Por Claudio Jacquelin
"A lo único que debemos tener miedo es al miedo mismo". La famosa expresión de Franklin Roosevelt al asumir en 1933, en medio del desastre provocado por la Gran
Depresión, podría replicarla hoy Alberto Fernández , pero en sentido inverso. El temor es hoy un aliado fundamental del Gobierno. Un gran ordenador social que ha hecho cumplir masivamente una decisión
presidencial como nunca en la historia sin bayonetas en las calles.
Aunque sí con policías. Pero si el miedo disciplina, el terror espanta. Es a lo que le temen los políticos oficialistas. Por eso, ganar tiempo sigue siendo la gran
política vigente. Y excluyente.
El objetivo primordial de la esperable prórroga de la cuarentena que rige desde hoy es posponer los males y distribuirlos temporalmente. Pero la continuidad del aislamiento alimenta
otros riesgos y nuevas incertidumbres. No solo económicos: la paz social es tanto un propósito por mantener como una incógnita. La pregunta del momento es hasta cuándo durará la tolerancia
masiva a las consecuencias no deseadas del confinamiento.
En el Gran Buenos Aires, el territorio más complejo y potencialmente más conflictivo del país, los jefes comunales se han convertido en monitores del humor social.
Una referencia mucho más concreta y menos difusa que los estados de ánimo y, sobre todo, de opinión que la ministra Sabina Frederic pretende controlar con sus ciberuniformados en la virtualidad de las
redes sociales.
No es casual que muchos intendentes hayan estado junto a los sanitaristas entre los grandes defensores, cuando no promotores, de la segunda fase de la cuarentena que sigue férrea,
aunque incluya la atención de ciertas particularidades como las que se viven en muchos, barrios populares de los territorios que ellos administran. Tienen razones concretas para apostar a la eficacia de un aislamiento
que logre dilatar el número de contagios (el famoso "aplanar la curva" tan temida). Ellos también saben que ganar tiempo es la política de la hora. No hay mucho más.
Asegurada (por ahora) la asistencia alimentaria, les aterra que el pico de la epidemia los encuentre sin la infraestructura ni los insumos necesarios para dar respuesta a la demanda
sanitaria en sus distritos, donde la salud pública derrocha carencias. Es el fantasma que corre por los despachos de los intendentes.
Dilemas en la guardia
"Mientras sostengamos la entrega de alimentos estaremos tranquilos. El problema vendrá si un día una familia tiene que internar a un hijo o a un abuelo y le dicen
que no hay lugar por el coronavirus. Ahí sí no se van a bancar nada y puede explotar todo. Si ahora cuando llegan con un familiar baleado a una guardia abarrotada y demoran en asistirlo terminan rompiendo todo,
imaginate lo que puede ser después de un mes de cuarentena y con decenas de casos por día a los que no se da abasto para atender", explica un jefe comunal del oeste del Gran Buenos Aires.
Por eso, él y casi todos sus colegas ruegan para que se concluyan a tiempo los hospitales modulares en sus distritos, para que aparezcan los reactivos que permitan testear más
posibles infectados y que lleguen los respiradores para asistir a los afectados por el virus.
La preocupación casi excluyente puesta en ese punto es un recurso de amplio espectro. Sirve para explicar, justificar y sacar provecho de muchas excepcionalidades. Hasta de la
compra de alimentos y otros insumos urgentes con sobreprecios, como los realizados por el Ministerio de Desarrollo Social, que la semana pasada logró iluminar Diego Cabot.
Los bienintencionados encuentran en la emergencia una disculpa para lo que siempre debería resultar inadmisible. A los menos escrupulosos les sirve de excusa para sostener un
sistema de negocios, cuyos ejecutores en la estructura estatal permanecen allí desde hace más de una década y media, casi sin solución de continuidad. Expresión de una auténtica política
de Estado. Como la tristeza, la opacidad en el manejo de los recursos públicos no tiene fin.
