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| El diputado Manuel Garrido (UCR) denunció a siete funcionarios kirchneristas por supuesta administración fraudulenta en APE. |
El diputado nacional de la UCR Manuel Garrido
-junto al senador correligionario José Cano- presentó una denuncia penal contra
siete funcionarios kirchneristas por el supuesto delito de administración
fraudulenta en torno a la APE
(Administración de Programas Especiales), organismo que controla los millonarios
fondos destinados a los tratamientos de alta complejidad de las obras sociales
de los sindicatos.
Se trata de Liliana Korenfeld, actual superintendenta de
Servicios de Salud; su antecesor Ricardo Bellagio; el ex director del Hospital
Argerich Donato Spaccavento; el gerente general de APE, Martín Alves; Alejandro
Ferrari, Angel David Aragón y Cristian Asorey.
"La denuncia se presenta en base a las irregularidades
que muestra el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). La verdad es
que algunas son sorprendentes, como la atención médica a personas que no
nacieron o que ya murieron; o la comprobación de tratamientos contra troqueles
de medicamentos que no son legítimos", aseguró Garrido, en diálogo con
LPO.
El ex fiscal de Investigaciones Administrativas detalló que
"los niveles de irregularidades son altísimos, y más teniendo en cuenta
que los casos tomados por AGN fueron al voleo". En la denuncia se adjuntan
muchos casos como ese. Y otro de los números que encienden todas las luces de
alerta es que los gastos en enfermedades crónicas -como HIV, Hemofilia y
discapacidades- tienen oscilaciones más que significativas.
"Se supone que ese tipo de patologías son más o menos
regulares a lo largo de los años. No hay un aumento explosivo o una disminución
tan sensible de los casos de HIV o hemofilia de un año para el otro. Y los
números de los fondos que liberó la
APE muestran otra cosa", afirmó Garrido.
Según los denunciantes, "es evidente que ese dinero que
se saca de las arcas del Estado terminó siendo una fuente de financiamiento
para los sindicatos y para cuestiones políticas, y no para la salud de los
trabajadores. Por eso les cabe la figura de peculado -desvío de fondos-,
administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario
público".
Garrido concluyó: "Estos delitos tiene una pena máxima
de hasta 10 años de prisión. Pero sabemos cómo funciona la Justicia en la Argentina. Cayó en
el juzgado federal 12, a
cargo de Sergio Torres. Lo importante será el rol del fiscal. Hasta hace poco,
estaba a cargo de Luis Comparatore. La verdad es que les será muy difícil
dibujar que un muerto cobre por un tratamiento".
Informe: LPO y
agencias
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