La mayoría de los
expositores habló sobre la
constitucionalidad de la norma y la objeción de
conciencia.
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| Se cumplió este miércoles en el Senado, la segunda audiencia por el proyecto de despenalización del aborto. (Foto/Parlamentario) |
Nacionales - El
Senado fue escenario de la segunda audiencia pública sobre el proyecto de
interrupción voluntaria del embarazo, en un plenario de las comisiones de
Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales. En su mayoría
médicos y abogados, los oradores a favor y en contra de la despenalización y
legalización del aborto desfilaron por el Salón Illia.
A favor de la iniciativa que cuenta con media sanción de la
Cámara baja, Andrés Gil Domínguez afirmó que el proyecto “no ofrece ningún tipo
de objeción constitucional ni convencional para que el Senado sancione la ley”.
Asimismo, el abogado constitucionalista sostuvo que “tampoco viola” la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos del Niño.
En este sentido, recordó la recomendación del Comité de los
Derechos del Niño que “le ha dicho al Estado argentino que tiene que garantizar
el acceso de las niñas y adolescentes a los abortos legales contemplados y
tiene la obligación de despenalizar el aborto”. Por otra parte, negó que el
proyecto conculque la objeción de conciencia.
A su turno, Natalia Gherardi rechazó que el debate esté
centrado en la concepción porque eso “ya se discutió” cuando en 1921 el
Congreso decidió que “las mujeres no podíamos ser obligadas a poner en riesgo
nuestra vida para llevar adelante un embarazo ni a continuar un embarazo
producto de una violación, negando nuestra autonomía y nuestra dignidad”. Por
eso, la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
(ELA) remarcó que “no estamos en un contexto de prohibición absoluta”.
También a favor de la norma, Mariela Belsky recordó las
recomendaciones hechas al país por parte de organismos internacionales para que
legalice el aborto y consideró que “corresponde a este Congreso hacerlas
efectivas” y “la manera de hacerlo es mediante la sanción de esta ley”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional señaló que
“la discusión sobre cuándo comienza la vida humana no es algo que el derecho
puede ni va a resolver porque se trata de un interrogante sobre el que no
existe consenso ni en la ciencia, ni en la filosofía ni en la teología”. Y
agregó: “para Amnistía Internacional si sólo se despenaliza el aborto, este
Congreso está avalando que en el país se sigan realizando abortos
clandestinos”.
En contra de la interrupción voluntaria del embarazo, el
director del Centro de Bioética, Nicolás Lafferiere, cuestionó que la media
sanción “no propone nada para solucionar las causas de la vulnerabilidad,
incluso genera condiciones jurídicas para que se consolide una mentalidad que
exalta la autonomía y descarta la vida vulnerable”.
Para el abogado, “el problema de la eliminación de personas
con discapacidad subsiste” pese a las modificaciones que se realizaron sobre
las causales de aborto -se cambió “malformaciones graves” por “inviabilidad de
la vida extrauterina del feto”-.
Otra de las voces que rechazaron la iniciativa fue la del
abogado Alberto García Lema, quien recordó que en la reforma de 1994 de la
Constitución Nacional “tuvimos que incorporar, fundamentar y hacer salvedades
de importancia para el debate que se está teniendo: se enunciaron todos los tratados
a los que se les dio rango constitucional y se incluyó la frase ‘en las
condiciones de su vigencia’”.
En este sentido, el convencional constituyente explicó que
“la incorporación de los tratados internacionales deben estar de acuerdo con
los principios de derecho público establecidos en la Constitución” y “las
recomendaciones, observaciones o disposiciones” de los organismos de aplicación
también tienen que “estar de acuerdo con los principios del derecho público”.
Alertando sobre la cuestión de la objeción de conciencia y
las sanciones para los profesionales de la salud, la ginecóloga María de los
Ángeles Carmona manifestó que “los médicos no podemos trabajar bajo presión de
cárcel”. Pero Miguel Pichetto, titular del bloque Justicialista, salió al cruce
de la médica y le advirtió: “En el sector público no podría haber ningún tipo
de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada
a cumplir la ley”.
Esa posición generó un contrapunto con otro integrante del
bloque peronista, José Mayans, quien se diferenció de Pichetto. “Yo disiento
con el presidente del bloque. Acá todos estamos obligados a cumplir la
Constitución y las leyes, todos, el sector público y el sector privado. No es
que sale una ley para el sector público o para el sector privado”, dijo.
Otra de las expositoras de la jornada fue la directora del
CONICET, Dora Barrancos, quien se refirió a “la larga legitimidad social de la
práctica del aborto en nuestro país como contracara con su penalización y su
clandestinidad”.
“No hay estado de ciudadanía sin determinación sobre
nuestros cuerpos. Hay una ciudadanía en mengua de las mujeres. El Estado le
debe devolver a las mujeres la plenitud del deseo sexual equivalente a la de
los varones”, sostuvo la historiadora feminista.
Al final del plenario disertó la jurista Aída Kemelmajer de
Carlucci, quien habló desde la óptica de la progresividad del derecho y se
cruzó con la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, una de las líderes del
sector antiabortista.
Kemelmajer admitió el derecho a la vida desde la concepción,
pero explicó que en el caso del aborto este derecho entra en conflicto con el
derecho de la mujer a la autonomía sobre su cuerpo. “En el primer trimestre,
como el feto no tiene suficiente desarrollo, le damos más peso al derecho a la
autonomía de la mujer”, señaló, y agregó que a la inversa, “cuando el feto
tiene más desarrollo se restringe la autonomía de la mujer” pero no se elimina,
sino que se limita a las causales de aborto no punible.
Esta exposición fue cuestionada por Elías de Pérez. “No
encuentro la regla de proporcionalidad. El ser humano se juega la vida, y por
otro lado estamos hablando de la autonomía de la mujer”, advirtió la tucumana,
sentada en primera fila y muy activa en el plenario.
Sin embargo, Kemelmajer insistió en que en el caso del feto
“esta vida está dentro de otra persona, dependiendo absolutamente de otro
cuerpo; entonces cuando los intereses de ambos son convergentes, el
ordenamiento le presta plena protección a esa persona”.
Informe:
Parlamentario.com
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