El loteo de áreas en Desarrollo Social entre intendentes, movimientos sociales, La Cámpora, los cuadros técnicos y la línea burocrática parece haber
facilitado la ausencia de controles. Es el argumento con el que se exime de responsabilidad al ministro Daniel Arroyo por las irregularidades descubiertas. La explicación exculpa tanto como expone a Arroyo y a Alberto
Fernández. El reparto de áreas suele ser tanto una expresión de debilidad como un reaseguro de ineficacia.
Un mismo nombre se repite cuando se indaga sobre el punto de partida y de llegada de esa línea burocrática de la asistencia social que subsiste sin interrupciones con los
cambios de gobierno. Sea por conocimiento de causa y/o en defensa propia, este es un punto en común entre jefes comunales y dirigentes sociales, que se reparten funciones, pero coinciden menos de lo que se recelan.
Todos dicen que los principales responsables de manejar áreas claves en el esquema de compras de Desarrollo Social tienen el padrinazgo o provienen del espacio que lidera el contador
Carlos Castagneto, actual director general de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, por iniciativa o esponsoreo de Cristina y Máximo Kirchner.
Las manos mágicas del exarquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata manejaron durante todo el kirchnerismo la gran caja asistencial del Estado no sin polémicas ni denuncias
por irregularidades. Su conocimiento de la burocracia estatal y, sobre todo, su lealtad y su disposición para cumplir misiones poco gratas le valieron el acceso a la intimidad de la entonces familia presidencial, a
la que le abrió sus puertas Alicia Kirchner, la cuñada de Cristina y tía de Máximo, cuando era ministra de Desarrollo Social.
Nadie se atreve a cuestionar en público al contador Castagneto. Tampoco a explicar las causas de la protección de la que siempre ha gozado y sigue gozando. Salvo su eficacia,
dicen, sin especificar el carácter de sus logros. Más preguntas para Fernández.
En el entorno del Presidente admiten que el estado de excepción no otorgará indemnidad para siempre. El ruido que causó la revelación del pago de sobreprecios
en alimentos para la emergencia fue inocultable. Sin embargo, las respuestas no parecen haber sido suficientes. Lo reconocen muchos oficialistas.
La renuncia de un puñado de funcionarios y la permanencia de muchos otros que no serían ajenos a la cuestionable operación podría ser insuficiente. Que la
Justicia investigue es una decisión tan aceptable desde lo formal como un recurso remanido. En la Argentina, la Justicia sigue estando bajo sospecha de la ciudadanía cuando se trata de investigar al poder de
turno. Otro desafío.
Nuevas urgencias
Las variables que abre la emergencia cada vez son más, aunque el Gobierno haya encontrado un gran argumento para concentrarse excluyentemente en el ahora sanitario. "Estamos
en un momento único en la historia de la humanidad, con un tema único que suspendió el tiempo, cambió el futuro, concentró todos los esfuerzos solo en el presente", dijo Fernández
en una entrevista con Jorge Fontevecchia publicada ayer en Perfil.
Otra manifestación de que el gran objetivo sigue siendo ganar tiempo frente a la epidemia. Pero no es una estrategia que despeje el camino que ya se está transitando. Nuevas
urgencias empiezan a aparecer tanto para el sector público como para el privado. El pago de salarios de abril empieza a ser un interrogante central en muchas administraciones de los estados subnacionales, que no emiten
moneda (pero no descartan emitir cuasimonedas).
La preocupación aqueja a numerosos pequeños y medianos empresarios, que en muchos casos ya han resuelto diferir el pago de impuestos. Un círculo vicioso conocido.
La prioridad sigue siendo la vida antes que la economía, reiteró anteayer el Presidente. Pero los recursos son escasos y los ingresos, cada vez más finitos. La asistencia
sanitaria y social depende de ellos. Tanto como la paz social. Cualquier desliz, tanto en su utilización como en su generación, puede alterar todas las ecuaciones. El miedo no dura para siempre.
© La Nación
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