La solicitud la hizo
el bloque oficialista en el Senado tras
el pedido del fiscal Claudio Bonadio en diciembre.
Judiciales - El
mismo día en que la Cámara Federal confirmó que el fiscal Alberto Nisman fue
asesinado como consecuencia directa de la denuncia que realizó contra Cristina
Fernández de Kirchner, el oficialismo en el Senado pidió una sesión especial
para debatir si la expresidenta y actual senadora nacional es desaforada o no.
Cabe recordar que el juez federal Claudio Bonadio solicitó
el pasado 5 de diciembre el desafuero y detención de CFK, en el marco de la
causa por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. Precisamente
la denuncia formulada por Nisman, que según el fallo de la Cámara provocó su
asesinato.
El pedido fue presentado por los senadores Federico Pinedo
(Pro), Luis Naidenoff (UCR), Oscar Castillo (Frente Cívico), Humberto Schiavoni
(Pro) y Pamela Verasay (UCR), para que se convoque a esa sesión especial para
“antes del 7 de junio”, atendiendo a que según la Ley de Fueros, existe un
plazo de seis meses para que el recinto se pronuncie respecto de esa solicitud,
con o sin dictamen. Atento a esta situación, antes de que se venza el período
correspondiente, Cambiemos quiere que el Senado se expida en torno a lo
solicitado por el juez Bonadio.
Un pedido que todo indicaría que se tornó abstracto, a
partir de que el Tribunal Oral Federal 8 dispuso el pasado 24 de marzo la
liberación de los otros procesados y detenidos en la misma causa: los
kirchneristas Carlos Zannini y Luis D’Elía.
Con todo, el oficialismo siempre tuvo la decisión de definir
el tema según lo que indican las normas, más allá de la posibilidad de que tras
las citadas excarcelaciones la cuestión se tornara virtualmente abstracta. Pero
el oficialismo no pudo avanzar antes por la discusión en torno a las tarifas.
Ahora, urgido por el vencimiento de los tiempos, solicitan
que antes del 7 de junio se trate el tema, pero se aclara que se puede convocar
antes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, o a Labor Parlamentaria, para
definir la cuestión de interpretación de la norma que rige los plazos.
La Comisión de Asuntos Constitucionales trató el tema el
pasado 21 de marzo, oportunidad en la que se constituyó, quedando al frente de
la misma el catamarqueño Dalmacio Mera, del interbloque Argentina Federal, y la
oficialista Laura Martínez Machado como vice. En esa oportunidad, el
oficialismo pidió que en la reunión venidera, programada para el miércoles de
la semana siguiente, se trataran los desafueros que habían llegado al cuerpo.
No nombraron a la exmandataria, pero era obvio.
Ante ese planteo, el senador Miguel Pichetto, que no integra
esa comisión pero estaba presente, recordó que existen 60 días para expedirse
ante un pedido de desafuero y sino los temas se envían al recinto. “Así que me
parece que lo primero que tenemos que tener es una información clara y precisa
de esa situación, para evitar debates estériles que se agotaron por el plazo”,
dijo, y concluyó señalando que “como no tenemos precisión, pediría que en la
próxima sesión tengamos toda la información para poder hablar”.
Previsiblemente fue Marcelo Fuentes quien le puso esa mañana
nombre y apellido a la cuestión desatada. Dijo que no existía “ingenuidad en la
necesidad política de la mención que se ha hecho”, y reclamó analizar “en qué
marco se está desenvolviendo esta cuestión”. Habló de “persecuciones políticas
y de una “doble vara”, por la cual se perseguía a opositores y no a
funcionarios del oficialismo.
Luego Pichetto mostró su indignación al considerar “una
estupidez” la actitud del oficialismo de abrir un tema como ese cuando el
objetivo de la reunión era elegir las autoridades. “Cuando tengamos que
discutir ese tema, vamos a discutir a fondo”, aclaró, remarcando que no iban a
“rehuir ese debate”, pero se quejó porque “lo que vemos siempre es que se trata
de aprovechar esta coyuntura para tener un título en los diarios. Esto era para
otra cosa. Me molesta cuando no se cumplen los acuerdos”. Al concluir, Pichetto
patentizó su enojo arrojando el micrófono sobre el escritorio que tenía delante
y retirándose del salón.
La cuestión es que tres días después se produjeron las
excarcelaciones de Zannini y D’Elía y el tema se desinfló. Pero ahora, como se
ve, el oficialismo no quiere dejarlo caer y, cumpliendo con lo que sostuvo
desde un primer momento, quieren llevar el tema hasta el final, que de todas
maneras está claro que no será el desafuero, pues para ello hacen falta dos
tercios de la Cámara que Cambiemos está lejos de tener.
El pedido
El pedido fue formulado por los citados senadores a la
titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti y según reza el texto al que
accedió parlamentario.com, remarca que la Ley N° 25.320 prevé en su artículo 2°
que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá emitir dictamen dentro de
los 60 días de recibida la solicitud de desafuero, en tanto que el Senado
deberá decidir dentro de los 180 días. Detalla que el proyecto tomó estado
parlamentario en la sesión del 27 de febrero pasado, mientras que la comisión
fue constituida el día 21 de marzo de 2018.
“Las normas de derecho público toman como parámetro general
los días hábiles, cuando no se especifica que sean corridos. El reglamento del
Senado, por ejemplo, habla expresamente de días corridos al tratar la
publicación de pliegos de jueces. Cuando la Constitución y las leyes hablan
sólo de días, como en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, se
computan por jurisprudencia de la comisión bicameral de Trámite Parlamentario
en días hábiles”, señala la nota.
Recuerdan los senadores que los plazos del artículo 2° de la
Ley de Fueros “no son de caducidad y por las razones expuestas deben computarse
en días hábiles”, pero aclara que ante cualquier evento “solicitamos que se
convoque a sesión especial antes del 7 de junio de 2018, o se decida respecto
del tema de interpretación planteado, consultando eventualmente a las
comisiones de Asuntos Constitucionales o Labor Parlamentaria.
Informe:
Parlamentario.com
0 comments :
Publicar un comentario