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| Por Ricardo Cirielli (*) |
Cuando se escriba la historia de esta última década se dirá
que estuvo atravesada, una vez más, por destructivas y autodestructivas
confrontaciones facciosas. Tan perniciosas para satisfacer las necesidades de
nuestra sociedad y solucionar sus problemas, como innecesarias. La pelea entre
el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín, otrora amigos, desatada por el
gobierno mediante la ley de medios ahora declarada constitucional por la corte,
está destinada como toda la sociedad ya sabe, al desguace puntual de dicho
Grupo. No a “democratizar la palabra”, al ejercicio de la libertad de expresión
de manera más diversa y democrática en nuestro país, lo cual si es
indispensable. Ningún sector de la sociedad exigió esa guerra a muerte, que
terminó siendo entre grupos de poder comunicacionales privados y
gubernamentales o para gubernamentales.
Pero en el fragor y confusión de esa contienda, nunca se
tuvo en cuenta o se le dio la importancia debida, a la situación laboral de
todos los trabajadores de prensa que se van a ver afectados inevitablemente en su
estabilidad, si se aplica estrictamente el desbaratamiento del Grupo Clarín. Y,
si no hay discriminación, también en otros grupos mediáticos.
En el caso del Grupo Clarín es mucho más alarmante, porque
tiene un alcance nacional en televisión abierta, por cable, sistema de
distribución a través del cable y en radios. Con presencia empresarial y
laboral en cientos de localidades de nuestro territorio. ¿Si se pierden
licencias y se cierran empresas, la ley puede asegurar que esas licencias y
empresas serán adjudicadas y compradas en todos los casos, por otros
empresarios? O será el Estado quien lo haga con fondos públicos que le faltan y
mucho. ¿La ley puede asegurar, además, que todos los trabajadores de prensa
mantendrán el mismo tipo de trabajo, sus condiciones y calidad En definitiva,
¿asegura la ley que no aumentará el desempleo entre los trabajadores de los
medios a causa de su aplicación? ¿Lo pueden garantizar acaso, no solo de
palabra y en el país real, los funcionarios, legisladores oficialistas y opositores,
miembros de la Corte, o los sindicalistas?. Con el agravante pavoroso, de lo
que habilita la Corte Suprema mediante su fallo en relación a los empleados del
Grupo Clarín, “la compañía puede restablecer el equilibrio en el flujo de
fondos ajustando algunas variables, tales como prescindir de empleados en las
regiones en las que dejaría de operar, incrementar el precio del servicio y
reducir las inversiones de capital en forma proporcional a la disminución del
tamaño de la empresa”.
No será Magnetto ni los restantes accionistas del Grupo los
que puedan llegar a perder su trabajo y sustento por la aplicación de esta ley,
sino muchos trabajadores de prensa y muchas familias vinculadas a ellos. En un
contexto macro económico, donde el menor dinamismo se refleja en que ya casi no
hay creación de trabajo privado, sino solo público. Lo cual convierte al
problema de tal magnitud, que amerita la preocupación y acción concreta por
parte de todo el movimiento obrero organizado nacional. No solo de las
comisiones internas gremiales de cada empresa.
Ninguna ley constitucional puede favorecer o crear desempleo
con su aplicación. Es inadmisible.
Ningún trabajador puede ser sacrificado o ser moneda de
cambio para implementar una ley. Ninguno de los poderes del Estado tiene
legalidad ni legitimidad para hacerlo. Reciban desde La Asociación del Personal
Técnico Aeronáutico, la más plena solidaridad todos los trabajadores de prensa
argentinos.
(*) Secretario
general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República
Argentina
Especial
p/Agensur.info
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