domingo, 12 de enero de 2014

La maniobra más difícil

CFK criticó el “anarco-capitalismo” de las potencias extranjeras. En casa, la fuga de capitales continúa.

Por James Neilson (*)
Hace apenas un año, los soldados de Cristina iban por todo. Fantaseaban con desvirtuar la Constitución, apoderarse de la Justicia, amordazar a los medios que se resistían a plegarse al proyecto nac&pop y apropiarse de pedazos cada vez mayores de la economía. Pero entonces, para su desconcierto, la gente les dijo basta. Desde aquel momento, Cristina y los suyos están batiéndose en retirada.
Como el compañero general César Milani podría recordarles, se trata de una maniobra sumamente arriesgada. A menudo, lo que comienza siendo un repliegue ordenado degenera en un desbande caótico. A menos que los kirchneristas tengan suerte, muchísima suerte, no les será dado impedir que el país se les vaya de las manos bien antes del 10 de diciembre de 2015, el día previsto para el fin del mandato de la señora. Tampoco les será fácil conservar mucho de lo que han conquistado.

Por ahora, el frente de batalla principal es la economía. En un esfuerzo desesperado por defenderlo, el Gobierno ha apostado al enésimo acuerdo de precios que regirá, por decirlo de algún modo, en las zonas consideradas más sensibles: la Capital Federal y el conurbano bonaerense. En comparación con los pactos que fueron ensayados por gobiernos anteriores, el que acaba de anunciarse sin el triunfalismo tradicional es llamativamente modesto, tal vez porque nadie, ni siquiera Axel Kicillof, puede suponer que sirva para mucho más que convalidar algunos aumentos tremendos que se registraron en los meses finales del año pasado.

Con todo, tanto el ministro de Economía como otros miembros del equipo oficial creen que, si brindan una impresión de firmeza, los mercados se comportarán mejor. Es lo que trató de hacer Guillermo Moreno al aterrorizar a los empresarios con amenazas truculentas. Por ser tan extravagante la conducta del personaje, logró desviar la atención de la gravedad de los daños que provocaba la estrategia voluntarista avalada por Cristina. Aunque el hecho de que el funcionario más influyente del Gobierno nacional actuara como un mafioso con la aprobación de su jefa nos dijo todo cuanto era necesario saber acerca de la naturaleza del modelo kirchnerista, muchos consiguieron convencerse de que, para Cristina, era una especie de mascota y que se negaba a sacrificarlo solo porque no quería ceder ante las presiones de los empresarios y los odiados medios periodísticos.

Moreno fue defenestrado pero, tal detalle aparte, nada significante ha cambiado. Si bien el estilo de Kicillof es más profesoral y el del nuevo secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, mucho más civilizado que aquel del ferretero, ya es evidente que los encargados de la economía nacional tienen ideas muy similares. Como los Kirchner, Moreno y los militantes de la progresía nacional que se oponen a cualquier manifestación de lo que califican de “ortodoxia”, Kicillof toma la inflación o “dispersión de precios” por una enfermedad mental contagiosa que a veces afecta a comerciantes y proveedores, transformándolos en enemigos del pueblo. Así las cosas, para que no haya inflación será suficiente que los agentes económicos se vean sometidos a un buen lavado de cerebro que les cure de las ideas foráneas que tantos estragos han ocasionado en el país. Puesto que el tratamiento terapéutico que intentó Moreno a través del INDEC no brindó los resultados previstos, Kicillof, Costa y compañía han optado por suplementarlo con acuerdos de precios supuestamente voluntarios.

Fracasarán, desde luego. Los empresarios aumentan los precios porque es de su interés hacerlo y porque, en algunos casos, necesitan más dinero para pagar a sus empleados que, como es lógico, son reacios a ver achicarse su poder adquisitivo. Por motivos parecidos, los sindicalistas –oficialistas u opositores, da igual–, están reclamando aumentos salariales de por lo menos el 30 por ciento. Los más ambiciosos, alentados por el éxito fulminante que se anotaron los policías, ya están hablando de paritarias trimestrales y preparándose para exigir subas decididamente mayores que las insinuadas por la tasa de inflación actual. Tienen que hacerlo. Aun cuando entiendan muy bien que la puja salarial que se ha iniciado culminará con un nuevo Rodrigazo, no podrán arriesgarse mostrándose conformes con aumentos que dejen a los afiliados más pobres que antes. Tampoco les convendría permitir que otros sindicalistas más combativos, sobre todo los de la izquierda dura, les superen en esta competencia tan peligrosa.

