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| Por Giselle Rumeau |
Pero lo que nadie puede explicar, en medio de esta ola de transparencia,
es el motivo por el cual Carlos Menem aún no tiene sentencia firme de la Corte
Suprema por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, ocurrido hace 23
años. Una demora que -gracias a la jurisprudencia local- le permitió al ex
Presidente presentarse como candidato en las elecciones legislativas de octubre
y renovar su banca de senador por seis años más, con los fueros e inmunidad de
arresto que conlleva ese cargo.
No es un tema menor. El caso de Menem es un espejo en el que
se mira con alivio Cristina Kirchner, con cinco causas encima por asociación
ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
Prontuario que podría engordarse en los próximos días si finalmente el juez
Claudio Bonadio decide procesarla por el escándalo de los cuadernos.
La causa por el tráfico de armas se inició en 1995, cuando
se supo que Menem firmó tres decretos presidenciales secretos, entre 1991 y
1994, para venderle armas a Venezuela y Panamá, que fueron a parar a Croacia y
Ecuador, dos países sobre los que regía un embargo de venta de armas de ONU por
estar en conflicto bélico. Pero recién en 2007, doce años después, la Justicia
procesó a Menem por contrabando agravado. Es una constante de la realidad: los
jueces no se meten con el poder en la Argentina. Salvo contadas ocasiones, la
mayoría recién comienza a actuar y agilizar las causas de corrupción cuando los
acusados ya dejaron el Gobierno. Pero el caso de Menem parece ir más allá de
eso. El juicio del riojano comenzó en 2008 y tres años después fue absuelto por
el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3. En marzo de 2013, la Cámara de
Casación revocó ese fallo y en junio de ese año lo sentenció a siete años de
prisión por contrabando agravado. Además, se le impuso 14 años de inhabilitación
para ejercer cargos públicos y perpetua para ser miembro de fuerzas de
seguridad.
Menem nunca cumplió su condena. No sólo porque los fueros
como senador le vienen cuidando el pellejo sino por el sinfín de artilugios
recursivos de toda índole presentado por sus abogados. Recién cuando la condena
esté firme, la Justicia debería pedir su desafuero en el Congreso para dar
cumplimiento a la sentencia. El Senado ya no tendría excusas para utilizar la
doctrina Pichetto, del jefe del bloque del Peronismo Federal, por la que no se
suspende a ningún miembro hasta que su condena este firme.
Pues bien, ¿por qué a cinco años del fallo aún no hay
sentencia definitiva? ¿Quién es el responsable hoy de que Menem goce de su
libertad y sea senador?
Podría decirse que cada uno de los poderes del Estado aportó
en este tiempo su cuota de ineficacia. Pero en la actualidad, el futuro
judicial del ex mandatario está en manos de la Sala I de la Cámara Federal de
Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y
Carlos Mahiques. La misma Sala, aunque con otra composición, tuvo la causa
dormida durante años hasta que aceptó la apelación de la defensa y el caso
llegó a la Corte Suprema para que confirme o revoque el fallo.
El máximo tribunal tuvo una oportunidad de hacer historia
con una causa de semejante trascendencia institucional. Pero hace un año
devolvió el caso a Casación con el argumento de que la cámara debía volver a
intervenir para garantizar lo que se conoce como doble conforme.
"Como Menem fue absuelto por un tribunal y luego
condenado por la Cámara de Casación, debe garantizársele el acceso a la doble
instancia. Por eso, la Corte dispuso que una nueva sala revise el fallo
condenatorio. Y pidió la mayor celeridad posible. Pero el gran problema que
tienen los tribunales de todas las instancias es que no tienen plazos para
emitir un fallo, explica María Bourdin, Secretaria de Comunicación y Gobierno
Abierto de la Corte.
"Si no se hacía eso, se estaba sentando un precedente
ilegal, agrega un operador que camina por los tribunales con frecuencia.
"La Corte maneja más de 16.000 expedientes por año, cuando la de Estados
Unidos tiene entre 80 y 100 casos anuales. De ese número, casi la mitad son
causas penales. Si sentaba ese precedente, después tenía que sacar unos 8000
fallos por la ventana", defiende.
Lo cierto es que Casación tiene el expediente hace un año y
aún no se expidió. Precisamente, ese fue el argumento que utilizó la Corte el
año pasado cuando llegaron las impugnaciones a la candidatura de Menem
realizadas por dirigentes de Cambiemos. Sin sentencia firme, el riojano pudo
ser candidato.
Entonces, ¿la demora obedece al sistema recursivo o hay
protección política? Los expertos consultados coinciden en que hay de las dos
situaciones. Menem es un senador que suele levantar la mano con el oficialismo
de turno. Y además, el Código Procesal Penal es obsoleto.
"Es indudable que la política siempre se inmiscuye en
las causas judiciales donde hay políticos implicados y la obsolescencia del
sistema procesal es absoluta", explica el fiscal general Ricardo Sáenz. Y
agrega: "En 1992, cuando se puso en marcha el Código Procesal Penal
vigente, había otra jurisprudencia. Si la persona era condenada en el juicio
oral, se la llevaban detenida en el momento. El juicio oral aseguraba que toda
la prueba fuera debatida frente al Tribunal, controlada por todas las parte, y
todo se producía en el mismo momento. Pero esta cuestión fue cambiando con una
jurisprudencia más garantista, más proclive a los derechos del imputado con
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora se hacen
audiencias en distintos tiempos, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo.
Y así llegamos a que para estar detenida, una persona debe tener sentencia
definitiva, salvo los casos en que los jueces consideren peligro de fuga o
entorpecimiento del hecho. Así está la situación de Carlos Menem hoy, yendo de
un tribunal a otro".
Precisamente esta es una de las diferencias importantes con
Brasil, que tiene un sistema acusatorio mucho más moderno. En nuestro país
existe un Código Procesal Penal por el que la investigación la llevan
directamente los fiscales, pero su implementación está en espera. Como la
reforma se sancionó durante el Gobierno de Cristina Kirchner, Mauricio Macri la
suspendió apenas asumió por la falta de controles que había sobre la
Procuración General de la Nación, a cargo entonces de la militante K, Alejandra
Gils Carbó. Este Código, que se supone llevaría la instrucción de manera más
ágil, sigue en stand by.
La abogada especialista en corrupción y criminalidad
económica, Natalia Volosín, asegura que la situación de Menem responde "a
las propias lógicas internas del Poder Judicial, que nunca termina de moverse
de manera independiente en relación a los otros poderes". "Entiendo
que todas las Cortes Supremas del mundo son tiempistas y no creo que eso esté
mal necesariamente. Pero tanta demora solo obedece a la desidia y a la
irresponsabilidad del Poder Judicial. Más allá de la cantidad de expedientes que
tenga la Corte y la Cámara de Casación, es inadmisible que duerman tantos años
causas tan importantes como esta, necesarias para dar una señal a la
ciudadanía", agrega.
Para la diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, es insólito
que Casación no se expida. "Debería hacerlo ya para que la Corte también
pudiera fallar con rapidez. No sé si hay o no protección de la justicia pero es
evidente que lo hay desde la política, como sucede en el Senado, dice.
En un fallo histórico, la Cámara Federal de casación Penal
declaró el miércoles la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, en
relación a la causa IBM-DGI. Lo que resulta paradójico es que ese fallo podría
no cambiar nada. Mientras no se mejore el sistema procesal y no se limiten los
artilugios recusatorios, Menem y Cristina podrían vivir 200 años sin ir presos.
© 3Días
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