Por Laura Di Marco
La Argentina no crea liderazgos: se emborracha con ellos. La
borrachera del enamoramiento suele durar unos años; a veces, meses. Es esa
etapa angelada en la cual al líder se le perdona todo. O casi todo. El Macri
poselectoral transita por un período de gracia en el que ni la tragedia del ARA
San Juan ni el conflicto mapuche -que ya lleva dos muertes- parecen haberlo
rozado.
Con un 62% de aprobación (según Poliarquía), disfruta del porcentaje
más alto de adhesión desde aquel 70% de sus tres primeros meses en el poder. El
fenómeno es más llamativo aún si se tiene en cuenta que la economía no crece a
tasas chinas, como sucedía en la era K.
Pero el enamoramiento intenso -probablemente activado por la
tradición histórica del populismo- se acaba, inexorablemente. Es la lección que
muestra la historia reciente. A veces, acaba de un modo abrupto. Otras,
simplemente va destiñendo hacia una lánguida desilusión. Sucedió con Alfonsín,
en los años 80, y con Menem, en los 90. Cristina Kirchner tuvo, en 2011,
valores más altos de los que ahora tiene Macri y, aun así, se derrumbó. Más
aún, antes de la muerte del marido, cosechaba un 60% de rechazo. Un alto
porcentaje que, una semana después, mutó en apoyo y compasión. La saga la había
inaugurado Kirchner, que terminó su mandato con un 70% de imagen positiva.
Capital político que gestionó durante cuatro años y que logró blindarlo frente
a los escándalos por corrupción que ya manchaban su gobierno.
Pero ¿será el futuro un calco del pasado? ¿Evolucionará el
liderazgo de Macri ahondando aquel viejo surco bipolar o también esa relación,
entre la sociedad y su líder, se estabilizará en la era de Cambiemos?
¿Quién tiene la máxima responsabilidad de lo que pasó con el
ARA San Juan?, fue la pregunta que hizo la consultora Taquion, en un sondeo
telefónico, después de que se hizo público que hubo una explosión en el
submarino. El resultado va en línea con la luna de miel: sólo dos de cada diez
consultados le echaron la culpa al Gobierno, mientras que el 38% aseguró que el
Presidente debería descabezar a la cúpula de la Armada y correr al ministro de
Defensa, el radical Oscar Aguad, que pareció desdibujado en medio del
conflicto.
La imagen de Macri reunido a solas con los familiares de los
submarinistas lo fortaleció ante la opinión pública, sobre todo porque marcó un
fuerte contrapunto con la fóbica distancia que imponía Cruella de Vil ante las
tragedias (la de Once es paradigmática). Sin embargo, la cuestión de fondo es
que Cambiemos carece de una política hacia las Fuerzas Armadas, más allá de un
vago proyecto de concentrar la conducción de las fuerzas en el Estado Mayor
Conjunto, que lidera Bari del Valle Sosa.
La coalición oficialista es toda una rareza: en ella
conviven los que optarían por el modelo de Costa Rica -que carece de fuerzas
armadas- hasta los que militan por elevar el presupuesto para los uniformados.
Gabriela Michetti le puso palabras a esa confusión: "Después de la
recuperación democrática, nadie supo bien qué hacer con las Fuerzas
Armadas". El control de la información es otro punto débil en ese terreno
pantanoso. ¿Cómo se filtró a los medios el último mensaje que envió el
submarino y que la Armada niega haber difundido?
El desafío que plantean los pueblos originarios también está
generando incomodidad en el Gobierno, donde se ahonda una grieta sorda. El
ministro Germán Garavano no está seguro de que los mapuches que ocupaban el
predio de Villa Mascardi estuvieran armados el último sábado, cuando una bala
del equipo Albatros mató por la espalda al joven Rafael Nahuel. Mientras un
sector del Gobierno promueve la Mesa de Diálogo -la enviada del Poder Ejecutivo
a Bariloche es Jimena Psathakis, titular del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI)-, cerca de la ministra Patricia Bullrich asocian la
negociación con una muestra de debilidad.
