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| Por Gabriel Profiti |
La imagen era completa y descriptiva: adentro, el
viceministro de Economía recibía a 40 empresarios convocados para dar números
crudos de su actividad y, afuera, empleados del Ministerio hacían batucada por
la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios.
La escena transcurría el jueves pasado en el Salón Belgrano
del quinto piso del Palacio de Hacienda.
El encuentro fue convocado por Axel
Kicillof, pero el ministro debió ausentarse para seguir una nueva reunión por
la crisis de la deuda en Nueva York, por lo que Emmanuel Álvarez Agis quedó
como anfitrión.
Cuando los empleados agrupados en ATE recibieron la promesa
de que sus delegados sería atendidos, la ministra de Industria, Debora Giorgi,
bajó de su despacho ubicado en el mismo edificio para poder iniciar la sesión
de terapia grupal.
Al comenzar, Álvarez Agis dijo a sus interlocutores que
fueron convocados para que dieran los números reales de su actividad. Reconoció
que la crisis cambiaria de enero había afectado al consumo, pero señaló que el
diagnóstico oficial no era catastrófico y pidió discreción.
Entonces, cada uno de los referentes de distintas cámaras
comenzó a tirar cifras: el de una importante cadena de electrodomésticos señaló
que las ventas en el último mes cayeron 25%, un representante de la industria
maderera dijo que el sector está gravemente afectado y un ejecutivo del área
del Transporte tiró un dato duro: la venta de pasajes urbanos cayó 6%, lo que
indica que el empleo estaba siendo afectado.
El dato se conoce en simultáneo con la difusión de que entre
enero y marzo cerraron 311 mil cuentas sueldo, según los registros del Banco
Central.
La batucada en el Ministerio parecía musicalizar esas malas
noticias para el empleo, cuyo corolario será el tercer paro contra un gobierno
peronista convocado por las centrales opositoras para miércoles (CTA) y jueves
próximos.
Volviendo a la reunión en el Palacio de Hacienda, los
empresarios coincidieron en que el encarecimiento del crédito había afectado
fuertemente al consumo y se quejaron de que los bancos estaban demorando mucho
el pago de los consumos con tarjeta de crédito, lo cual desalentaba su uso.
Giorgi y Álvarez Agis coincidieron en la necesidad de que
retornen "las cuotas sin interés" y anticiparon -reclamando total
hermetismo- el lanzamiento de un plan para créditos al consumo con el Banco
Nación a través de la tarjeta Nativa.
Tensión empresarial
Los empresarios aprobaron ese anuncio, pero están muy
recelosos sobre los intentos del Gobierno de controlar todos los estamentos de
la actividad y temen que la malaria se profundice sobre la economía real por el
no acuerdo con los holdouts.
La tensión tuvo su pico con el pronunciamiento del Grupo de
los Seis contra el intento oficial de profundizar la Ley de Abastecimiento,
cuyo primer round ya se vivió en el Senado.
Ya no está Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio
pero la tendencia intervencionista sobre la economía sigue vigente con la
noción de ampliar la presencia del Estado. Es una política que generó dolores
de cabeza y que llevada al extremo puede desembocar en fracasos económicos como
los de Venezuela.
Ahora la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló contra
el país en una demanda iniciada por Estados Unidos, Europa y Japón a partir de
las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) implementadas por
Moreno. El proceso podría derivar en sanciones contra la Argentina.
El cepo a las importaciones sirvió para mantener el
superávit comercial pero afectó seriamente a la actividad económica, mientras
que el superávit fiscal devino en déficit a partir de un monumental crecimiento
de políticas expansivas.
Rumbo fijo
La Presidenta anunció el cambio de jurisdicción a Buenos
Aires para los pagos bloqueados por el juez Griesa en Nueva York. La decisión
aleja más la posibilidad de un acuerdo con los holdouts a partir de enero, una
vez que no rija la ya célebre cláusula RUFO que impide mejorar la propuesta
hecha a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
Cristina Kirchner pidió amplio respaldo político contra los
fondos buitre, pero salvo pronunciamientos aislados como el de la agrupación
Libres del Sur -integrante del Frente Amplio Unen-, tanto la mayoría de este
espacio panradical como el Frente Renovador y el PRO anunciaron que votarán en
contra.
De no haber una distensión, la idea es "vivir con lo
nuestro" y alentar al consumo, pero con el mayor control posible sobre la
economía para tratar de contener a la inflación. Combo complejo.
La receta genera fricciones dentro del propio Gobierno. Son
conocidas las diferencias entre Kicillof y el presidente del Banco Central,
Juan Carlos Fábrega.
Luego de que este último dispusiera una baja de las tasas de
interés y del anuncio sobre la cuestión de la deuda, volvió la presión sobre el
dólar -el libre llegó a $14- y el Gobierno pareció alentar una devaluación
controlada del oficial.
El clima político tampoco ayuda. El martes, al anunciar el
cambio de jurisdicción del pago de la deuda, Cristina Kirchner por primera vez
transmitió inseguridad. Dijo que estaba nerviosa.
Esas vacilaciones parecen alcanzar a las decisiones de
Gobierno. Un comunicado de Kicillof en réplica a Griesa esperó tres horas la
aprobación presidencial. La propia mandataria había anunciado la aplicación de
la Ley Antiterrorista contra la gráfica estadounidense Donnelley y luego dio
marcha atrás.
Mientras, el kirchnerismo duro suma candidatos. Ya se
lanzaron Julián Domínguez, Jorge Taiana y Agustín Rossi, pero algunos miran a
Kicillof. Muchas cosas deberían cambiar en un año para que el ministro pueda
emerger como presidenciable.
© NA
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