De ser otras las circunstancias, Cristina ya habría tirado la toalla. Es presidenta de los tiempos felices, del crecimiento a tasas chinas, la inclusión, las asignaciones familiares, el consumo frenético y el modelo milagroso que el resto del mundo debería adoptar, no de la austeridad antipopular, o sea, del ajuste que, de acuerdo común, ya está en marcha y que amenaza con ser brutal. En una ocasión, Cristina afirmó que, antes de resignarse a hacer algo tan horrible como “ajustar a los argentinos”, daría un paso al costado para que otros se encargaran de la faena.
Su negativa a hacerlo ha motivado sospechas entre personas de mentalidad conspirativa que creen que lo que el Gobierno se ha propuesto es aferrarse al poder por casi dos años más mientras prepare una bomba de tiempo programada para estallar cuando su eventual sucesor esté instalándose en la Casa Rosada, Olivos y un reducto campestre que no será El Calafate. De acuerdo con la lógica revolucionaria, se trataría de un plan genial, pero acarrea dos desventajas. Una es que la bomba podría estallar antes de que Cristina abandone la presidencia; otra, que le supondría la pérdida de los fueros que con toda seguridad precisará para mantenerse en libertad.

No es exactamente una casualidad que el colapso de la autoridad moral del gobierno kirchnerista, en medio de motines policiales, saqueos vandálicos, piquetes ubicuos y cortes de luz que se eternizaban, haya coincidido con un torrente de revelaciones acerca de los vínculos comerciales de Cristina con Lázaro Báez. Aquí, es normal que, cuando los gobernantes pierden apoyo popular, sus negocios privados dejen de ser meramente anecdóticos. Néstor Kirchner pudo hacer alarde en público de su astucia como empresario inmobiliario porque su poder era intacto, pero no hay garantía alguna de que Cristina logre disfrutar indefinidamente del mismo privilegio. Como abogada exitosa y política avezada, lo entenderá muy bien.

Según el diario La Nación, los Kirchner se las arreglaron para engordar su patrimonio con la ayuda de Báez, el ganador serial de valiosos contratos públicos en Santa Cruz, que les pagaba por el alquiler de hoteles y otras propiedades presidenciales que raramente se ven ocupados por personas de carne y hueso. Para los expertos en esta materia tan viscosa, se trata de una manera muy común de lavar dinero mal habido. Para que Cristina saliera indemne del brete legal en que se ha metido tendría que contar con la comprensión de jueces dispuestos a darle el beneficio de todas las dudas concebibles. ¿Lo tendrá? A menos que, para asombro de todos, los nubarrones que cubren el horizonte se disipen de golpe, en adelante la Presidenta enfrentará la hostilidad del grueso de la corporación judicial.

Cristina, pues, se ve atrapada entre una crisis socioeconómica parecida a las que presagiaron el fin de tantas otras etapas voluntaristas por un lado y, por el otro, el papel muy ingrato que le tocará desempeñar como el símbolo máximo de la corrupción kirchnerista. Ya le es demasiado tarde para frenar la caída económica que, entre otras cosas, la está privando del poder político que necesita.

Para amortiguar el impacto, lo mejor que podría hacer sería limitarse a cumplir algunos deberes protocolares mientras que un gabinete renovado, purgado de kirchneristas, procurara minimizar los perjuicios enormes causados por su propio compromiso con esquemas irracionales y por la voluntad de la mitad del electorado a respaldarla por motivos sentimentales. Aunque tal alternativa le sería humillante, es la menos mala disponible, pero para funcionar otros integrantes de la clase política nacional tendrían que colaborar.

Si bien todos juran estar resueltos a ayudarla a transitar los 23 meses largos que le quedan de su mandato constitucional de la forma más tranquila posible, pocos soportarían ser tratados con desprecio por una presidenta mandona. Puede que no le importe a Jorge Capitanich que, durante su ausencia prolongada, Cristina haya continuado tomando todas las decisiones, instruyéndole por teléfono y ejerciendo el poder, como el chaqueño se sintió constreñido a informarnos, pero escasean los pesos pesados que estarían dispuestos a manifestar tanta abnegación. La disminución rápida de la figura de Capitanich, cuya llegada a la jefatura del Gabinete fue vista por muchos como una señal de que Cristina por fin entendía que tendría que compartir el poder como haría una mandataria democrática en circunstancias similares, ha servido para advertir a sus congéneres de que les sería suicida, en términos políticos, aceptar formar parte de un gobierno encabezado por una persona tan autocrática, una que, por miedo a parecer débil, se ha aislado tanto que pronto quedará sin más simpatizantes que los irremediablemente jugados.l

(*) El autor es PERIODISTA y analista político, ex director de “The Buenos Aires Herald”.

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