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| Por Gabriel Profiti |
No se trata de desplegar una moralina de ocasión o de bajar
un mensaje de crisis terminal de la democracia, pero tres de las grandes
noticias de la semana están asociadas a un cuadro de insuficiencia
institucional en el país.
La inédita anulación de las elecciones en Tucumán, el
escándalo que rodeó a la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura y la
dimisión "a futuro" del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt parten
de un mismo síndrome de debilidad democrática.
Como si fuera un partido de tenis, la sociedad argentina ve
pasar acusaciones de un lado y de otro sobre lo ocurrido en Tucumán, donde el
virtual triunfo electoral del oficialismo quedó empantanado en un derrotero
judicial, cuyo desenlace -en tiempo y sustancia- todavía se desconoce.
El oficialismo recurrió al Superior Tribunal provincial,
pero la cuestión parece tener destino de la Corte Suprema nacional y, si no hay
un pronunciamiento antes del vencimiento del mandato del gobernador José
Alperovich, el 29 de octubre, está latente la amenaza oficial de intervenir la
provincia.
"Estamos retornando a épocas predemocrática",
rezongó Cristina Kirchner sobre el fallo de dos jueces del fuero en lo
contencioso administrativo que anuló las elecciones tucumanas y pidió nuevos
comicios, pero sin hacer autocrítica sobre los granos de arena aportados por
ella a esa regresión.
Ella misma estaba haciendo abuso de la cadena nacional en
ese momento. Daniel Scioli mandó decir que estaba afectado por un problema
estomacal pero en verdad prefirió bajarse del acto en La Matanza en el que se
venía un reproche a la Justicia. Según sus colaboradores, el candidato del FPV
busca despegarse del clima bélico contraponiendo "liderazgo y equipo
propios y propuestas" para ganar en primera vuelta.
En la Argentina se hizo habitual que el que pierde una
elección denuncie fraude, pero al mismo tiempo está comprobado que existen
maquinarias desplegadas para restringir con distintas modalidades la libertad
de los electores.
Por más clientelar y tramposo que sea un esquema
eleccionario es prácticamente imposible que marque una diferencia de 110 mil
votos como la que hubo entre Juan Manzur y José Cano en Tucumán, pero al mismo
tiempo poco se ha hecho en todos estos años de democracia para que el margen de
error/ardid se achique.
El escándalo tucumano antecede a las elecciones de Chaco,
donde en las PASO el oficialismo obtuvo una diferencia de más de 20 puntos
sobre el frente opositor liderado por la intendenta radical de Resistencia,
Aída Ayala. No obstante, el viento tucumano también envició a los comicios
chaqueños.
Un mal momento
El caso de los contratos con los que fue beneficiado
Fernando Niembro afecta al gobierno de la Ciudad no tanto por la magnitud del
hecho -que es significativo- sino porque asocia a la administración de Mauricio
Macri con prácticas non sanctas.
Pese a que el Gobierno de la Ciudad alcanzó mejores niveles
de transparencia que el de la Provincia y el de la Nación, la raíz del
escándalo es la opacidad en la administración pública. En este caso, la
Legislatura porteña había aprobado una ley de reparto de publicidad oficial que
Macri vetó parcialmente.
En el PRO se esmeraron por marcar las diferencias, es decir
que ante una denuncia, Niembro bajó su candidatura y la Legislatura habilitó un
pedido de informes al Ejecutivo, pero el sistema de contrataciones porteño
quedó bajo la lupa.
Fuentes partidarias reconocieron que las últimas encuestas
mostraron un leve retroceso de Macri, o al menos un freno en sus posibilidades
de crecimiento. Por eso el jefe de Gobierno avaló la salida del periodista de
la campaña con el objetivo de que la crisis no siga recortando el potencial de
Cambiemos.
Es una máxima de las ONG que bregan por la transparencia que
"a mayor opacidad, mayor corrupción" hay en un Estado.
En ese punto que ahora interpela al gobierno porteño, la
Nación dio varios pasos en falso en los últimos doce años, empezando por haber
dejado que perdieran estado parlamentario los distintos proyectos acumulados de
Acceso a la Información Pública.
Además, el kirchnerismo se encargó de desmantelar, debilitar
o colonizar a los organismos de control como la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, la Oficina Anticorrupción, la Sigen y la Defensoría del
Pueblo. Sólo la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
cumple ese rol.
Es cierto que Cristina Kirchner buscó dejar una huella
institucional con la modernización de códigos, pero esas grandes reformas
quedaron opacadas con otras decisiones, tendientes presuntamente a proteger a
funcionarios acusados de corrupción.
Jubilación
"anticipada"
Con 97 años y una trayectoria reconocida en el ámbito
judicial, el juez Fayt decidió presentar su renuncia a la Corte, pero con
vigencia a partir del 11 de diciembre, es decir un día después de la partida de
Cristina Kirchner de la Casa Rosada.
Parece un infantilismo, pero seguramente se hubiera evitado
si la Presidenta habría propuesto un candidato con mayor consenso para ocupar
el cargo que previamente dejó vacante Raúl Eugenio Zaffaroni, como hizo Néstor
Kirchner en el inicio de su mandato.
El penalista Roberto Carlés quedó desdibujado por sus
mensajes en las redes sociales contra dirigentes opositores.
Habrá que ver si el kirchnerismo logra quebrar o negociar
con la oposición para impulsar una doble candidatura a la Corte -necesita los
dos tercios de votos del Senado para aprobarlo- o la renovación del tribunal
quedará para el próximo gobierno.
Esta recopilación puede sonar a ensalada -o tener sus
matices- pero no es ni más ni menos que una sucesión de hechos que muestran un
andar disfuncional de las instituciones, enmarcada en los frentes abiertos por
los Kirchner.
Es probable que el próximo presidente ejerza un liderazgo
menos personalista que el de Néstor y Cristina, pero más allá de la pátina de
estilo que puedan imprimir se necesitan normas y decisiones que fortalezcan a
las instituciones.
En todo caso, el escándalo tucumano, la crisis del gobierno
porteño y el conflicto de poderes con la Corte son oportunidades para cambiar
las cosas. Para ello, la sociedad, siempre más atenta a la coyuntura económica,
también tiene un rol que cumplir.
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