viernes, 5 de junio de 2020

La cuarentena indefinida es inconstitucional


Por Ricardo Rojas

En un mensaje de hace algunos días, el Presidente Fernández aseguró que “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar”. A partir de allí ha dicho que se estudian medidas para liberar un poco la situación, pero que podrán ser suspendidas inmediatamente si se considera que son contraproducentes. Sin embargo, la cuarentena es prorrogada cada dos semanas, y las prometidas libertades se hacen esperar (salvo en algunas provincias en las que no hay casi ni rastros del virus).

Pasaron más de dos meses de encierro, dispuesto por el Presidente mediante decretos de necesidad y urgencia, que no están siendo controlados adecuadamente por el Congreso del modo en que la Constitución exige, y muy rudimentariamente podrán serlo por el Poder Judicial, que está funcionando a media máquina.

En estos 75 días, el discurso presidencial pasó de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar el ingreso y diseminación del virus al país, a considerar hoy que sus facultades incluyen -con el asesoramiento de sus científicos-, extender indefinidamente el encierro. En cada nuevo discurso, el Presidente manifiesta su convencimiento de que él es el encargado de “combatir” al virus, y que en esa batalla dispone de todas las armas que considere necesarias. Mientras tanto, el país parece reacomodarse a una cuarentena con final incierto. Las universidades planean sus clases en forma remota hasta fin de año, las empresas aeronáuticas ofrecen vuelos para el año próximo, y en muchas actividades no hay planes de ningún tipo para 2020 y están a la espera de lo que pasará en el futuro.

Pero la Constitución Argentina dice cosas muy distintas, que el gobierno parece olvidar. En primer lugar, la Constitución establece en sus artículos 14 a 20 una serie de derechos, que no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 28). Derechos tales como trabajar y ejercer toda industria lícita, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, asociarse con fines útiles, enseñar y aprender, o usar y disponer de su propiedad, son derechos que están por encima de la autoridad del gobierno y no pueden ser alterados por él. Al menos según la letra de la Constitución que aún nos rige. Y si la Constitución no admite esta atribución para el Congreso (al referirse a “las leyes que reglamentan su ejercicio”), mucho menos podría hacerlo respecto de decretos legislativos que están expresamente prohibidos por la Constitución, y sólo admitidos para excepcionales casos de necesidad y urgencia cuando el Congreso no esté habilitado para actuar con premura (artículo 99, inc. 3°).

El padre y primer intérprete de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, decía respecto del artículo 28: “No basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías conocidas. Es necesario que contenga declaraciones formales de que no se dará ley, que, con el pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas libertades, las anule o falsee con disposiciones reglamentarias. Se puede concebir una Constitución que abrace en su acción todas las libertades imaginables; pero que admitiendo la posibilidad de limitarlas por ley, sugiera ella misma el medio honesto y legal de faltar a todo lo que promete” (Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina).

Las facultades de policía sanitaria en casos de epidemia han sido admitidas -como en el caso de cualquier catástrofe-, para tomar medidas inmediatas que contengan la catástrofe; pero no para establecer regulaciones indefinidas. Cualquier regulación extendida en materia sanitaria debería ser discutida en el Congreso y consagrada en una ley atemporal, impersonal, objetiva, y que sea compatible con el catálogo de derechos individuales garantizados constitucionalmente. Pensar que un Presidente pueda tener facultades discrecionales para alterar derechos constitucionales sin más apoyo que el dictamen de un grupo de “científicos” es claramente algo que no está avalado por la Constitución.

Es claro que el mundo de la ciencia es el de la deliberación permanente, el de teorías que son refutadas por nuevas teorías, experimentos que confirman o desestiman anteriores postulados. Respecto del Covid-19, hay opiniones científicas para todos los gustos. La ciencia jamás es unívoca, porque en ese caso dejaría de ser ciencia. Cuando el Presidente invoca la “ciencia” como aval de sus acciones, está faltando a la verdad. Simplemente está invocando la opinión de un grupo de científicos que piensan como él y desoye deliberadamente a los demás.

Por otra parte, la acción de gobierno no puede centrarse exclusivamente en un virus. El Covid-19 existe y es un problema que debe ser enfrentado. Pero ello debe hacerse en el contexto de los demás valores y derechos involucrados. Jamás puede ser la excusa para conculcar derechos que expresamente la Constitución coloca por encima de las atribuciones presidenciales. En todo caso, el talento de un buen presidente debería consistir en buscar formas de combatir el virus sin combatir a la gente.

Parte de esos científicos a los que el Presidente no escucha, no sólo ofrecen una visión distinta sobre el Covid19, sino que alertan sobre las muertes que la cuarentena produce y producirá en el futuro, a causa del sedentarismo, la ansiedad, la depresión y la angustia de muchas personas que se ven impedidas de ganar su propio sustento. Y otras ciencias no médicas alertan también sobre la situación catastrófica en la que quedará el país si el impedimento de producir y trabajar se continúa extendiendo indefinidamente. Eso también producirá muertes.

Es muy peligroso que la gente se acostumbre cada dos semanas a escuchar a un Presidente que diga que su encierro se prorrogará dos semanas más por indicación de los expertos. Es especialmente peligroso cuando las instituciones constitucionales que deben poner límites al Presidente no están funcionando o lo hacen a media máquina. Y si esta decisión se debe al temor de que el contagio del virus deje al descubierto la responsabilidad de los últimos gobiernos por el caótico estado de la sanidad pública, parece más grave aún.

© Infobae

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