Por Rodrigo Lloret
Tras el macabro plan sistemático de represión y violaciones
a los derechos humanos que se instauró en 1976, la dictadura militar logró
silenciar las denuncias que se producían en el país. Sin embargo, el régimen no
pudo evitar ser desafiado en el exterior por los organismos de derechos humanos
y los exiliados radicados en Europa y en América Latina.
En esa disputa que se
realizaba en el mundo sobre lo que sucedía en la Argentina, los diplomáticos se
convirtieron en una pieza clave del engranaje militar para justificar lo que
explicaron como una “guerra” desatada por “terroristas” y “subversivos” que
organizaron una “campaña antiargentina” desde el exterior.
A pocos días de la conmemoración por el 40° aniversario del
sangriento golpe de Estado es importante dirigir la atención hacia los civiles
que representaron a la última dictadura militar en el Comité de los Derechos
Humanos que sesionó en la sede de Ginebra de la ONU entre 1976 y 1983. Para
lograr ese objetivo, aquí se revelan documentos que han sido desclasificados
recientemente por el Centro de Información de Naciones Unidas (CINU), sede de
la ONU en Buenos Aires, bajo la carátula “Argentina Desaparecidos” y “Derechos
Humanos”.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
fue una subcomisión del Consejo Económico y Social (ECOSOC), fundada el 12 de
agosto de 1947 y funcionó hasta el 15 de marzo de 2006, cuando fue disuelta
tras el nacimiento del Consejo de Derechos Humanos como organismo de la ONU. Tenía
sede en Ginebra, Suiza, y asistía en funciones a la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Estaba
integrado por 53 Estados miembros, no había miembros permanentes y cada año,
aproximadamente, un cuarto de los asientos del Comité eran electos y los
representantes sesionaban por tres años.
Entre 1976 y 1983, en su ámbito se discutieron
denuncias vinculadas a las violaciones de los derechos humanos en varios países
de Sudamérica en los que había gobierno de facto, como en la Argentina, Chile,
Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. También se analizó la situación de
represión en el régimen de apartheid de Sudáfrica, y en otros países, como
Chipre, Siria e Irak. En la mayor parte del periodo de la dictadura argentina
estuvo integrada por Antonio Cassese, de Italia; Nicole Questiaux, de Francia; Sergei
Smirnov, de la Unión Soviética; Muhammad Yussef, de Irak; Monique Schreiber, de
Bélgica; y Benjamín Whitaker, del Reino Unido. Entre 1977 y 1982, cuando la
discusión sobre la situación argentina tomó mayor protagonismo, el holandés Teo
Van Boven fue su director.
El holandés Van Boven reveló que un “rol clave en el plan de
ocultamiento” de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, lo tuvo
el jefe de la misión en Ginebra, embajador Gabriel Martínez. En su declaración
ante el Juicio a las Juntas, Martínez aseguró que la estrategia de la
diplomacia que él representó fue evitar sanciones “desde el punto de vista de
los derechos humanos” para que en la Argentina no se vean “afectados intereses
comerciales, su prestigio internacional y su poder negociador”.
Primeras denuncias
La discusión sobre la situación argentina comenzó en agosto
de 1976 cuando la presión de los exiliados y de países como Francia y Austria
obligó al organismo de Ginebra a pedir un cuadro de situación sobre las
violaciones a los derechos humanos en las dictaduras del Cono Sur. Por
disposición de las Naciones Unidas, las organizaciones que lo redactaron, como
Amnesty International o la Asociación Internacional de Abogados, debieron
evitar cualquier mención directa de los países involucrados. Pero dado el
fuerte rechazo que tuvo el informe en la diplomacia argentina, era evidente que
aludía, en gran parte, a la dictadura de Rafael Videla.
El Comité de Derechos Humanos empezó a recibir informes
sobre desapariciones y torturas cometidas en la Argentina luego de que el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) manifestara su
preocupación ya que debía velar por la seguridad de 16 mil latinoamericanos que
se habían refugiado en la Argentina para escapar de las dictaduras de sus
propios países. El 19 de agosto de 1976, bajo la carátula “Cuestión de la
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, se realizó
una nueva sesión del Comité en la que Van Boven advirtió que el Grupo de Expertos
ad hoc constituido para investigar la situación en Chile ya había elaborado dos
informes acerca de la violación de los derechos humanos en ese país, por lo que
remarcó que había “pasado la hora de limitarse a expresiones de inquietud y
condenación” para “adoptar medidas concretas, quizá mediante una presión
económica a Chile, o prestando ayuda jurídica a las víctimas de la opresión y a
sus familias por conducto de las Naciones Unidas y por otras vías”.
