Una sociedad programada para autodestruirse

 Por James Neilson

Hay preguntas que a nadie le gusta hacer. ¿Qué le pasará al país si resulta que la oposición no está a la altura de lo que se espera de ella? ¿Podrá la clase política nacional poner fin a una crisis que se debe exclusivamente a sus propias características? ¿Es compatible la democracia con la racionalidad económica? No se trata de preguntas meramente retóricas; de las respuestas dependerá el destino de decenas de millones de personas.

Vayamos por partes. Desde mediados del mes pasado, casi todos los interesados en el porvenir de la Argentina dan por descontado que el próximo presidente saldrá de las filas de Juntos por el Cambio, Por lo tanto, sería de suponer que los integrantes del bloque procurarían brindar la impresión de estar resueltos a asumir, aunque sólo fuera implícitamente, cierta responsabilidad por el futuro del país.

El caso de la diputada Gabriela Brouwer del “espacio” del radical Martín Lousteau de ir de vacaciones a Disneyland en Miami cuando se celebraba sesiones especiales, y de tal modo permitir que el oficialismo lograra por un voto que se aprobara una suba impositiva, tuvo un impacto muy fuerte porque hizo pensar que la oposición no se toma en serio. Asimismo, aunque sea de manera indirecta, los legisladores de Juntos por el Cambio parecen estar advirtiéndonos que, antes de emprender la tarea ingrata que una parte sustancial del electorado les tiene reservada, tendrían que resolver sus muchas internas, algo que, como todos saben muy bien, podría mantenerlos plenamente ocupados durante mucho más que los dos años que según la Constitución le quedan a la gestión actual de Alberto Fernández.

Será por tal motivo que tanto él como otros dirigentes del Frente de Todos están haciendo gala de un grado sorprendente de optimismo. A su entender, ganaron perdiendo porque la debacle electoral que sufrieron en noviembre sirvió para hacer más visibles las divisiones de la oposición y, lo que es aún más significante, exponer lo difícil que le sería formular propuestas claras. Intuyen que sus adversarios se sienten intimidados por las responsabilidades que les aguardarían si uno de los suyos triunfara en las urnas. Quieren que los de Juntos por el Cambio se definan, que digan con precisión lo que harían si, como tantos prevén, tienen que gobernar el país, porque entienden muy bien que ofrecerle al electorado un programa económico sensato, por gradualista que fuera, podría ser políticamente suicida. Es por tal motivo que el oficialismo mismo se niegue a comprometerse con un “plan” que consista en algo más que una lista de intenciones presuntamente buenas.

A diferencia de los kirchneristas, que disfrutan del poder sin preocuparse demasiado por las consecuencias para el país de las medidas que toman, ya que sus prioridades son otras y les parece suficiente endosar todo lo malo a los enemigos del pueblo coyunturalmente liderados por Mauricio Macri, los dirigentes de Juntos por el Cambio temen ser juzgados por los resultados concretos de las medidas que se verían constreñidos a tomar. Prefieren estar en la oposición; es su zona de confort.

El internismo obsesivo no es monopolio de la UCR. Tampoco lo es del Pro y otras facciones de la coalición formada por Macri. Es una forma de escapismo que incide en la conducta de la clase política en su conjunto, de ahí la sensación difundida de que la “corporación” o “casta”, cuyos miembros están mucho más interesados en su relación con sus congéneres que en otra cosa, se ha alejado tanto del resto de la población que vive en un universo alternativo.

Por lo demás, a través de los años han aprendido que les conviene mucho más congeniar con quienes están en condiciones de repartir cargos de lo que les sería dedicarse a “resolver los problemas de la gente”; la experiencia les ha enseñado que el electorado se ha habituado a premiar a los vendedores de ilusiones facilistas y castigar con dureza a quienes se atreven a no sólo hablar de la necesidad de llevar a cabo reformas antipáticas para frenar la caída del país sino dan a entender que de tener la oportunidad es lo que harían. El que el consenso internacional sea que sin tales reformas la Argentina no tendrá futuro no les preocupa.

