Psicólogos rechazan reforma del Código Procesal Penal “porque atenta contra la Constitución”

Irma Silva, titular del Colegio de
Psicólogos de Salta.

Salta – Con la firma de su titular, Irma Silva, el Colegio de Psicólogos de Salta expresó su rechazo a la reforma del Código Procesal Penal (CPP) que ya obtuvo sanción definitiva por parte del Senado en la sesión del último jueves. La iniciativa pasó ahora al Poder Ejecutivo quien debe promulgar la norma. El Colegio de Psicólogos se sumó al generalizado repudio de diversos sectores de la sociedad salteña porque amplía las facultades de la Policía que puede hacer requisas sin orden judicial.

“Varios artículos de la inconsulta reforma del Código Procesal Penal ponen en riesgo la protección de las libertades individuales y marcan un preocupante retroceso político y jurídico”, afirmó en un comunicado, el Colegio de Psicólogos de Salta, sumándose de esta forma al generalizado repudio de diversos sectores de la sociedad salteña ante la nueva ley que ahora debe promulgar el Poder Ejecutivo.

El documento de la entidad lleva la firma de su titular, la licenciada Irma Silva, y en parte de su texto, expresa “su profunda preocupación ante la reforma del Código Procesal Penal y algunos retrocesos, como la media sanción a un proyecto de ley que amplía el poder de la fuerza de seguridad, que tendría la facultad de hacer requisas sin contar con la autorización de la Justicia”.

Cabe destacar que la reforma del Código Procesal Penal (CPP) de Salta tuvo la media sanción definitiva por parte del Senado tras ser aprobado el martes por la Cámara de Diputados y fue recibida con duros cuestionamientos por parte de sectores de la oposición así como de las fuerzas vivas y diversas entidades profesionales.

En el caso del Colegio de Psicólogos, el documento aludido señala que “varios artículos de la inconsulta reforma del Código Procesal Penal ponen en riesgo la protección de las libertades individuales y marcan un preocupante retroceso político y jurídico” y pide que se construyan “leyes que no vulneren los derechos humanos y que contemplen políticas de respeto e inclusión social”.

Informe: Agensur.info