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El oficialismo "k" quiere salvar al intendente Carlos Mauricio Espínola. |
Por impulso el senador José María Roldán, habitual aliado
del oficialismo en la Cámara alta, la Comisión de Asuntos Constitucionales,
cuyo titular es el legislador kirchnerista Marcelo Fuentes, debatirá este
martes un proyecto de Intervención Federal al Poder Judicial de Corrientes.
La comisión convocó para exponer a los tres senadores
nacionales de esa provincia, Josefina Meabe, José María Roldán y Eugenio
Artaza.
El proyecto en cuestión será debatido desde las 16, en el
Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, y se analizará la documentación
proporcionada por el senador denunciante, que incluye entre otras cosas,
supuestas violaciones a derechos humanos en la provincia, un fallo del Superior
Tribunal de Justicia de Corrientes sobre la aplicación del piso del 3% (art.
160/161 del Código Electoral Nacional de la Provincia de Corrientes, para
diputados nacionales), como así también diversos pedidos de juicios políticos
presentados.
El Gobierno quiere intervenir la justicia correntina para
levantar el procesamiento judicial del intendente de la Capital, Carlos
Mauricio Espínola, que le impide ser candidato a gobernador en septiembre.
De muy buena aceptación en la ciudad más importante de la
provincia, Espínola es la esperanza de Cristina Kirchner para las elecciones del
15 de septiembre, cuando aspira a un triunfo en la gobernación que llegue justo
en el medio de las primarias y las generales.
La estrategia que parecía perfecta se complicó porque la
justicia correntina lo procesó por la muerte de ocho obreros en un derrumbe
producido en un edificio en construcción del centro de la capital correntina el
22 de marzo de 2012. La justicia comprobó que la obra estaba excedida en la
cantidad de pisos autorizados y había sido clausurado.
Espínola fue procesado por incumplimiento de los deberes de
funcionario público, estrago culposo agravado por el peligro y el resultado de
muerte y por homicidio culposo por ser más de una las víctimas fatales.
Es que la Constitución provincial impide que haya candidatos
con procesos pendientes, restricción que ni siquiera está presente en la carta
magna nacional.
Acorralado, Espínola recorrió la semana pasada las
principales oficinas de la Casa Rosada y el Congreso, donde junto a los
camporistas Eduardo “Wado” De Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque decidieron
avanzar contra la justicia correntina antes que sea demasiado tarde.
Lo llamativo es que a la reunión de este martes no fueron
convocadas las autoridades judiciales de la provincia. Si se considera que el
proyecto debe pasar las dos cámaras, en plena campaña electoral la tarea de
reunir las sesiones puede no resultar sencilla.
Como cada vez que la Casa Rosada y La Cámpora tienen
urgencias, el jefe del bloque de senadores K, Miguel Pichetto, tomó las riendas
del asunto y el viernes pidió la reunión de la comisión.
"En la Justicia correntina se visualiza una clara falta
de equidad de cara al proceso electoral. Se está preparando una suerte de
proscripción de nuestro candidato a gobernador", denunció el rionegrino.
“La cláusula de la Constitución correntina que establece que
se puede proscribir a un candidato por un mero procesamiento ratificado por la
Cámara es inconstitucional en términos nacionales ya que vulnera el principio
de inocencia en el debido proceso y el de sentencia definitiva”, agregó.
El sábado, Espínola responsabilizó a Colombi. "Lo grave
es que hoy me puede tocar a mí, pero mañana se puede presionar a cualquier
periodista, empresario o vecino común que no coincida con el gobernador",
indicó.
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