viernes, 14 de junio de 2013

De la “revolución” de Randazzo a las prioridades de CFK

Por Ana Gerschenson
La estatización de la ex Ciccone, el acuerdo con Irán, la ley de blanqueo de capitales, la democratización de la Justicia son todas iniciativas que se aprobaron en un trámite acelerado por el oficialismo. Sin embargo, en diez años de gobierno kirchnerista no hubo decisión política para discutir un plan nacional ferroviario.

La "revolución del transporte" que prometió el ministro Florencio Randazzo cuando asumió en junio del 2012, nunca llegó.

Es cierto que en este último año, Randazzo ha hecho todo tipo de anuncios, ha repintado vagones, encargó 400 vagones a China, ha mejorado algunas estaciones con pantallas que no aciertan los minutos que faltan para que pasen los trenes. Son todos parches que el ministro acepta sin reclamar una solución estructural de fondo a su jefa política, Cristina Kirchner.

Es ilustrativo recordar las dos últimas medidas por las que el Ministerio de Transporte fue noticia recientemente: la semana pasada, Randazzo dispuso la estatización del Tren de la Costa, de apenas 15 kilómetros de recorrido turístico y que también incluye al Parque de la Ciudad, un predio de entretenimientos.

Su segundo, Alejandro Ramos, ex intendente de Granadero Baigorria, ha sido noticia, no por el anuncio de una medida trascendental de la Secretaría de Transporte que conduce, sino por haberle puesto el nombre de su jefe político, Julio De Vido, a una calle de pueblo en Santa Fe.

Los 51 muertos y más de 700 heridos que dejó el choque de un tren el 22 de febrero de 2012 en la estación de Once han sido ignorados sistemáticamente por el Gobierno nacional. Sólo en dos oportunidades la Presidenta se refirió al tema. Les explicó a los familiares que "la vida es así, por momentos dura y por momentos alegre", y que las Abuelas de Plaza de Mayo habían esperado 35 años a que les llegue la Justicia.

Pero Once tuvo sus consecuencias políticas. Además de la designación de Randazzo y Ramos, se canceló la concesión a la empresa TBA, de la familia Cirigliano, que hasta la tragedia había manejado el servicio del Sarmiento a pesar de las múltiples advertencias de la Auditoría General de la Nación sobre el estado catastrófico de los trenes.

Desde 2003 hasta diciembre de 2011, TBA recibió 5000 millones de pesos por la explotación de las líneas Sarmiento y Mitre. Recursos millonarios sin control que, según la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío, habrían ido a parar a inversiones del grupo empresario en Miami, joyas y muebles polinesios.

Así y todo, el grupo empresario seguiría vinculado al Estado. Porque el dirigente gremial ferroviario Rubén Sobrero aseguró que la formación que chocó ayer en Castelar fue reparada en los talleres de Emprendimientos Metalúrgicos Ferroviarios (EMFER), propiedad de Cirigliano.

A días de la celebración del Gobierno por "la década ganada", está claro que en el sistema ferroviario lo único que hay son pérdidas, y lamentablemente no sólo materiales.

El negocio no es que cada día viajen más personas en mejores condiciones. El usuario no es importante, lo que interesa es recibir los recursos estatales. Se explica entonces por qué en los últimos ocho años, la recaudación por tarifas se redujo del 93 al 23 por ciento.

En un documento de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) el especialista José Barbero, evaluó que "el análisis de los indicadores disponibles de oferta, eficiencia y calidad muestra que el sistema ferroviario metropolitano experimentó un marcado deterioro desde 1999. Y evidencia también que el modelo de gestión instaurado desde la salida de la convertibilidad -caracterizado por la aplicación de subsidios masivos a los costos de operación de los concesionarios- redujo la cantidad de usuarios y la calidad brindada, los incentivos para que las empresas inviertan y realicen tareas de mantenimiento".

La Auditoría General de la Nación ha publicado informes de advertencia desde 2008, sin que el Gobierno tomara nota. Sostenían alertas como que "el deterioro de las vías excede los valores de tolerancia, seguridad y conservación". O que "en 2009 TBA sólo revisó el 10% de las vías y aparatos, por lo que las fallas del material rodante y de infraestructura causaron más de la mitad de los descarrilamientos de 2008 y 2009".

Es cierto que durante su presidencia, Carlos Menem desmanteló la red ferroviaria nacional con su slogan "ramal que para, ramal que cierra". Pero también es un dato de la realidad que diez años de gestión kirchnerista consumaron la obra de los ‘90.

El sistema de subsidios sin rendición de cuentas sigue vigente, los socios siguen siendo los mismos entre las sombras y los cambios mayormente son cosméticos. Porque aunque Randazzo anuncie el reacondicionamiento de un tramo de vías un día y la compra de vagones al día siguiente, el plan ferroviario sigue sin ser prioritario para un gobierno concentrado en cambiarle el nombre a un pozo petrolero (Vaca Viva en lugar de Vaca Muerta), en su pelea sorda contra la Justicia o en cambiar el horario de un partido de fútbol por especulaciones políticas.

En el aniversario de la tragedia del 22 de febrero, Graciela Mochkofsky, autora de Once: viajar y morir como animales, planteó en una entrevista con WE su diagnóstico: "Se expuso a los pasajeros ante un sistema de trenes vetusto, con formaciones que hace 20 años superaron su vida útil, con sus sistemas de frenos anulados o reducidos, que andan sobre vías de 90 años de antigüedad con riesgos de descarrilar, sin repuestos necesarios. Todo eso colaboró en hacer una bomba de tiempo que hacía que todos los expertos en temas ferroviarios adelantaran que iba a ocurrir un accidente de esta magnitud. Por eso mi mayor perplejidad luego de entender el sistema no fue que ese tren hubiera chocado, sino cómo es posible que no hubiera más choques".

© we

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