Aun más que en otras partes del mundo, toda la actividad de quienes conforman la clase política parece propia de una gran interna nacional que sirve para distraer a los participantes de una crisis que sigue agravándose. Para el oficialismo, la disputa entre Cristina y Alberto por un lado y Macri y sus simpatizantes por el otro es lo único que realmente importa, razón por la que los kirchneristas aprovecharon el informe del Fondo Monetario Internacional acerca del préstamo gigantesco que en 2018 hizo a la Argentina para responsabilizar a los macristas por el estado atroz de la economía del país sin prestar atención alguna a las alusiones a la necesidad de que, para alcanzar un acuerdo con el organismo, el gobierno actual tendría que elaborar algo parecido a un plan coherente que contara con el respaldo amplio de buena parte del arco político.

El que los técnicos del Fondo se hayan sentido culpables de sobreestimar la capacidad de Macri para lograr sus objetivos no quiere decir que confíen más en Alberto y Cristina. Cuando hablaban del “espacio político limitado” de Macri, se referían a lo terriblemente difícil que le hubiera sido impulsar un programa de reformas estructurales ambiciosas en una sociedad en que la oposición de aquel entonces estaba encabezada por la expresidenta. Desde el punto de vista del FMI, y el de los mercados y virtualmente todos los políticos del mundo desarrollado, el fracaso de un gobierno que a su juicio era relativamente racional, si bien reacio a reconocer la magnitud de los problemas que enfrentaba, significa que la eterna crisis argentina tiene raíces sociopolíticas que son mucho más profundas de lo que habían imaginado.

Aunque los países desarrollados que el FMI representa no quieren “romper” con la Argentina, es evidente que les molesta la resistencia de sus gobernantes a colaborar con cualquier plan económico que estarían dispuestos a rubricar. La frustración que sienten está compartida no sólo por la mayoría de los habitantes del país sino también por casi todos los políticos mismos que, luego de convencerse de que sería ridículo incluirlos entre los responsables del desastre, hablan como opositores.

Es lo que están haciendo los militantes kirchneristas que, en el caso de Cristina y sus incondicionales, insisten en que por haber sido en su opinión los macristas los autores del desaguisado económico, ellos deberían hacerse cargo de él; siempre y cuando la pérdida de poder no tuviera consecuencias judiciales dolorosas, a Cristina y compañía les encantaría que alguien como Horacio Rodríguez Larreta o, mejor aún, el mismísimo Macri, se mudara a la Casa Rosada antes de que la crisis entrara en una fase más explosiva que la actual. Se entiende; son opositores natos que sólo se sienten cómodos cuando pueden criticar con furia el statu quo local o mundial.

La Argentina dista de ser el único país democrático en que es habitual que quienes a veces conforman una mayoría sustancial se hayan acostumbrado a pedir lo imposible, una propensión que muchos políticos suelen aprovechar asegurándoles que, si no fuera por la maldad de sus rivales, conseguirían todo lo que están reclamando. Mienten pero, como confesó Carlos Menem, “si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. Asimismo, en una ocasión, el en aquel entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmo que “todos sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo”. Para solucionar el problema al que aludía, los arquitectos de la Unión Europea se las ingeniaron para aislar tanto a los encargados de tomar decisiones clave de los votantes que no les sería necesario preocuparse por su reacción; andando el tiempo, el déficit democrático resultante brindó a los británicos un pretexto válido para hacer rancho aparte.

Aunque la Argentina no podrá emular a la UE para que los políticos, con tal que sepan “lo que hay que hacer”, puedan hacerlo sin correr el riesgo de caer víctimas de turbas enfurecidas, durante décadas consintieron los golpes militares por suponer que los uniformados podrían llevar a cabo el “trabajo sucio” económico porque no tendrían que prestar atención a las encuestas de opinión. De haberlo querido, con la ayuda de los sindicatos pudieron haber defendido lo que todos llamaban “la democracia civil” impulsando una huelga general por tiempo indeterminado, pero no se les ocurrió intentarlo. Sea como fuere, la era de los interregnos castrenses terminó no por las violaciones brutales de los derechos humanos sino porque, cuando era cuestión del manejo de la economía, los militares compartían la misma cultura que los políticos.

Mal que nos pese, a menos que dicha cultura pronto se vea consignada a la canasta de basura en que se han apilado un sinnúmero de proyectos políticos fracasados, la sociedad argentina seguirá asemejándose a un artefacto programado para autodestruirse, como aquel cuadro del artista Banksy que, luego de venderse por más de un millón de dólares en la casa de subastas Sotheby’s, para asombro del público asistente pasó por una trituradora escondida en el marco que lo hizo trizas.

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