martes, 29 de diciembre de 2015

Santa Cruz está en rojo y avanzan los despidos

La gobernadora Alicia Kirchner enfrenta varios conflictos 
y ya hay un ministerio tomado por trabajadores.

Alicia Kirchner enfrenta varios conflictos por la falta de
fondos en la provincia de Santa Cruz.
Nacionales - La gobernadora de Santa  Cruz, Alicia Kirchner, anunció que implementará por decreto un  “reordenamiento” de la administración pública y confirmó que los ingresos propios no alcanzan para pagar los salarios, mientas  avanzan los despidos y hay un ministerio tomado desde antes de Navidad.
  
En simultáneo, el intendente opositor de Río Gallegos, Roberto  Giubetich, anunció la declaración de emergencia económica para la  capital provincial debido a las necesidades financieras urgentes  que no podrá afrontar con recursos propios.

Kirchner firmó un decreto que contempla la realización de  una auditoria de los trabajadores de la Administración  Pública provincial: “Hoy no sabemos a ciencia cierta cuántos son”,  sostuvo la gobernadora.
  
Tanto Kirchner como el macrista Giubetich acusaron por la crítica situación del fisco a sus antecesores, por mala administración del erario público e ingreso indiscriminado de personal a la plantilla de trabajadores.
  
Hasta el 10 de diciembre, con un Gobierno nacional afín, tanto el gobierno provincial como los municipios que eran kirchneristas (ocho) recibían asistencia financiera en forma directa por parte de Nación.
  
Hasta el momento no ha existido confirmación alguna por parte de las autoridades nacionales que habrá asistencia para que Kirchner y los intendentes puedan abonar los salarios de diciembre, a principios de enero.
  
Alicia Kirchner, en tanto, enfrenta por estos días varios focos  de conflicto, ante la decisión política de no renovar contratos  que se vencían el próximo 31 de diciembre: afectará a unos 600 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.
  
Un grupo de trabajadores, apoyados por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) tomaron el edificio de la cartera social y permanecen allí desde antes de Navidad: tras un corte de ruta el lunes, se abrió una mesa de diálogo que aún no arrojó resultados positivos.
  
Alrededor de unos cien trabajadores se encontraron el lunes con que se les impidió el acceso al Consejo Provincial de Educación cuando se presentaron a cumplir con sus funciones: les notificaron  del cese de su contrato.
  
Entre los afectados por las cesantías había mujeres embarazadas  y trabajadores que hace cuatro años prestan servicios como  contratados, con renovaciones que se realizaban cada doce meses en  forma casi automática.


Informe: EC

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