sábado, 1 de septiembre de 2018

Quién es el responsable de que Menem no tenga condena firme y esté libre

Por Giselle Rumeau
El escándalo de los cuadernos de las coimas -que dejó expuesto con pelos y señales el modus operandi de la corrupción del kirchnerismo y provocó una ola de pruebas e involucrados arrepentidos- ilusionó a gran parte de los argentinos con la posibilidad de que en el país se produzca un proceso similar al de Brasil con la causa conocida como Operación Lava Jato e, incluso, una regeneración moral de la política. Es prematuro saber si eso ocurrirá o no.

Pero lo que nadie puede explicar, en medio de esta ola de transparencia, es el motivo por el cual Carlos Menem aún no tiene sentencia firme de la Corte Suprema por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, ocurrido hace 23 años. Una demora que -gracias a la jurisprudencia local- le permitió al ex Presidente presentarse como candidato en las elecciones legislativas de octubre y renovar su banca de senador por seis años más, con los fueros e inmunidad de arresto que conlleva ese cargo.

No es un tema menor. El caso de Menem es un espejo en el que se mira con alivio Cristina Kirchner, con cinco causas encima por asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública. Prontuario que podría engordarse en los próximos días si finalmente el juez Claudio Bonadio decide procesarla por el escándalo de los cuadernos.

La causa por el tráfico de armas se inició en 1995, cuando se supo que Menem firmó tres decretos presidenciales secretos, entre 1991 y 1994, para venderle armas a Venezuela y Panamá, que fueron a parar a Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía un embargo de venta de armas de ONU por estar en conflicto bélico. Pero recién en 2007, doce años después, la Justicia procesó a Menem por contrabando agravado. Es una constante de la realidad: los jueces no se meten con el poder en la Argentina. Salvo contadas ocasiones, la mayoría recién comienza a actuar y agilizar las causas de corrupción cuando los acusados ya dejaron el Gobierno. Pero el caso de Menem parece ir más allá de eso. El juicio del riojano comenzó en 2008 y tres años después fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3. En marzo de 2013, la Cámara de Casación revocó ese fallo y en junio de ese año lo sentenció a siete años de prisión por contrabando agravado. Además, se le impuso 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y perpetua para ser miembro de fuerzas de seguridad.

Menem nunca cumplió su condena. No sólo porque los fueros como senador le vienen cuidando el pellejo sino por el sinfín de artilugios recursivos de toda índole presentado por sus abogados. Recién cuando la condena esté firme, la Justicia debería pedir su desafuero en el Congreso para dar cumplimiento a la sentencia. El Senado ya no tendría excusas para utilizar la doctrina Pichetto, del jefe del bloque del Peronismo Federal, por la que no se suspende a ningún miembro hasta que su condena este firme.

Pues bien, ¿por qué a cinco años del fallo aún no hay sentencia definitiva? ¿Quién es el responsable hoy de que Menem goce de su libertad y sea senador?

Podría decirse que cada uno de los poderes del Estado aportó en este tiempo su cuota de ineficacia. Pero en la actualidad, el futuro judicial del ex mandatario está en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques. La misma Sala, aunque con otra composición, tuvo la causa dormida durante años hasta que aceptó la apelación de la defensa y el caso llegó a la Corte Suprema para que confirme o revoque el fallo.

El máximo tribunal tuvo una oportunidad de hacer historia con una causa de semejante trascendencia institucional. Pero hace un año devolvió el caso a Casación con el argumento de que la cámara debía volver a intervenir para garantizar lo que se conoce como doble conforme.

"Como Menem fue absuelto por un tribunal y luego condenado por la Cámara de Casación, debe garantizársele el acceso a la doble instancia. Por eso, la Corte dispuso que una nueva sala revise el fallo condenatorio. Y pidió la mayor celeridad posible. Pero el gran problema que tienen los tribunales de todas las instancias es que no tienen plazos para emitir un fallo, explica María Bourdin, Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte.

"Si no se hacía eso, se estaba sentando un precedente ilegal, agrega un operador que camina por los tribunales con frecuencia. "La Corte maneja más de 16.000 expedientes por año, cuando la de Estados Unidos tiene entre 80 y 100 casos anuales. De ese número, casi la mitad son causas penales. Si sentaba ese precedente, después tenía que sacar unos 8000 fallos por la ventana", defiende.

Lo cierto es que Casación tiene el expediente hace un año y aún no se expidió. Precisamente, ese fue el argumento que utilizó la Corte el año pasado cuando llegaron las impugnaciones a la candidatura de Menem realizadas por dirigentes de Cambiemos. Sin sentencia firme, el riojano pudo ser candidato.

Entonces, ¿la demora obedece al sistema recursivo o hay protección política? Los expertos consultados coinciden en que hay de las dos situaciones. Menem es un senador que suele levantar la mano con el oficialismo de turno. Y además, el Código Procesal Penal es obsoleto.

"Es indudable que la política siempre se inmiscuye en las causas judiciales donde hay políticos implicados y la obsolescencia del sistema procesal es absoluta", explica el fiscal general Ricardo Sáenz. Y agrega: "En 1992, cuando se puso en marcha el Código Procesal Penal vigente, había otra jurisprudencia. Si la persona era condenada en el juicio oral, se la llevaban detenida en el momento. El juicio oral aseguraba que toda la prueba fuera debatida frente al Tribunal, controlada por todas las parte, y todo se producía en el mismo momento. Pero esta cuestión fue cambiando con una jurisprudencia más garantista, más proclive a los derechos del imputado con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora se hacen audiencias en distintos tiempos, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Y así llegamos a que para estar detenida, una persona debe tener sentencia definitiva, salvo los casos en que los jueces consideren peligro de fuga o entorpecimiento del hecho. Así está la situación de Carlos Menem hoy, yendo de un tribunal a otro".

Precisamente esta es una de las diferencias importantes con Brasil, que tiene un sistema acusatorio mucho más moderno. En nuestro país existe un Código Procesal Penal por el que la investigación la llevan directamente los fiscales, pero su implementación está en espera. Como la reforma se sancionó durante el Gobierno de Cristina Kirchner, Mauricio Macri la suspendió apenas asumió por la falta de controles que había sobre la Procuración General de la Nación, a cargo entonces de la militante K, Alejandra Gils Carbó. Este Código, que se supone llevaría la instrucción de manera más ágil, sigue en stand by.

La abogada especialista en corrupción y criminalidad económica, Natalia Volosín, asegura que la situación de Menem responde "a las propias lógicas internas del Poder Judicial, que nunca termina de moverse de manera independiente en relación a los otros poderes". "Entiendo que todas las Cortes Supremas del mundo son tiempistas y no creo que eso esté mal necesariamente. Pero tanta demora solo obedece a la desidia y a la irresponsabilidad del Poder Judicial. Más allá de la cantidad de expedientes que tenga la Corte y la Cámara de Casación, es inadmisible que duerman tantos años causas tan importantes como esta, necesarias para dar una señal a la ciudadanía", agrega.

Para la diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, es insólito que Casación no se expida. "Debería hacerlo ya para que la Corte también pudiera fallar con rapidez. No sé si hay o no protección de la justicia pero es evidente que lo hay desde la política, como sucede en el Senado, dice.

En un fallo histórico, la Cámara Federal de casación Penal declaró el miércoles la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, en relación a la causa IBM-DGI. Lo que resulta paradójico es que ese fallo podría no cambiar nada. Mientras no se mejore el sistema procesal y no se limiten los artilugios recusatorios, Menem y Cristina podrían vivir 200 años sin ir presos.

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