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| Necesidad de una nueva ley de coparticipación en el país. |
Por Nadín Argañaraz (*)
Cada vez que empiezan a escasear los recursos, comienzan a
surgir voces que plantean de manera directa o indirecta la necesidad de
rediscutir el esquema fiscal federal argentino.
Uno de los aspectos centrales de esta discusión está en la
ley de coparticipación federal de impuestos.
Han pasado 16 años desde la fecha en que, según el mandato
constitucional, debiéramos haber tenido una nueva ley de distribución de
recursos fiscales, lo que pone de manifiesto que no es para nada un tema
sencillo. Y si bien tiene base económica, es una discusión de alto voltaje
político.
Es decir que hay 21 puntos porcentuales sobrantes que la
Nación debe distribuir a provincias y municipios, y lo hace a través de
sistemas de transferencias verticales, principalmente por la ley 23.548
sancionada en el año 1988.
Los gobiernos provinciales gastan 16 puntos porcentuales más
que lo que recaudan de manera propia y los municipios unos 5 puntos
porcentuales más.
Entonces, sí o sí, necesitamos un sistema de transferencias,
pero que funcione eficaz y eficientemente.
En la actualidad, uno de los motivos de fuerte discusión por
parte de algunas provincias está relacionado con el hecho que se viene dando
una centralización creciente de recursos en el orden nacional. Este proceso
obedece a la creación de impuestos cuya distribución entre Nación y Provincias
se sesgó a favor del gobierno nacional, como el caso del impuesto al cheque.
Cuando se discuten estos temas, resulta relevante saber de
cuánta plata se está hablando y lo que eso significa relativamente. En efecto,
si tomamos como comparación el promedio de los últimos años de la década del
'90, las provincias recibían el 30% de la recaudación tributaria argentina,
incluida seguridad social y en 2012 recibieron el 26%.
Es decir que, en conjunto, las provincias resignaron unos
$24.000 millones de pesos, cifra que permitía cubrir el déficit fiscal
provincial del año 2012. Esta importancia relativa de la resignación, combinada
con una situación fiscal provincial deficitaria, es lo que aumenta el número de
voces que comienzan a plantear la necesidad de un cambio.
Una consecuencia directa de esta situación es la suba
sustancial y generalizada de la presión tributaria provincial, que ya llega a
niveles muy elevados.
A fines del mes de diciembre fueron aprobadas las leyes
impositivas que regirán durante el 2013 en las cinco principales
jurisdicciones, es decir CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Los
aumentos allí incorporados continúan la tendencia observada para el 2012 de
fuertes subas en la presión tributaria que ejerce el Impuesto a los Ingresos
Brutos sobre la actividad económica.
La industria ha sido uno de los sectores económicos más
afectados por las subas tributarias en los últimos dos años. Las entidades
financieras y los servicios de telefonía (móvil y fija) también son rubros
fuertemente afectados por el incremento.
Considerando los dos últimos años, las entidades financieras
ya habrían acumulado una suba en sus alícuotas del 35%, mientras que la
telefonía fija y la móvil un 39% y 32%, respectivamente.
Del mismo modo, el comercio evidenció un fuerte ajuste,
sobre todo previsto para el 2013, con lo que acumularía para el período 2011-
2013 un alza en la presión tributaria del 26%.
En definitiva, se aprecia en prácticamente todos los
sectores económicos un fuerte incremento en la presión del Impuesto a los
Ingresos Brutos.
Las subas aplicadas tienen el agravante que acentúan el
carácter distorsivo de este tributo, puesto que se registran en varios
eslabones de la cadena productiva (industria, comercio, servicios), con lo cual
el aumento de carga tributaria tiende a acumularse y amplificarse a lo largo de
todo el ciclo económico de un bien.
Lo que no debe ignorarse es que todos estos aumentos
terminan incidiendo en el bolsillo de los ciudadanos, ya que este impuesto se
carga en el precio de los bienes y servicios.
Dado este contexto, amerita discutir tanto la distribución
de responsabilidades de gasto como de potestades tributarias entre
jurisdicciones.
Una mayor visibilidad de los estados a los ciudadanos debe
transformarse en una política de estado.
Sin esto último, será mucho más difícil tener un estado más
eficaz y eficiente al servicio de los argentinos.
(*) Director general del Instituto Argentino de Análisis Fiscal
(IARAF).
© NA
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