domingo, 20 de diciembre de 2015

Cirugía mayor con señales auspiciosas y riesgos latentes

Por Gabriel Profiti
Mauricio Macri decidió abordar todas las asignaturas pendientes de la Argentina y resolverlas de golpe, a su criterio, como un jarabe con mal gusto que se traga rápido. 

Curiosamente pareció haber superado la difícil prueba económica inicial pero tuvo contratiempos políticos.

La controversia entre gradualismo o shock se saldó rápido y al término de la primera semana un grupo de importantes funcionarios se reunió a celebrar en un restorán de Recoleta el saldo del volantazo gubernamental. Para ellos, el balance fue positivo pese a que las consecuencias del drástico cambio de rumbo todavía no están claras.

El principal desafío fue y es la unificación del tipo de cambio. Para los patrones culturales dolarizados argentinos el hecho de que no se hayan formado filas en los bancos ni sensación de caos permitió mostrar que el primer paso salió bien.

Luego de dos días de operaciones en su nueva versión "con flotación sucia" -administrado por el Banco Central-, el dólar cerró por debajo de 14 pesos, es decir con una devaluación significativa respecto de su valor oficial previo, pero sin alcanzar el nivel del "contado con liquidación" que había puesto como referencia el ministro Alfonso Prat Gay al hacer el anuncio.

El gobierno, que ya anunció un crédito del BID de U$S 5.000 millones para apuntalar las reservas, negoció acuerdos con distintas fuentes por un piso de U$S 15.000 millones para administrar el nuevo tipo de cambio con más poder de fuego.

Queda lo más importante: que no haya presión sobre el billete verde cuando el sistema esté plenamente en marcha; que la devaluación incida lo menos posible en los precios y que no signifique poda de salarios.

Después de una reacción dura al anuncio, los gremios más cercanos y más distantes del gobierno evitaron declaraciones de guerra. Mientras las distintas vertientes de las CGT negocian un reunificación, sus referentes coincidieron en pedir un bono navideño.

Pero la conflictividad es uno de los grandes desafíos por delante y diciembre suele ser combustible en la Argentina. En ese marco, el Gobierno sostiene reuniones con formadores de precios y supermercadistas para evitar una escalada inflacionaria en medio de las fiestas.

Por ahora, logró que los laboratorios nacionales anunciaran una rebaja promedio de medicamentos del 7% y que algunas empresas importantes se mantuvieran en el Plan Precios Cuidados. La apuesta más ambiciosa será el llamado a un acuerdo "social" con empresarios y gremios a partir de enero.

En paralelo, se declararon las emergencias energética -por posibles cortes de luz- y en Seguridad, así como la instrumentación de un protocolo para "regular" la protesta social.

Agenda saturada

La batería de anuncios de Macri comenzó con la rebaja de retenciones al agro y a la industria, sectores que se convirtieron en principales sostenes de su gobierno y el economista Jorge Todesca se hizo cargo de recuperar la credibilidad del INDEC.

También oficializó una limitada exención del impuesto a las Ganancias en el aguinaldo y anunció que lo hará permanente para ese nivel de asalariados que perciben hasta 30.000 pesos mensuales en bruto.

Paralelamente, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó que a partir de enero comenzará una más drástica que gradual reducción de subsidios a las tarifas energéticas, cuya instrumentación podría golpear doble con la inflación post devaluación.

Buitres

El próximo paso, señalaron fuentes oficiales a este columnista, será avanzar en un acuerdo con los holdouts para desbloquear inversiones internacionales. Si la decisión es negociar duramente como aseguró Prat Gay la solución no será rápida, pero se desconocen los pormenores de las tratativas que maneja el secretario de Finanzas, Luis Caputo, con el negociador nombrado por el juez Thomas Griesa, Dan Pollack.

En caso de avanzar rápido, Macri requeriría al Congreso la derogación de la Ley Cerrojo que impide negociar con holdouts condiciones más ventajosas que las obtenidas por los acreedores que reestructuraron su deuda en los dos canjes realizados por la Argentina.

Este tema entraría tangencialmente en una negociación más amplia que se abrió en las últimas horas entre oficialistas y opositores, luego de los cortocircuitos surgidos por la designación de dos abogados para la Corte Suprema de Justicia, sin aval del Senado.

De estas cuestiones se habló durante un encuentro público entre el presidente y senadores del Interbloque Federal, pero hay múltiples reuniones privadas. En caso de que avancen, el Presidente convocaría a sesiones extraordinarias.

La agenda inicial incluiría la aprobación del pliego de embajadores y militares para que los primeros puedan iniciar su misión de manera regular, con el aval del Senado, y no por decreto.

El controvertido ingreso de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a la Corte quedaría en cambio para febrero o marzo. El nombramiento "en comisión" de ambos fue una jugada legal, pero políticamente incorrecta y retrotrajo los avances que había logrado Macri con el diálogo político durante el primer fin de semana en el poder. Es más, logró que un kirchnerismo dividido después de la derrota electoral reunificara su voz en contra de la imposición.

Macri también encontró resistencia en la propia Corte y debió dar marcha atrás. Después de reunirse con el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, postergó la jura de Rosatti y Rosenkrantz para febrero y activó el decreto 222/2003, por el cual el Ejecutivo debe dar una serie de pasos formales para la postulación de los candidatos a la Corte.

Este procedimiento lleva un mes y luego el trámite pasaría al Senado. Posiblemente en ese momento sí haya sesiones extraordinarias para avanzar ordenadamente con esos pliegos. El Frente para la Victoria ya anticipó que si juran antes, no avalará su designación.

© NA

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