Para 1978 la presión en el Comité de Derechos Humanos,
liderada por Francia, se volvía insostenible para la Junta. Para entonces los
debates reservados salieron de la esfera de Ginebra gracias a la difusión de un
artículo en el diario francés Le Monde escrito por Isabelle Vichniac que hizo
públicas las denuncias contra la Argentina en la ONU. Comenzó así una presión
muy fuerte contra el gobierno argentino y el 13 de septiembre de 1978 Francia
impulsó un nuevo proyecto de resolución en el que se manifestaba “profundamente
preocupada por las alegaciones relativas a la desaparición de numerosas
personas en Argentina”, por lo que “ruega al gobierno argentino que, por
razones humanitarias, dé noticias de las personas señaladas a la atención de
diversos miembros de la Subcomisión cuyas listas han presentado éstos a la
secretaría”. La francesa Questiaux, autora del proyecto, había advertido en la
sesión que tenía “el deber moral” de presentar esa resolución.
La respuesta del gobierno argentino llegó a través del
diplomático Amadeo que dijo que no dudaba de las buenas intenciones de
Questiaux pero “la cuestión está en determinar la forma en que se habrán de
canalizarse los sentimientos humanitarios” a la vez que cuestionaba la
implementación porque aseguraba que “el documento tiene un marcado contenido
político”.
Gracias al respaldo de la URSS y de los países que integran
el Movimiento de los No Alineados, en 1979 la Argentina tenía los aliados
necesarios para mantener las críticas sólo en el seno de la Subcomisión y
consiguió un lugar como miembro del estratégico Comité de Derechos Humanos.
Las “locas de la
Plaza”
La presión de Francia continuó durante 1979, sobre todo,
porque el caso de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, que habían
sido desaparecidas en las Argentina, conmocionaba a la opinión pública
francesa. El 28 de agosto de ese año, la representante Questiaux realizó una
emotiva declaración en la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU,
aclarando que lo hacía en calidad de “testigo, analista y defensora” para
mencionar, por primera vez en ese ámbito de primer nivel internacional a la
figura de las Madres de Plaza de Mayo: “Como a muchos, me han sorprendido las
manifestaciones de las que han llamado ‘las locas de la Plaza de Mayo’. Ahora
bien hace algunas semanas me he enterado de que una de esas mujeres que se
manifestaban para encontrar a su hijo desparecido, había desaparecido a su vez.
Me dije entonces que no cesaría hasta suplir con otra la voz de esa mujer y
que, si iban a desaparecer otras mujeres todavía, deberían saber que sus justas
demandas serían recogidas en todas partes donde pudieran serlo”.
Para 1980 la situación internacional presentará importantes
cambios en el “frente externo” de la dictadura, lo que permite observar una
posible reformulación de su estrategia en el organismo de Naciones Unidas de
Suiza. Por un lado, la situación mejoró para la Junta gracias al apoyo que
obtuvo del nuevo gobierno del republicano Ronald Reagan, que triunfó en la
campaña presidencial de 1980 en los Estados Unidos dejando atrás la postura del
demócrata Jimmy Carter en favor de los derechos humanos como herramienta para
contrarrestar a la URSS en el marco de la Guerra Fría. Por el otro, la
publicación de abril de 1980 del informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, que había recabado documentación sobre la represión
interna en la Argentina durante su visita al país de 1979, obligará al Proceso
a dejar atrás la etapa de menosprecio a las denuncias de violaciones a los
derechos humanos. Para hacer frente a esa situación, la dictadura entendió que
el nuevo contexto internacional le permitía justificar los “excesos” que, según
lo manifestaba, se habían cometido con el objeto de establecer un marco
definitivo para garantizar la paz para todos los argentinos.
Como lo demuestran los documentos de las sesiones reservadas
realizadas en la sede de Ginebra de la ONU entre 1976 y 1983, los diplomáticos
argentinos asumieron la defensa del régimen. Tal como se evidencia en otros
contextos autoritarios, como el nazismo alemán de la primera mitad del siglo
XX, y otras dictaduras sudamericanos de la segunda mitad del siglo XX, los
funcionarios del servicio exterior argentino no eran miembros de las Fuerzas
Armadas pero brindaron su aporte para garantizar la supervivencia de la dictadura.
En ámbitos de negociación internacional, frente a
diplomáticos de otros países y hasta enfrentando a familiares de los
desaparecidos, exiliados del régimen y representantes de los organismos de
derechos humanos, estos diplomáticos argentinos manifestaron su rechazo a los
“terroristas” y a los “subversivos”, pidieron comprensión para la “situaciones
de excepcionalidad” y apoyo para la Junta que buscaba “imponer la paz interna”.
Y, tal como quedó demostrado, no ocultaron su decisión de apoyar a una sanguinaria
dictadura.
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