Por Martín Dinatale
Es mucho más que una balacera contra la familia de Lionel Messi. La magnitud del narcotráfico enquistado en Santa Fe expone una dura radiografía de un Estado casi ausente, el avance del crimen a pasos agigantados y una ausencia de planes a mediano plazo para hacer frente a este flagelo que se extiende por toda la Argentina.
Las cifras oficiales del narcotráfico en Santa Fe son escalofriantes. En el 2022 hubo 258 homicidios relacionados con organizaciones de la droga, hay 22 muertes por habitante, en febrero último se contabilizaron 33 asesinatos, hubo en el 2022 en Santa Fe más de 770 causas por comercio ilegal de estupefacientes; en Rosario, el 59% de los delitos provienen de la venta de drogas y el año pasado creció un 62% la cantidad de enfrentamientos entre policías y narcos.
El otro lado de la moneda es un Estado casi invisible ante el avance narco: según revelaron a El Cronista allegados al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, hasta enero de este año la Nación envió sólo 1000 gendarmes para ocuparse de los delitos federales de narcotráfico. El resto de los 2.300 uniformados federales están repartidos en el resto de la provincia.
Hay al menos cinco juzgados federales vacantes que esperan su aval del Congreso para Santa Fe y en lo que va de la gobernación actual del peronista Perotti ya pasaron 10 jefes de unidad regional en Rosario y cuatro ministros de Seguridad.
La frase del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández admitiendo que "nos ha ganado el narcotráfico" desató una fuerte polémica. Adentro de la Casa Rosada la mayor parte de los funcionarios no avala esa idea. De hecho, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la rechazó y se puso a trabajar con Perotti.
El mensaje del ministro de Seguridad encierra otro interrogante. "¿Qué hará un policía santafesino en un enfrentamiento con narcos si su ministro nacional le dice que ya perdieron esa guerra?", comentó a El Cronista un destacado especialista en temas de narcocriminalidad.
Entramado criminal
Seguridad Pública santafesino, el narcotráfico en Rosario desató más de 300 muertes en los últimos 14 meses. A la vez, las estadísticas oficiales sostienen que entre agosto y septiembre de 2021 se registraron 137 hechos de amenazas y extorsiones.
El diputado del Frente de Todos, Roberto Mirabella, agrega otro dato: "La situación de Rosario es inédita en el país. Cuadruplica en homicidios a la media de la Argentina, el 80% de esos asesinatos son por ajustes de cuentas de narcos. Y generan actos todo el tiempo para poner terror en la población. Lamento que ahora en Buenos Aires se den cuenta que Rosario es parte de la Argentina".
La justicia federal de Rosario, que se encarga de investigar el narcotráfico cuenta con 18 cargos creados y sólo 10 están ocupados por jueces y fiscales titulares. Más del 40% de los cargos están vacantes. Mirabella promete tratar un proyecto de los diputados de Santa Fe para fortalecer la Justicia federal.
"El resultado del avance del narcotráfico en Santa Fe son más de 20 años de ausencia de un plan de investigación y justicia criminal. Pero el avance narco se ve en todo el país", dijo a El Cronista la diputada de socialismo de Santa Fe, Mónica Fein. Pero Santa Fe parece ser la punta del iceberg. Más aún: la balacera y amenaza a la familia Messi expuso internacionalmente el tema de la Argentina narco.
El entramado criminal parte desde las mismas cárceles en que están encerrados varios líderes narcos. Un informe de la PROCUNAR advirtió "la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad". Es decir, desde las cárceles se maneja buena parte de la red de narcos.
Es decir, en muchos casos, las estructuras superiores de las organizaciones ejercían la planificación, coordinación y control de las actividades delictivas tanto de manera individual a través de medios de comunicación, o también organizadas con otras personas, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, exponiendo en muchos casos los entramados o redes de contactos en el exterior, que actúan para continuar llevando a cabo las operaciones de la organización.
La Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal de Rosario determinó en un informe que "los hechos de flagrancia relacionados con drogas ocurridos en Rosario datan de la identificación de puntos calientes". Pero las investigaciones llegan todas a una misma conclusión: no se trata de maniobras aisladas sino que se encuadran en una problema estructural que requiere de una mirada integral.
Puja de Nación y Santa Fe
Sin embargo, desde el Gobierno nacional parecerían minimizar el tema. Según la provincia de Santa Fe el ministro Aníbal Fernández le retace ayuda y los gendarmes que envía resultan ser insuficientes.
El viernes pasado, cuando el caso de la balacera contra los Messi estaba en la tapa de todos los diarios del mundo, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, habilitó a las fuerzas de Seguridad de Santa Fe la utilización del SIS (Sistema de Identificación Segura) y el financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario, con el fin de brindar apoyo a la política de seguridad en la provincia. En la oposición alertaron: show mediático o apenas un vaso de agua en el desierto.
El Presidente Alberto Fernández acusó a la inacción del Consejo de la Magistratura por la falta de definición de los juzgados federales vacantes para Santa Fe. Es decir, cargó culpas a la oposición y a la Justicia por la falta de resolución de temas en la lucha contra los narcos.
Mirabella pidió directamente la renuncia de Aníbal Fernández por la frase de la polémica. Fernández no defendió a su ministro y expresó otro mensaje controvertido: "Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. El problema de la violencia y del crimen organizado es muy serio", dijo.
A la vez, el Presidente puso a Rossi para ocuparse del accionar en Santa Fe que le correspondía al ministro de Seguridad.
Rol de las Fuerzas Armadas
En la oposición se trenzaron en estos días en un debate kafkiano. La ex ministra de Seguridad del PRO, Patricia Bullrich, insistió con sus propuestas de campaña de intervención de los militares para seguridad interior.
"Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo", dijo la ex ministra de Macri. Y agregó: "La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel; debemos usar todos los medios del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas".
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó de plano esta propuesta y dijo que los militares sólo deben cuidar las fronteras.
En esto coincidió el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien subrayó que "las leyes de Seguridad Interior y Defensa son claras sobre las áreas de incumbencia de cada una de ellas y sobre los grados de coordinación que deben existir".
También el teniente general Juan Martín Paleo, jefe de las Fuerzas Armadas en el regimiento de Paracaidistas 2, descartó que puedan contribuir a luchar en la problemática del narcotráfico. "La seguridad es un problema del Ministerio de Seguridad y de su fuerza, la ley nos fija claramente que si bien tenemos algún grado de participación, este es fundamentalmente de apoyo logístico a las fuerzas de Seguridad", dijo.
El especialista en temas militares, Juan Battaleme dijo a El Cronista de manera tajante: "Las Fuerzas Armadas no están preparadas para el combate al narcotráfico en Argentina. Eso sería un parche y habría que redefinir la doctrina de defensa".
Hacia adentro de las Fuerzas Armadas coinciden en esa apreciación. "El tema de involucrarse contra los narcos no gusta. Es una equivocación peor. Los militares no quieren ir presos por matar un narcotraficante", aseguran fuentes calificadas del Estado Mayor Conjunto. Además, se requeriría para esto del dictado de nuevas normas. En principio cambios en el Decreto 727 que reglamenta la Ley de Defensa y en las leyes de Defensa y Seguridad Interior.
© El Cronista
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