sábado, 24 de noviembre de 2018

Los dogmas religiosos no deben influir en los asuntos del Estado

Por Julio María Sanguinetti (*)
Natalio Botana publicó días pasados un magnífico artículo en el diario Clarín en el que analizaba la presencia de un nuevo clericalismo, que en la Argentina reproducía, en versión contemporánea, la vieja alianza de Estado-Iglesia-sindicatos que estuvo en la base de la construcción primera del peronismo.

Su núcleo esencial era, y es, una interpretación corporativa de la sociedad aneja a un rechazo frontal al liberalismo como filosofía, sea en lo político como en lo económico. 

La misa, celebrada por un connotado obispo en homenaje del sindicalismo más cerril, fue una demostración simbólica de lo dicho.

El tema adquiere, en una visión geográfica más amplia, una importancia mayor cuando ha aparecido otro clericalismo, ya no católico sino evangelista, que en Brasil ha sido fundamental en el triunfo electoral de Jair Bolsonaro.

El tema repica en Uruguay y ya tenemos un debate, por ahora aparentemente marginal, pero que no deja de tener importancia. La ministra de Cultura de Uruguay ha dicho que esas religiones son una "plaga" y naturalmente han recibido respuestas airadas. El diputado Álvaro Dastugue ha dicho que esa afirmación es "xenófoba y discriminatoria" y que estudiará jurídicamente el caso para tomar alguna medida.

Por supuesto, cualquier ciudadano puede opinar lo que quiera sobre una iglesia, un partido político o una organización social. Si agravia, ya el tema puede tener otra connotación, lo que es el caso, especialmente siendo ministro de Estado que debe actuar dentro de los términos de la laicidad republicana. Este principio, cardinal en nuestra organización, les impone al Estado y sus agentes una estricta neutralidad. No pueden tomar partido a favor o en contra de una confesión, cualquiera fuere y mucho menos descalificar a alguna.

Personalmente, no comparto muchas posiciones de esas iglesias, pero ello no obsta a que las mire con el respeto debido, aun cuando hoy no tenga ninguna inhibición para criticarlas, como en cambio la tiene la ministra María Julia Muñoz.

El hecho es que el diputado Dastugue y el diputado Amarilla actúan en función de su fe religiosa. A tal punto que Amarilla, cuando fue presidente de la Cámara, declaró: "La ley de Dios está por encima de la ley de los hombres", lo que provocó, como es lógico, un fuerte rechazo.

El tema es importante. Así como hemos tenido alguna polémica con el cardenal Daniel Sturla por su propuesta de utilizar el mejor espacio verde de la rambla montevideana para instalar una imagen religiosa, lo hemos apoyado cuando se agravió a la Iglesia Católica sin razón. Del mismo modo, así como cuestionamos la afirmación de la ministra tratando despectivamente a las nuevas iglesias evangelistas, decimos también que no son aceptables en nuestra vida republicana expresiones de una nueva modalidad de clericalismo, entendiendo por tal la invasión de organizaciones religiosas en el mundo de la vida del Estado.

En Brasil hace mucho tiempo que el Parlamento es el escenario de una presencia religiosa reconocida como tal. Hay una bancada que responde a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esto no podría ser en nuestro país y bueno es advertirlo a tiempo, para no introducirnos en un terreno de diferencias realmente inútil.

El clericalismo histórico fue el de la Iglesia Católica. Hace cien años en la Constitución se separó la Iglesia del Estado y desde entonces se ha convivido en paz. Debates puntuales han existido y seguirán existiendo, pero el clima de tolerancia nunca se ha perdido. Nuestra propuesta de la permanencia de la cruz erigida en ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II al Uruguay, siendo personalmente notorio agnóstico, marca un punto claro de afirmación de la buena doctrina: fue un testimonio de un episodio histórico, así definido por ley, sin referencia al culto católico, o sea, sin violación de la laicidad sino expresión de la tolerancia de nuestro Estado. Ahora aparece un nuevo clericalismo, que en otros países está marcando influencias muy fuertes. En nuestro ámbito han de respetarse todas esas creencias, asegurarles su libertad de cultos, pero cuidar de que su dogma no influya en los códigos liberales de la República.

Para hablar claro y sencillo, en los asuntos del Estado, nada de "plagas" ni de "ley de Dios".

(*) Abogado, historiador y escritor. Fue dos veces presidente de Uruguay.

© Infobae

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