Así lo dispuso el
Tribunal Electoral brasileño. El expresidente puede apelar pero delegaría a
favor de Fernando Haddad.
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| Luiz Inácio Lula da Silva |
Brasil - El
Tribunal Electoral brasileño ha estrechado el cerco legal al expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva prácticamente hasta sus últimas consecuencias. Los
magistrados han votado que el exmandatario, en la cárcel por corrupción desde
abril, no puede concurrir a las elecciones de este octubre, cosa que él lleva
intentando desde el 15 de agosto, cuando se inscribió como candidato en desafío
a las leyes que prohíben la candidatura de condenados en la segunda instancia
como él.
Este veredicto remueve lo más profundo de unos comicios
dominados por la incierta presencia de Lula. Al haber vetado al candidato
favorito por los votantes (con 36% de la intención de voto; frente al 18% del
siguiente en la lista), han resuelto prácticamente de una tajada varias de las
incógnitas que acompañaban hasta ahora a esta campaña. Y a la vez, han dejado
al político más popular de la historia de Brasil -y su único expresidente
condenado- ante tan solo un puñado de opciones, y apenas una buena.
Se abren ahora ante el expresidente dos caminos. Uno de
ellos es rechazar el veredicto y seguir la carrera hacia delante hasta las
urnas. Aún tiene derecho a tres recursos más, uno ante el Tribunal de Justicia
y dos ante el Supremo. Y mientras se tramitan, nada en la ley le impide seguir
haciendo campaña (o mejor dicho, que el Partido de los Trabajadores haga
campaña en su nombre mientras él cumple condena), y apareciendo en la
propaganda electoral. Pero se expone a que, si sigue así hasta el día de las
elecciones, sus votos se consideren nulos.
Otra opción sería aceptar la sentencia y delegar la campaña
y todo su proyecto político en su número dos, el exalcalde de São Paulo
Fernando Haddad. En Brasilia se da ya por sentada la teoría de que Haddad es el
candidato real del Partido de los Trabajadores (PT) desde que Lula entró en
prisión y se quedó virtualmente impedido de presentarse a las elecciones. Así,
el expresidente solo estaría prestándole su todopoderoso nombre, en una
rocambolesca candidatura que se organiza desde su celda, mientras Haddad se da
a conocer y gana músculo entre los votantes. Pero la opción de dejarlo todo en
manos de Haddad prematuramente también entraña riesgos. El exalcalde no acaba
de despegar en las encuestas. En una de las más recientes, solo el 4% de los
votantes de Lula dijo que le daría su voto si el expresidente fuese vetado por
el Tribunal Electoral.
Guerra de plazos
Existe una solución intermedia. Es posible que Lula no esté
librando guerra con sentencias y recursos como dicen, sino con plazos. Y en ese
terreno, se avecina una fecha que marcará un Rubicón: el 17 de septiembre, 20
días antes de la votación del primer turno. El último momento para pedir
cambios en una candidatura. Si Lula consigue encadenar recursos y estirar hasta
entonces su endeble condición de candidato -a la espera de que ese último
recurso confirme que no puede serlo, como todo el mundo ya espera-, podrá
cambiar su inscripción a última hora y dejarlo todo en nombre de Haddad. Habrá
hecho, entonces sí, toda la campaña posible por su protegido y habrá mantenido
al PT dentro de la legalidad.
Pero el bando rival, la justicia, también sabe convertir
plazos en armas arrojadizas. Juzgar la candidatura de Lula no entraba en los
planes del Tribunal para este viernes y de hecho esa misma mañana los
magistrados aún no sabían si estaban preparados para llegar tan lejos. Tenían
por delante más de una docena de denuncias contra la candidatura de Lula y
podrían elegir alguna otra que fuese menos compleja. Por ejemplo, la que cuestionaba
que él aparezca en televisión pidiendo el voto desde la cárcel. Era la que
estaba prevista para ese día.
Pero el ministerio público emitió durante la madrugada un
contundente comunicado presionándoles para que no perdiesen más tiempo.
"No se pueden desperdiciar los recursos públicos en campañas electorales
estériles y sin viabilidad jurídica", se alarmaba. No podía meter prisa de
forma más clara. La sentencia tenía que salir el viernes, costase lo que
costase.
Al fin y al cabo, el día siguiente, el sábado, también tiene
su importancia estratégica en el calendario electoral. Es cuando la televisión
pública comienza a emitir la publicidad de cada campaña en horario de máxima
audiencia. En un país donde está prohibido que un candidato compre espacios
publicitarios en medios privados, una parte considerable del éxito de una
campaña depende de lo que el público vea en la televisión. Y a Lula le
corresponde una buena parte de esos minutos de publicidad. Cada segundo
protagonizado por él sería una derrota para la justicia.
Sin embargo, con el veto pronunciado a meras horas del
comienzo de las emisiones, todo cambia. La sentencia acapara la conversación,
como guinda, el PT tendrá que ingeniárselas para llegar a tiempo con spots
totalmente nuevos. Unos que expliciten lo imposible de su situación: que están
vendiendo un candidato prácticamente ilegal haciendo campaña en nombre de otro
inesperadamente impopular.
Informe: El País
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