poderosos que recibieron beneficios directos, importantes y discrecionales. El fútbol para Clarín, Telefé y América, por ejemplo. Que además lograron desmontar regulaciones adversas y avanzar sobre posiciones de poder real.

Las razones de esta decisión de ser blando con los poderosos y duro con los más chicos, se desconocen. Sin embargo, sería deseable que Macri corrija un rumbo que seguramente no coincide con su visión de lo que debe ser la Argentina.

© LPO