Nacionales - El gobierno de Javier Milei no renovó las acreditaciones de todos los periodistas que trabajan en Casa Rosada, luego de una denuncia presentada por Casa Militar. Así, la Sala de Periodistas quedó cerrada por primera vez en la historia argentina y ningún comunicador ha podido acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.
La prohibición, arbitraria e ilegal, abarca a los periodistas de todos los medios que diariamente realizan la cobertura de las actividades en Balcarce 50. Se trata de una medida sin antecedentes desde el regreso de la democracia en 1983.
Cabe recordar que otros gobiernos han intentado cerrar la Sala de Periodistas, tal fue el caso de la administración de Carlos Menem, o trasladarla al segundo piso de Casa Rosada para dificultar su tarea, como planeó sin concretarlo Mauricio Macri, pero ningún jamás avanzó en su cierre. Incluso en la última dictadura permaneció abierta y fue escenario de momentos históricos como la pregunta de José Ignacio López, acreditado de la agencia Noticias Argentinas, a Rafael Videla sobre los desaparecidos.
Los motivos del Gobierno
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el argumenta informal que ensayaron desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari.
Durante la mañana del miércoles, el titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por la difusión de un informe grabado dentro de la Casa Rosada, en una causa que quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la presunta divulgación de secretos políticos y militares.
Para el Gobierno esta situación fue el disparador para suspender el ingreso a la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, un hecho que no registra antecedentes. Así, quedaron sin efecto las prórrogas a las acreditaciones del año 2025 hasta que no se aclaren los hechos.
Según la presentación realizada por la Casa Militar, contra Geuna y Salerno, el material periodístico habría vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo. En paralelo, el Gobierno dispuso medidas administrativas sobre los involucrados.
Tras enterarse de lo sucedido, el libertario desde Israel, se expidió con violencia sobre el tema: "Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“
Días atrás, el oficialismo le prohibió el ingreso durante varios días a un grupo de periodistas porque consideró que participaron de una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.
Este jueves, en la previa a la reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, celebró la decisión a través de sus redes sociales.
A raíz de las restricciones, la prensa acreditada se dio cita en un reconocido café del centro porteño ubiado a pocos pasos de Plaza de Mayo.
Repudio de FOPEA
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió la decisión del Gobierno Nacional de prohibir el ingreso de periodistas a Casa Rosada y aseguró que es una medida de “extrema gravedad institucional”.
A través de un comunicado, las autoridades de la entidad manifestaron que esta situación “altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional” y remarcó que “no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información” sobre los actos de Gobierno.
El texto completo del comunicado, es el siguiente:
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su rechazo ante la decisión del Gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo.
FOPEA advierte que se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes.
Según se informó a partir de distintas fuentes la decisión habría sido adoptada tras la denuncia penal presentada por la Casa Militar —organismo encargado de la seguridad de la sede de gobierno— contra periodistas del canal Todo Noticias (TN), en relación con la difusión de imágenes registradas en el interior de la Casa Rosada.
FOPEA señala que, según surge de la información disponible, el equipo periodístico había dado a conocer el trabajo que se encontraba realizando dentro de la Casa Rosada, un ámbito que, aun con normas específicas de funcionamiento y seguridad, mantiene su carácter de espacio público. Asimismo, la denuncia presentada por la Casa Militar no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular. En este contexto, resulta desproporcionado e injustificado accionar penalmente tanto como adoptar una medida de alcance general que suspende las acreditaciones de todos los periodistas, afectando de manera masiva el acceso a la información a partir de una interpretación unilateral de los hechos.
FOPEA señala que este tipo de decisiones, por su alcance, no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático y generan un efecto que excede ampliamente el caso invocado como fundamento.
El Foro insta al Gobierno nacional a revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información.
NOTA ACLARATORIA: este texto reúne dos casos de ataque a la libertad de expresión, uno clasificado como Restricción al acceso a la información pública -acreditados a Casa Rosada- y otro como Acciones judiciales -al equipo de Luciana Geuna.
Informe: Ámbito.com, NA, LN, agencias y Agensur.info
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