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| Por Julio María Sanguinetti (*) |
Su núcleo esencial era, y es, una interpretación corporativa de la
sociedad aneja a un rechazo frontal al liberalismo como filosofía, sea en lo
político como en lo económico.
La misa, celebrada por un connotado obispo en
homenaje del sindicalismo más cerril, fue una demostración simbólica de lo
dicho.
El tema adquiere, en una visión geográfica más amplia, una importancia
mayor cuando ha aparecido otro clericalismo, ya no católico sino
evangelista, que en Brasil ha sido fundamental en el triunfo electoral
de Jair Bolsonaro.
El tema repica en Uruguay y ya tenemos un debate, por ahora
aparentemente marginal, pero que no deja de tener importancia. La
ministra de Cultura de Uruguay ha dicho que esas religiones son una "plaga"
y naturalmente han recibido respuestas airadas. El diputado Álvaro Dastugue
ha dicho que esa afirmación es "xenófoba y discriminatoria" y que
estudiará jurídicamente el caso para tomar alguna medida.
Por supuesto, cualquier ciudadano puede opinar lo que quiera sobre una
iglesia, un partido político o una organización social. Si agravia, ya el tema
puede tener otra connotación, lo que es el caso, especialmente siendo ministro
de Estado que debe actuar dentro de los términos de la laicidad republicana. Este
principio, cardinal en nuestra organización, les impone al Estado y sus agentes
una estricta neutralidad. No pueden tomar partido a favor o en contra de una
confesión, cualquiera fuere y mucho menos descalificar a alguna.
Personalmente, no comparto muchas posiciones de esas iglesias, pero ello
no obsta a que las mire con el respeto debido, aun cuando hoy no tenga ninguna
inhibición para criticarlas, como en cambio la tiene la ministra María Julia
Muñoz.
El hecho es que el diputado Dastugue y el diputado Amarilla actúan en
función de su fe religiosa. A tal punto que Amarilla, cuando fue presidente de
la Cámara, declaró: "La ley de Dios está por encima de la ley de los
hombres", lo que provocó, como es lógico, un fuerte rechazo.
El tema es importante. Así como hemos tenido alguna polémica con
el cardenal Daniel Sturla por su propuesta de utilizar el mejor espacio verde
de la rambla montevideana para instalar una imagen religiosa, lo hemos apoyado
cuando se agravió a la Iglesia Católica sin razón. Del mismo modo, así como
cuestionamos la afirmación de la ministra tratando despectivamente a las nuevas
iglesias evangelistas, decimos también que no son aceptables en nuestra vida
republicana expresiones de una nueva modalidad de clericalismo, entendiendo por
tal la invasión de organizaciones religiosas en el mundo de la vida del Estado.
En Brasil hace mucho tiempo que el Parlamento es el escenario de una
presencia religiosa reconocida como tal. Hay una bancada que responde a la
Iglesia Universal del Reino de Dios. Esto no podría ser en nuestro país y bueno
es advertirlo a tiempo, para no introducirnos en un terreno de diferencias
realmente inútil.
El clericalismo histórico fue el de la Iglesia Católica. Hace cien años
en la Constitución se separó la Iglesia del Estado y desde entonces se ha
convivido en paz. Debates puntuales han existido y seguirán existiendo, pero el
clima de tolerancia nunca se ha perdido. Nuestra propuesta de la permanencia de
la cruz erigida en ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II al Uruguay,
siendo personalmente notorio agnóstico, marca un punto claro de afirmación de
la buena doctrina: fue un testimonio de un episodio histórico, así definido por
ley, sin referencia al culto católico, o sea, sin violación de la laicidad sino
expresión de la tolerancia de nuestro Estado. Ahora aparece un nuevo
clericalismo, que en otros países está marcando influencias muy fuertes. En
nuestro ámbito han de respetarse todas esas creencias, asegurarles su libertad
de cultos, pero cuidar de que su dogma no influya en los códigos liberales de
la República.
Para hablar claro y sencillo, en los asuntos del Estado, nada de
"plagas" ni de "ley de Dios".
(*) Abogado, historiador y escritor. Fue dos veces presidente de
Uruguay.
© Infobae
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