¿No interpela esa muerte al Gobierno? No. Quienes miden el
pulso de la opinión pública enumeran una serie de razones: Macri viene de ganar
dos elecciones y salió fortalecido de ese proceso. Su núcleo duro aumentó y el
del kirchnerismo, que agitó la grieta mapuche, decreció. La consultora
Management & Fit detectó que el macrismo intenso se extendió al 32% (antes
era del 28%), mientras que el circulo de fanáticos K se redujo al 24%. Pero hay
más. Por fuera de esas minorías intensas, al menos la mitad de los argentinos
creen que el Gobierno se está ocupando de resolver los problemas reales.
Problema real, para ese universo, es la necesidad de restaurar el orden
público. Aún no hay mediciones sobre el conflicto mapuche -que no conmueve a
grandes mayorías-; existe el antecedente del caso Maldonado, que no movió
significativamente el amperímetro en términos de imagen presidencial. ¿Por qué
lo haría, entonces, en este caso?
La disputa por el territorio de las comunidades aborígenes
es un polvorín que lleva décadas sin resolución: aunque sólo un grupo
minoritario reclama con violencia, las 36 etnias que habitan la Argentina piden
nada menos que ocho millones de hectáreas, distribuidas en todo el país (algo
así como 400 veces la ciudad de Buenos Aires). Se trata de territorios que
contienen valiosos recursos naturales, están en manos de privados o pertenecen
a las provincias. Lo único que hizo el Estado hasta ahora es promover una ley
parche, en 2006, que evita temporariamente los desalojos y que este año fue
prorrogada nuevamente.
El texto de la ley original contemplaba que, durante los
primeros tres años, se debía realizar un "relevamiento técnico": una
suerte de mapeo de los territorios ocupados por las 1600 comunidades
reconocidas por el INAI. Para ello se habían destinado 30 millones de pesos.
Supuestamente, de ese dinero saldrían también los recursos necesarios para
pagar la asesoría legal para los indígenas durante el relevamiento. Pero nada
de eso se cumplió o se cumplió a medias. Entre 2012 y 2015 sólo hubo
subejecución presupuestaria y sospechas de corrupción. Ninguna política de
fondo.
Durante el kirchnerismo, el INAI funcionaba dentro de la
órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que dirigía Alicia Kirchner: en ese
contexto, sólo las comunidades que militaban para la causa recibían títulos de
propiedad. Esa discrecionalidad fue abriendo heridas. Cuando Macri asumió,
ubicó a Félix Díaz -líder de los qom y opositor al kirchnerismo- al frente del
Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas. Pero hoy, el cacique de La
Primavera se queja por la indiferencia gubernamental y la mediática. Y, como
los otros, se hunde en el resentimiento. Décadas de utilización política de
esos pueblos, de uno y otro lado de la grieta, van formando un peligroso caldo
de cultivo.
¿Cómo se resolvió la disputa aborigen en otros países? En
Brasil, se otorgaron títulos de propiedad comunitaria, después de un
relevamiento serio y una negociación. En Estados Unidos, se crearon reservas.
Aquí, un sector del Gobierno impulsa una ley nacional que regule la propiedad
comunitaria y que colocaría la política en el lugar que hoy ocupa la violencia.
Con todo, la resolución no es sencilla. La mayor parte del territorio en
conflicto pertenece a las provincias y la normativa necesitaría de un acuerdo
federal.
En las últimas 48 horas, Macri fue amenazado por otros
caciques. Pablo Moyano y el sindicalismo más radicalizado, que ayer marcharon
al Congreso para petardear las reformas que el Gobierno acordó con los
gobernadores, ponen a prueba la fortaleza del flamante blindaje. ¿Cuánto dura
la inmunidad poselectoral en la era de Cambiemos?
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