Nacionales - El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo este lunes a la tarde que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.
En conferencia de prensa, Adorni detalló que la medida saldrá publicada en el Boletín Oficial del martes próximo.
"Les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto, ordeno el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad. Y también la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vialidad", señaló.
"Se reorganizará la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos y Transporte. Será la encargada de fiscalizar las concesiones viales", agregó.
La idea del Gobierno es mantener la condición de ente regulador autárquico para "proteger los derechos de los usuarios". La reorganización intenta "optimizar el desempeño técnico, establecer un organismo específico de fiscalización, reforzar los mecanismos de control y garantizar una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos".
En tanto, las competencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) serían transferidas a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el organismo que manejará gran parte de las estructuras que desaparecen.
En tanto, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. "La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional", dirá la norma, según trascendió.
El texto facultaría a la Gendarmería a "actuar de manera complementaria con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tareas de prevención y control de tránsito, mediante convenios específicos".
Además, Adorni señaló que "el Gobierno dará apertura para la licitación de más de 9000 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro se vieron degradadas como nunca antes en la historia. Este esquema de adjudicación de la obra pública generó un agujero fiscal que destrozo las arcas del Estado. Condenando a los argentinos a solventar con sus impuestos".
Fuertes críticas gremiales
Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.
En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Según señalan, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.
Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.
En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.
"El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.
Por otra parte, la dirigente gremial alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.
Informe: NA, iProfesional y Agensur.info
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