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| La última asamblea de la docencia salteña el viernes. |
Por Javier Luifa
Este lunes comenzará una semana en la que el conflicto
docente mostrará aristas que podrían conformar o disgustar a los protagonistas
de esta crisis: los propios maestros y el Gobierno que llegan a más de un mes
sin clases en un tire y afloje que ha mostrado posiciones irreductibles en
ambas posiciones.
Pero, sin dudas, será el Gobierno el que deberá asumir la
mayor parte de la responsabilidad luego de la pobreza argumental para
justificar, a su vez, la pobreza salarial en la que tiene sumidos a todos sus
empleados aunque solamente los docentes le hayan protestado por la humillante
situación.
Y quizás allí resida buena parte del sustento de esa
deplorable argumentación oficial, ya que el gobernador Juan Manuel Urtubey
jamás toleró rebeldías durante sus gestiones y, cuando éstas existieron, logró
disimularlas muy bien, ocultándolas de la opinión pública con el aporte del
periodismo oficialista de crecientes bolsillos llenos.
Sin embargo, justo en el año en que se floreó con dobles
candidaturas y con la pretensión de instalarse en el plano nacional, su
castillo de naipes (salvo algún difícil salvataje que le ofrezcan desde la Casa
Rosada) se viene derrumbando inexorablemente de la mano de la crisis a la que
creía tener controlada.
El reclamo docente es justo y legítimo. Los entuertos de la
asamblea entre facciones internas, no descalificaron el reclamo que, en varios
tramos, contó con la simpatía de muchos ciudadanos que comienzan a hartarse de
Urtubey, el gobernante que “no hizo nada” en sus dos períodos de gestión, según
el común y popular comentario.
A tal punto el conflicto ganó en relevancia (y en justicia)
que el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta dio marcha atrás en su intento
de judicializar el conflicto. Tres personas lograron que un juez intimara a los
maestros a volver a las aulas, desconociendo los más elementales derechos que
las constituciones de la Nación y de la Provincia garantizan y corriendo el eje
de la responsabilidad que corresponde al administrador del Estado, esto es, el
Gobierno. Además, el imposible cumplimiento de la orden judicial (debería haber
notificado a más de 20.000 docentes) convirtió su orden en una inservible
inclinación ante el poder político.
Y la semana será clave porque la asamblea del último viernes
fue multitudinaria, aunque le pese a la sevicia oficialista que el periodismo a
sueldo desplegó en estas dos últimas jornadas con ataques que bordearon el
territorio del nazismo y con una virulencia propia, precisamente, de aquellos
que solamente defienden los intereses de sus bolsillos.
El alejamiento de Víctor Gamboa y su SiTEPSa, del seno de la
asamblea de los “autoconvocados”, no es otra cosa que la repetición de un
síndrome que ese dirigente viene ostentando desde 2007: su intolerancia
ideológica y sus acuerdos espurios con el Gobierno de turno. En 2008 dio otra
muestra y lo repitió el último miércoles llamando a levantar una medida de
fuerza en la que la unidad de la docencia era el verdadero sostén de esa lucha.
El desmedido ataque al Partido Obrero por parte de Gamboa
(que dos días antes restaba presencia e importancia al trotskismo salteño) lo
dejó del indefendible lado del Gobierno. A su vez, el Partido Obrero operó,
como sabe hacerlo en este tipo de crisis sociales, con su propia cuota de
intolerancia: tratar de acallar las voces disidentes en la asamblea calificándolas
peyorativamente de “derechistas” y buscando impedir que los medios de prensa
oficialistas ingresaran al último plenario “porque están en contra de esta
asamblea”, como justificó Cristina Foffani.
En esta lucha de intereses, sin embargo, perdieron el
Gobierno, Víctor Gamboa y su SiTEPSa y el Partido Obrero, ya que muchos
maestros quedaron luchando por el interés colectivo de su sector y no por estas
facciones. La multitudinaria asamblea
del viernes hubiera sido imposible para cualesquiera de este tres actores. Hasta
maestros afiliados al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y al
radicalismo, actuaron con mayor cordura interna que esos sectores.
El lunes es, claro, una semana clave. Que vuelvan a trabajar
algunos maestros o que se mantenga incólume el paro por tiempo indeterminado,
no exhibe, necesariamente esa “ruptura” sino, por el contrario, muestra la
fortaleza del sector que, si se viera disminuida esta semana, habrá abierto,
por el contrario, una brecha incurable en el poder despótico provincial ya que
habrá demostrado su fuerza colectiva hacia el futuro.
El Gobierno, a su vez, si atina a llegar con menos heridas
al final de su período, deberá prestar más atención a este tipo de reclamos, a
esta altura, imposibles de detener por la esencia de su legitimidad.
La torpeza de la administración de Urtubey (descuentos,
persecuciones, o medidas disparatadas de traslados, entre otras) pueden
convertirse en una agonía para el Gobierno hacia 2015. Ya, como se dijo,
prácticamente perdió su aspiración nacional (nada menos que la Presidencia de
la Nación) y corre el riesgo de derrapar, inexorablemente en su tercera
aspiración provincial.
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