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| La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a varios periodistas en una causa por supuesto espionaje. |
La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal
en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, dispuso el procesamiento sin
prisión preventiva de ocho acusado en el marco de una causa por espionaje.
Entre los periodistas alcanzados por la medida, se
encuentran Carlos Pagni, de La
Nación ; Héctor Alderete, del sitio Seprin; Edgard Mainhard,
de Urgente24; y Roberto García, ex Ámbito Financiero, hoy diario Perfil.
La medida alcanza también a Juan Bautista Yofre, Pablo
Alfredo Carpintero, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes, sobre quienes
la magistrada ordenó trabar un fuerte embargo dinerario.
"Desde agosto del 2006 y hasta junio del 2008, una
empresa criminal con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración,
búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos
e información de diversa índole: político, social, militar y económico; siendo
que gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de
funcionarios públicos del Gobierno nacional debía permanecer secreta en función
de la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores de la Nación ", según explicó
la jueza Arroyo Salgado en su resolución.
La causa está caratulada como "Averiguación por el
delito del artículo 222 del Código Penal", que dice: "Será reprimido
con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos
políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad,
a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación ".
Mainhard, uno de los procesados, escribió un artículo en su
portal donde dio su versión de los hechos: "De acuerdo a Su Señoría, yo
tendría que haber denunciado que recibía correos obtenidos supuestamente en
forma ilegal. Se equivocó Su Señoría: las fuentes son tan sagradas como la
amistad. Yo decido, bajo mi responsabilidad, qué información doy y qué
información no doy, pero un periodista siempre intenta obtener toda la
información posible, y la única limitación es la veracidad".
"Por ejemplo, es falso que exagentes de inteligencia
trabajaran por cuenta propia en el espionaje ilegal del correo electrónico de
diversas personas. Si fuera cierto que existió lo que la Fiscalía concibe como una
'pyme' destinada a comercializar intrusiones de correos electrónicos, eso no
resuelve una cuestión mucho más importante que no ha sido abordada y que
provoca enormes dudas sobre la actuación judicial en el caso. Para realizar las
intrusiones, los exagentes de inteligencia reportaban a sus superiores,
recibían órdenes, contaban con aprobación o, al menos, tolerancia de sus jefes,
una situación que puede convertirse en un búmeran para el propio gobierno del
Frente para la Victoria ",
escribió el periodista.
Tribuna de
Periodistas
"La evidencia que aparece en la causa judicial es
bastante pobre y salpica a tangencialmente solo a tres de los acusados: Yofre,
Velázquez y Carpintero. Los demás, no parecen tener vínculo real con la trama
que se pretende mostrar públicamente, lo cual permite especular que, lo que
realmente se ha buscado, es presionar a los periodistas críticos al kirchnerismo",
según publicó Tribuna de Periodistas el pasado 12 de agosto.
En esa nota se anticipó que el procesamiento era un hecho,
ya que la jueza Arroyo Salgado responde
a intereses de la
Secretaría de Inteligencia y la instrucción que le fue
dada era la de avanzar contra esos acusados. Así se reveló en la nota de
marras:
Hay dos detalles que
no parecen ser menores a la hora de justificar esta especulación: por un lado, sorprende
que una investigación tan sencilla haya demorado seis años para resolverse; por
el otro, no parece casual que quienes iniciaron el expediente referido sean
jerarcas de la ex SIDE. ¿Por qué motivo un grupo de espías se interesaría por
impulsar la indagación de un hecho que afectó a personas ajenas al ámbito de la Inteligencia ?
También es sintomático
el hecho de que la instrucción de la misma causa haya caído en manos de Sandra
Arroyo Salgado, jueza de San Isidro que responde a los intereses de la Secretaría de
Inteligencia.
Como se dijo, las
pruebas que se acumulan en el voluminoso expediente son paupérrimas y no
alcanzan siquiera para encarcelar a los imputados más comprometidos. No es que
el ilícito no haya existido, pero ciertamente no reviste la gravedad que trata
de imprimirle la
Justicia. Se trata de un delito excarcelable, “violación de
secretos políticos o militares”, el cual según pudo saber TDP, será
"reforzado" por la jueza Arroyo Salgado con una oportuna asociación
ilícita —delito no excarcelable— para caer con todo el rigor de la ley sobre
algunos de los señalados.
La trama era tan previsible que Tribuna la reveló en el año
2008.
Informe: CIJ, Perfil.com
y Tribuna de Periodistas
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