Es en una causa por
fraude a la administración pública en la que también
están acusados Alberto
Raymundo Sosa y Víctor Manuel Brizuela.
Juan Carlos Romero deberá prestar declaración indagatoria el miércoles. |
Salta – El próximo miércoles, el exgobernador de
Salta y actual senador nacional, Juan Carlos Romero, deberá presentarse a
prestar declaración indagatoria en la causa por fraude a la administración
pública y asociación ilícita en perjuicio del Estado provincial. Romero está
citado para ese día a las 8:00, ante el juez de Instrucción en Transición 2,
Federico Diez. En la misma causa están involucrados Alberto Raymundo Sosa y
Víctor Manuel Brizuela, entre otros.
El senador nacional y exgobernador de Salta Juan Carlos
Romero fue citado nuevamente a prestar declaración indagatoria para el
miércoles en una causa por fraude a la administración pública y asociación
ilícita en perjuicio del Estado provincial.
Se trata de una causa por la cual el Estado provincial
compró una serie de tierras inutilizables y por medio de la cual se concretó un
negociado de más de 400 mil pesos y por la cual ahora el exgobernador es citado
a declarar.
El juez de Instrucción en Transición 2, Federico Diez, citó
al senador para el miércoles 30 a las 8:00 en la causa "Dr. Sosa, Alberto
Raymundo; Dr. Palombini, Julio César; Escr. Brizuela, Víctor Manuel; Wayar
Laura Inés; Dr. Romero, Juan Carlos y Pérez de la Fuente, María".
Se lo acusa de fraude a la administración pública en
concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial.
La investigación es a raíz de la compra de cuatro hectáreas
del predio conocido como la Ex Boroquímica Baradero S.A., ubicada en el sur de
la ciudad, al lado de los barrios Bancario y San Carlos.
Según se acreditó en la investigación, se tratan de tierras
inhóspitas y que no están habilitadas por el tipo de suelo para ser habitadas o
realizar construcciones.
El abogado Alberto Raymundo Sosa, señalado cercano y lobbista
del exgobernador, compró esos terrenos y luego lo vendió al Estado a tres veces
su valor.
Sosa compró en 1999 a 160.000 pesos las cuatro hectáreas en
cuestión a su propietario, Carlos Alberto Elías, en ese entonces presidente de
Industrias Químicas Baradero S.A..
A los dos meses, Sosa ofreció la venta del terreno al Estado
el cual en diciembre de 2000 mediante la resolución 869 del Gobierno de la
provincia se autorizó la suma de 580 mil pesos por el terreno ofrecido por
Sosa.
Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por NA, allegados al ex gobernador ya
anunciaron que no se presentarán a la citación, y así repetirá la misma fórmula
que implementó en otra causa penal en que fue convocado como imputado y a raíz
de una supuesta concesión de tierras en perjuicio del Estado.
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